Cospedal, la ministra de Defensa que batió récords de venta de armas mientras hablaba de Rusia
La ex ministra de Defensa María Dolores de Cospedal ha confirmado este martes su candidatura a ser la siguiente presidenta del PP. Tras toda una carrera saltando entre diferentes administraciones públicas, las credenciales más inmediatas que puede presentar la también ex presidenta de la Junta de Castilla y León es haber llevado al éxito total la política de su partido en este Ministerio: multiplicar las exportaciones de armas mientras desviaba el foco de atención hacia cualquier otra cosa. Incluso aunque tuviera que hablar de una supuesta injerencia rusa en España para ello.
Pese a que no ha ocupado portadas, Cospedal batió el récord de venta de armas al exterior en sus dos años al frente de Defensa. En 2017, su único ejercicio completo tras hacerse cargo de la cartera en noviembre de 2016, España exportó armamento por valor de 4.346 millones de euros. Supuso un 7,3% más que el año anterior, cuando también se superó la cifra máxima de ventas hasta el momento en un 8,9%.
Como refleja el informe de la Secretaria de Estado de Comercio, hasta 270 de esos millones llegaron desde Arabia Saudí. 90 de ellos correspondían a munición. Esto supuso un incremento del 133% respecto al año anterior y convirtió a la monarquía absolutista wahabita en la principal receptora de armas españolas fuera de la OTAN.
Cospedal permitió que las ventas a Arabia Saudí se multiplicaran pese a que el Parlamento Europeo instó en febrero de 2016 a los miembros de la UE a detener inmediatamente el comercio de armamento con este país debido a la catástrofe humanitaria que ha desatado en Yemen y el riesgo de que ese material terminara en manos de grupos terroristas de la zona.
La ex ministra de Defensa no solo no paró las ventas que España tenía comprometidas de años anteriores, sino que bajó su mandato se autorizaron más exportaciones al país que con cualquier otro ministro. Solo en 2017 el Gobierno autorizó 27 ventas al país, que se realizarán en los próximos años. Casi tantas como las que se aprobaron en 2015 (18) y 2016 (10) sumadas.
La política de exportación de armas española de los últimos años no solo choca con la cuestión ética de la venta de armamento a un estado que no respeta los derechos humanos de sus ciudadanos y que ha violado repetidamente el derecho internacional en sus bombardeos en Yemen. También contraviene la legislación española, que no permite la venta de armas a países en conflicto abierto.
La excusa tradicional del Gobierno en este sentido es que el órgano encargado de valorar las solicitudes de exportación las rechaza siempre que entrañan riesgo de no respetar la ley. Sin embargo, como confirmó el equipo ministerial de Cospedal a este medio, no existe “ni nunca ha existido en España” un protocolo para supervisar dónde acaban esas armas cuando atraviesan las fronteras. En la práctica, esto supone que el Gobierno se fía de lo que países como Arabia Saudí dicen que van a a hacer con el material.
Perfil diferente a Morenés, misma política
Cospedal llegó a Defensa para sacar al Ministerio de las sombras. Pedro Morenés, su antecesor, fue uno de los ministros más desconocidos desde la restauración de la democracia. En 2013, hasta un 63% de los españoles dijo no saber quién era Morenés, y si se sumaban los que no le conocían lo suficiente como para puntuar su labor, el resultado era que tres de cada cuatro ciudadanos no podían valorar a su ministro de Defensa.
Como tecnócrata del armamento, Morenés convirtió a España en la séptima exportadora de armas mundial, solo por detrás de los grandes productores internacionales (EEUU, Rusia y China) y las potencias europeas (Alemania, Reino Unido y Francia). Lo consiguió facilitando que la industria recibiera dinero público para desarrollar nuevo armamento. No era un habitual de los medios y la tribuna parlamentaria tampoco era uno de sus fuertes.
Cospedal dio giro radical a esa situación aunque, como demuestran los datos, la política en Defensa no ha cambiado un ápice. Comenzó su etapa en el Ministerio pidiendo perdón a las víctimas del Yak-42 y nunca rehusó un debate parlamentario. La terminó anunciando una inversión de 10.500 millones de euros en armas para las Fuerzas Armadas.
Cospedal también quiso hacer valer su posición al frente de Defensa en la crisis catalana, y mientras Morenés descartó una intervención del Ejército y rehusó cualquier protagonismo en torno a esta cuestión, Cospedal defendió que los militares estaban “preparados para defender la integridad territorial ante cualquier eventualidad”.
En este sentido, Cospedal impulsó la teoría de la injerencia rusa en Catalunya como una vía para tratar el debate soberanista en las redes como un problema de seguridad nacional. Además de por la UE y sus expertos, esta aspiración era cuestionada desde dentro del Ejecutivo: la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría se manifestó en contra de que las noticias falsas se trataran en el ámbito de Defensa e indicó que la solución era la “alfabetización digital” de los ciudadanos.
Su relación con las asociaciones militares, rota
Pese a que las asociaciones militares recibieron con agrado el cambio a un jefe político con un perfil más cercano que el de un Morenés que delegaba cualquier cuestión relativa al personal en su subsecretario de Estado, tampoco han lamentado la salida de Cospedal del Ministerio.
Cospedal presidió en dos años más reuniones del Consejo de Personal (órgano donde las asociaciones militares se reúnen con los altos mandos de personal del Ministerio) que su antecesor en cinco. Sin embargo, eso no fue sinónimo de que escuchara más atentamente sus reclamaciones. Cuatro de las cinco asociaciones con representación en el Consejo terminaron plantando a la ministra en su última reunión, en protesta por la salida adelante de un plan laboral en cuya redacción no se las permitió participar.
Cospedal aprobó ese plan su último día al frente del Ministerio, mientras el Congreso debatía la moción de censura contra Mariano Rajoy. Dejó a su sucesora, Margarita Robles, el regalo de lidiar con las quejas de los militares. También el de atender la PNL en la que el Congreso pidió al Gobierno paralizar los despidos de aquellos soldados y marineros de 45 años hasta la resolución de los trabajos de la subcomisión que estudia su caso y que la conservadora ignoró durante meses.
