Cifuentes se enfrenta a una petición de tres años de cárcel por las maniobras para salvar su “honorabilidad”
Cristina Cifuentes habría esquivado cualquier consecuencia penal del caso Máster si no hubiese instigado la falsificación de un acta para defenderse ante los medios. La expresidenta madrileña no afronta ninguna acusación por haber obtenido el título sin esfuerzo académico alguno, pero tendrá que defenderse de la petición de tres años y tres meses de cárcel presentada por la Fiscalía de Madrid que la señala como inductora de la falsificación de un documento con el que trató se salvar su carrera política.
El escrito de acusación que el fiscal ha enviado a la jueza del caso, Carmen Rodríguez-Medel, señala a Cifuentes como autora de un delito de falsificación en documento oficial, en referencia al acta del Trabajo de Fin de Máster (TFM). En una contestación a un recurso de su defensa, al que ha tenido acceso eldiario.es, el Ministerio Fiscal sostiene que la expresidenta madrileña maniobró para salvar su “honorabilidad” y “reputación” ante la crisis generada por las informaciones sobre su máster.
En las cuatro páginas que tiene el escrito de acusación, la Fiscalía resume lo ocurrido después de que eldiario.es publicase el pasado mes de marzo que Cifuentes había obtenido su máster sin haber cursado todas las asignaturas y sin haber presentado el TFM. Según el relato del ministerio público, la presidenta echó mano de una amiga personal y asesora de su Gobierno, María Teresa Feito, para que tratase de contener la crisis abierta por la noticia.
Feito, antigua profesora de la Universidad Rey Juan Carlos, contactó con el responsable del máster, Enrique Álvarez Conde. Ambos presionaron a una de las profesoras del curso, Cecilia Rosado, para que confeccionase el documento falso que acreditase que Cifuentes había defendido su TFM ante un tribunal. Rosado falsificó las firmas de las otras dos integrantes de un tribunal que nunca se reunió para escuchar a la expresidenta. Creó una cuenta de email falsa para enviar el acta al rector de la Universidad, Javier Ramos, que se la hizo llegar a Cifuentes.
Así, la misma noche del 21 de marzo, el día que se publicó la noticia, Cifuentes se grabó un vídeo exhibiendo ese documento. En él justifica su tardanza en dar explicaciones en que había tenido que “recabar toda la documentación necesaria para demostrar con papeles la falsedad de la acusación”. Acto seguido muestra el acta, recalca que está firmada por el tribunal y se felicita por la nota: “Por cierto, saqué un notable”. Durante la grabación insiste varias veces en que ha contestado a la información de eldiario.es “con papeles, que es como hay que demostrar las cosas, porque los papeles hay que enseñarlos”.
Cifuentes sabía que ese documento eran falso porque nunca había acudido a defender el TFM, pero lo exhibió para “evitar las nefastas consecuencias políticas a las que debería enfrentarse”, escribe la Fiscalía. La profesora Rosado confesó todo durante su declaración ante el juez, en la que relató las presiones de su superior jerárquico, Álvarez Conde, y las amenazas de Feito, que le llegó a decir que la entonces presidenta le iba a matar si no colaboraba. La primera, por confesar y colaborar con la investigación, se enfrenta a una petición de 21 meses de prisión. Para el catedrático y la asesora de Cifuentes la Fiscalía pide tres años y nueve meses.
El fiscal rebate la defensa de Cifuentes
El mismo día que la Fiscalía redactó este escrito de acusación, el pasado 21 de febrero, envió otro a la jueza del caso contestando a un recurso de Cifuentes. El fiscal repasa en él las mentiras que la expresidenta dijo para defenderse y las rebate. Por ejemplo, cuando aseguró que había defendido su TFM el 2 de julio de 2012. Ninguna de las profesoras -ni Rosado, ni Clara Souto ni Alicia López de los Mozos- lo confirmaron en sede judicial. Es más, Souto dijo que ni siquiera estaba en Madrid en esas fechas.
La expresidenta madrileña también argumentó que la cita de la defensa de su TFM aparecía reflejada en su agenda electrónica, en la anotaba sus actos como delegada del Gobierno en Madrid. Ese órgano dejó sin coartada a Cifuentes: no había forma de comprobarlo dado el tiempo transcurrido. El Fiscal recuerda además que Cifuentes solicitó matricularse para hacer el TFM en octubre de 2012, tres meses después de la presunta defensa del trabajo, y pagó las tasas para ello el 20 de noviembre.
El Fiscal se pregunta el por qué de todos los movimientos de Cifuentes para tratar de demostrar que sí cursó el máster. “La respuesta, a juicio del Fiscal, es sencilla: para salvaguardar la honorabilidad de la entonces Presidenta de la Comunidad de Madrid”, se responde. Cuando saltó la noticia “se puso en marcha la maquinaria”: “las llamadas, la reunión o gabinete de crisis, la rueda de prensa y el acta, que finalmente ‘aparece’ y salva la reputación de Cifuentes”.
En su respuesta al escrito de la expresidenta, la Fiscalía añade que si estas irregularidades le hubiesen ocurrido a cualquier otro estudiante “y personaje anónimo”, este aún estaría “meses después en la universidad haciendo trámites para entender por qué sus notas no se han hecho constar correctamente o por qué no hay rastro de su trabajo”.
La Fiscalía concluye, por tanto, que la “última y única beneficiaria de este proceder fue la investigada”, y que por el cargo que ostenta no acudió ella personalmente a la universidad y delegó en Feito. Sin embargo, añade el fiscal que “ello no puede ser utilizado por la defensa para sostener que esta nada sabia de aquello, y que exhibió aquel acta porque creía firmemente que esta era legítima”.
