Centenares de informadores protestan tras la incautación de teléfonos a periodistas en Baleares: “El secreto no se toca”
Centenares de periodistas han protestado este viernes en la sede del Tribunal Supremo de Madrid y ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya para defender la libertad de prensa tras la incautación de teléfonos a informadores de Europa Press y Diario de Mallorca.
En Madrid, en torno a 200 profesionales se han concentrado este mediodía bajo el lema “Nuestro secreto profesional, tu derecho a la información” en la Plaza de la Villa de Madrid, donde se encuentra el Supremo. Denuncian que las entradas y registros en las redacciones de Europa Press y Diario de Mallorca en Baleares son un ataque “insólito” contra los derechos que blinda el artículo 20 de la Constitución y, en particular, contra el derecho al secreto profesional. “El secreto no se toca” es uno de los lemas más coreados en la concentración.
En Barcelona, la convocatoria ha reunido a medio centenar periodistas ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) para defender la libertad de prensa. El Col·legi de Periodistes de Catalunya y el Sindicat de Periodistes de Catalunya se han sumado a la protesta. Desde el martes, el día que se produjo el registro, centenares de profesionales han mostrado su repulsa con la etiqueta #ElSecretoNoSeToca en sus redes sociales.
Se trata de un paso más en la protesta por los hechos ocurridos el pasado martes, cuando la Policía, por orden de un juzgado, se personó en las mencionadas redacciones e intervino los teléfonos móviles personales de dos periodistas, así como dos ordenadores en el caso de Europa Press. Perseguían un delito de revelación de secretos en el que habría incurrido un tercero tras una exclusiva difundida en julio sobre el caso de corrupción por el que se investiga al empresario Barrolomé Cursach.
“El secreto profesional de los periodistas es el único secreto constitucionalmente protegido y su sacrificio para perseguir un delito de revelación que, si acaso, estaría castigado con una simple multa, representa no solo un ataque desproporcionado al derecho fundamental a la información sino que también sienta un precedente gravísimo al demoler por completo y de forma indiscriminada la debida protección de las fuentes periodísticas”, denuncian los convocantes.
Tras lo sucedido, informadores de todo el Estado mostraron su solidaridad con los compañeros y los medios de comunicación afectados, así como diversas agrupaciones profesionales. Más de 200 periodistas firmaron un primer escrito que fue entregado en mano al día siguiente a la Fiscal General del Estado, María José Segarra, y motivaron que el Consejo Fiscal se pronunciase al respecto, si bien se declaró no competente para opinar sobre una investigación en curso.
