Ciudadanos alecciona a sus cargos públicos para hablar de inseguridad: “La gente se pelea con katanas en la calle”

Ciudadanos ha decidido usar el repunte de la inseguridad en algunos barrios de Barcelona para reclamar una nueva reforma del Código Penal encaminada a combatir“ la multirreincidencia en la criminalidad” y “garantizar la seguridad y convivencia ciudadana frente a la ocupación ilegal de viviendas”.

El encargado de presentar la batería de iniciativas legales es un viejo conocido de la Administración, Edmundo Bal, abogado del Estado que llegó a ser jefe de la sección de Penal en esta institución adscrita al Ministerio de Justicia. Bal, que se presenta como un represaliado del Gobierno socialista, por no querer rebajar la acusación a los políticos independentistas presos en el escrito final del procés, ha recurrido a los argumentarios que redacta el partido para unificar el discurso de sus cargos públicos al anunciar su “plan de choque”, que pone en el punto de mira a los inmigrantes.

Entre los cambios que propone el partido de Rivera está la modificación de la Ley de Extranjería “para expulsar a los inmigrantes en situación irregular que delinquen de forma multirreincidente”.

Entre los ejemplos que se incluyen en el documento que el partido envía a sus dirigentes y que repitió Bal en la rueda de prensa en el Congreso puede leerse: “Estos días hemos visto escenas inauditas en nuestras ciudades como luchas con katana en plena calle o apuñalamientos a policías. Hace solo unos días vimos cómo un equipo de periodistas fueron atracados en Barcelona. Ya ni siquiera los periodistas pueden hacer su trabajo tranquilamente”.

El documento se centra principalmente en Barcelona, que ha sido noticia en las últimas semanas por un repunte de la criminalidad y todavía el pasado miércoles fallecía una mujer apuñalada en una discoteca, y apunta que “la inseguridad es ya la primera preocupación de los vecinos según el propio barómetro municipal”. “Una preocupación que va en aumento con la acumulación de episodios violentos de las recientes semanas, días e incluso horas”.

“Aunque Colau quiera negar la realidad, Torra diga que no está aquí para gestionar una autonomía y Marlaska se limite a recomendarnos que nos cambiemos la cartera de bolsillo, los hechos son los que son”, señala ese argumentario, que Bal calcó prácticamente ante los medios.

La doctrina de Ciudadanos se centran en cifras Barcelona y de Madrid. donde ahora Ciudadanos gobierna en coalición con el PP. “Los robos violentos han aumentado en Barcelona un 30% en lo que va de año y en Madrid más de un 8%”, pero “desde 2016 los hurtos han aumentado en más de un 40%”, apunta el documento interno.

De todo lo anterior, Ciudadanos culpa a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, al presidente de la Generalitat, Quim Torra, y al ministro del Interior Fernando Grande Marlaska, a quien responsabiliza de que las ciudades no estén bien vigiladas.

El partido de Rivera sugiere cambios y otro endurecimiento del Código Penal “para que los reincidentes en hurtos puedan entrar en prisión y sus delitos no queden impunes”. “Muchos de los robos y delitos que se cometen quedan impunes y hay personas que se dedican a delinquir de manera reincidente en nuestras calles y salen de la comisaría media hora después sin pisar la cárcel. Lo que no puede ser es que se tarde más tiempo en poner la denuncia que en que el delincuente salga de la cárcel”, lamentan. “Al tercer hurto, podrán ir a la cárcel y dejar de seguir delinquiendo”, advierten esos argumentarios.

El partido los utiliza para justificar una reforma de la Ley de extranjería “para expulsar a los inmigrantes en situación irregular que delinquen de forma reincidente”. Esta medida no va acompañada de ningún dato que certifique cuántos migrantes son los que podrían verse afectados por ser multirreincidentes. Tampoco Edmundo Bal ha sabido este jueves responder a la pregunta en el Congreso durante la presentación de las propuestas, muchas de las cuales ya están en vigor.

“Actualmente, la legislación establece la apertura administrativa de expediente de expulsión para los extranjeros en situación irregular que cometan delitos dolosos y sean condenados a partir de un año de prisión. En la práctica, este expediente es un trámite administrativo por el que se acaban colando muchos casos de reincidentes que nunca son expulsados y siguen en libertad delinquiendo en España”, denuncian en su argumentario.

“Nosotros proponemos acabar con el trámite administrativo por el que se acaban perdiendo muchos expedientes que no acaban en expulsión y hacen que muchas personas en situación irregular sigan delinquiendo en España”, y también “hacer automática la expulsión cuando exista sentencia condenatoria del juez con penas de prisión superiores a un año por hurtos con la agravante por multirreincidencia”.

Otra reclamo de su batería de iniciativas es la ocupación ilegal de viviendas. “Vamos a agilizar los juicios para que las familias que ven cómo les okupan su vivienda no tengan que pasar por un infierno judicial para recuperar lo que es suyo”, señalan. Una de las cosas que proponen —y que ya lo adelantaron en la anterior legislatura— es que “las comunidades de vecinos puedan iniciar el proceso de desalojo en caso de inacción por parte del titular”. “Muchas veces los vecinos no pueden hacer nada por recuperar la convivencia en su comunidad: hay que tapar ese agujero legal”, advierten, afirmando que “endureceremos las penas para las okupaciones violentas” y “perseguiremos a las mafias que se lucran con ellas o que las realizan para actividades delictivas como sucede con los narcopisos”, concluyen

El argumentario finaliza alertando de la necesidad de incrementar la presencia policial en las calles de las grandes urbes. “Todos los sindicatos policiales coinciden en señalar desde hace años la falta de agentes para garantizar la seguridad ciudadana, algunos hablan de la necesidad de centenares de agentes”. Y ahí lo dejan.

Las críticas a estas medidas han comenzado de inmediato. Entre ellas de la jueza Victoria Rosell que ha llamado la atención en su cuenta de Twitter de la escasa “originalidad” de las propuestas.

También la Asociación de Abogados Extranjeristas creen que las modificaciones que proponen y afectan a los migrantes con “absurdas”. Su vicepresidente y portavoz, Francisco Solans, ha señalado en declaraciones a esta redacción que “e s un auténtico despropósito en todos los sentidos y una nueva vuelta de tuerca en el intento de criminalizar la inmigración”.

No es la primera vez que Ciudadanos recurre al Código Penal para hacer campaña política. Tras el asesinato de la joven madrileña Diana Quer, el partido de Albert Rivera, quien había pactado con el PSOE en su acuerdo de gobierno de 2016 derogar la prisión permanente revisable instaurada por el PP, pasó a hacer campaña por endurecer esa pena, una especie de cadena perpetua que la gran mayoría de juristas critican.