El Consejo de Europa insta a los Gobiernos a ser ejemplares tras pedir transparencia para evitar la corrupción en la gestión de la crisis sanitaria

Los gobiernos y los responsables de cargos públicos deben actuar de manera ejemplar respetando las medidas anticorrupción y las normas de transparencia. Así lo reclama el GRECO, el organismo anticorrupción del Consejo de Europa (entidad supranacional de 47 Estados independiente de la UE) en su informe anual, publicado este miércoles.

El informe revisa las medidas para prevenir la corrupción adoptadas en los Estados miembros de GRECO en 2019 con respecto a parlamentarios, jueces y fiscales, así como en los gobiernos centrales, incluidas las principales funciones ejecutivas, y las agencias de aplicación de la ley.

En esa evaluación sobre las medidas adoptadas por España, publicada en noviembre pasado, el Consejo de Europa señalaba al sistema de elección del gobierno de los jueces, en funciones en España: “El GRECO considera que se ha perdido la oportunidad de subsanar lo que ha demostrado ser, en los ojos de los ciudadanos, el talón de Aquiles de la judicatura española: su supuesta politización. La creación de Consejos del Poder Judicial tiene por objeto garantizar mejor la independencia del Poder judicial, en apariencia y en la práctica. Lamentablemente, el resultado en España sigue siendo el contrario, como ya se destacó en el informe de evaluación de la cuarta ronda y se ha visto confirmado por los recientes acontecimientos en el país. En el momento de la visita de evaluación, en 2013, el GRECO destacó que cuando las estructuras de gobierno del Poder judicial no se perciben como imparciales e independientes, esto tiene un impacto inmediato y negativo en la prevención de la corrupción y en la confianza del público en la equidad y eficacia del sistema jurídico del país. Seis años después, la situación es la misma y, por tanto, la recomendación no puede considerarse cumplida. El GRECO reitera su opinión de que las autoridades políticas no deben participar, en ningún momento, en el proceso de selección del turno judicial”.

Al margen de sus críticas al sistema de elección del gobierno de los jueces, GRECO señalaba que España “ha realizado algunos avances”, al cumplir totalmente dos de las 11 recomendaciones y parcialmente otras ocho. Así, el organismo saca a España de la categoría de cumplimiento “globalmente insatisfactorio” concedida en enero de 2018.

La secretaria general, Marija Pejčinović Burić, ha afirmado: “La corrupción socava la confianza de los ciudadanos en la democracia y en las instituciones democráticas. Por lo tanto, la implementación de medidas anticorrupción efectivas y la promoción de la integridad y la transparencia deberían ser una prioridad para las autoridades públicas en todo momento. Los estados han progresado, pero deberían intensificar sus esfuerzos para implementar completamente las recomendaciones de GRECO”.

Estados de alarma y emergencia

El GRECO también publicó recientemente un informe en el que pedía transparencia a los gobiernos en las decisiones que adopten para gestionar la crisis sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus para prevenir prácticas ilegales y corruptas.

El informe subraya que el sector de la salud es el que se encuentra en estos momentos más expuesto a los riesgos de la corrupción, debido a la necesidad inmediata de suministros médicos, la simplificación de las normas de adquisición, hacinamiento médico instalaciones y personal médico sobrecargado.

En este sentido, afirma que las prácticas corruptas pueden afectar tanto al sector público o privado y pueden estar relacionadas con el sistema de adquisiciones, el soborno en servicios relacionados con la medicina, la corrupción en la investigación y desarrollo de nuevos productos (I+D), incluidos los conflictos de intereses y el papel del cabildeo, así como el fraude relacionado con la comercialización de productos médicos falsificados.

El presidente de GRECO, Marin Mrčela, ha expresado su preocupación por las denuncias de corrupción generalizadas en muchos países en relación con personas a cargo de instituciones públicas en los últimos años. “Ninguna persona, estado o institución es inmune a la corrupción. Los políticos, independientemente de su afiliación política, deben liderar con el ejemplo y es la ejemplaridad que se espera de ellos. Los políticos están destinados a servir, no a gobernar, a la gente”, ha afirmado.

En 2019, el cumplimiento de las recomendaciones GRECO en la cuarta ronda de evaluación aumentó ligeramente: el 36% de las recomendaciones se habían implementado por completo a finales de año.

Las recomendaciones con el nivel más bajo de cumplimiento continuaron siendo las emitidas con respecto a los parlamentarios (27%), mientras que fue mayor con respecto a los jueces (37%) y fiscales (46%). “Esto explica en gran medida por qué la confianza de la gente en la política es muy baja y será aún más baja si los políticos no intensifican su cumplimiento de los estándares de integridad”, ha dicho el presidente de GRECO.

El informe subraya que desde que comenzó la cuarta ronda de evaluación en 2012, casi la mitad de los estados miembros de GRECO han llevado a cabo reformas constitucionales siguiendo sus recomendaciones.

Los estados miembros de GRECO han llevado a cabo más de 150 reformas legislativas, regulatorias o institucionales concretas para implementar las recomendaciones de GRECO.

GRECO continuó progresando en la evaluación de la prevención de la corrupción en los gobiernos y las agencias de aplicación de la ley: 18 países habían sido evaluados a fines de 2919. GRECO a menudo encontró deficiencias en la forma en que los países lidiaban con el cabildeo, los conflictos de intereses y las “puertas giratorias” en los gobiernos centrales, incluida la necesidad de extender las medidas anticorrupción a los asesores.

Las recomendaciones de GRECO sobre las agencias de aplicación de la ley se referían principalmente a códigos de conducta, ascensos y despidos, conflictos de intereses, restricciones posteriores al empleo y la protección de los denunciantes.

A finales de 2019, 15 países estaban sujetos al procedimiento de incumplimiento de la cuarta ronda de GRECO: Armenia, Austria, República Checa, Dinamarca, Francia, Alemania, Hungría, Irlanda, Luxemburgo, Mónaco, Macedonia del Norte, Polonia, Portugal, Rumania y Turquía.

Bielorrusia fue el único país en el procedimiento de incumplimiento en la primera y segunda ronda conjunta y en la tercera ronda.