Pedro Sánchez aparta a Delgado de Justicia tras una gestión marcada por la polémica de Villarejo y el juicio del 1-O

Dolores Delgado deja de ser ministra de Justicia un año y siete meses después de ser nombrada. El presidente del Gobierno en funciones le ha comunicado este viernes que no repetirá al frente de su cartera en el Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos. La fiscal experta en lucha contra el terrorismo abandona el Ejecutivo tras sus polémicas por las grabaciones del excomisario José Manuel Villarejo y la actuación de su Ministerio en la causa del 1-O.

En Moncloa había descontento con su desempeño durante estos meses. En el PSOE, algunas fuentes se muestran más contundentes y hablan de que su gestión ha sido “un absoluto desastre”. Entre las decisiones en las que se equivocó, citan la elección de María José Segarra como fiscal general del Estado: se empeñó en esa designación y esta ha sido incapaz de controlar la Fiscalía, aseguran.

Delgado saltó de la Audiencia Nacional a un ministerio que había tenido al frente a dos titulares que también estuvieron rodeados de polémicas durante sus mandatos: Alberto Ruiz Gallardón, que dimitió por el escándalo que causó su propuesta para cambiar la ley del aborto, y Rafael Catalá, que dejó el Ministerio en plena guerra con las asociaciones judiciales y entre sospechas de injerencias en los tribunales.

En el caso de Delgado, ha sido la cuestión catalana la que ha marcado buena parte de su etapa al frente de este departamento. Apenas cinco meses después de la llegada de los socialistas a la Moncloa, Consuelo Castro, la abogada general del Estado que había accedido a ese organismo de la mano de Delgado, relevó a su letrado en el juicio del 1-O. Ese abogado era Edmundo Bal –hoy diputado de Ciudadanos– y pretendía elevar la acusación contra los dirigentes catalanes a rebelión. La Abogacía del Estado acusó finalmente por sedición a pesar de la intensa campaña de ataques de la derecha. Su tesis fue asumida por el Tribunal Supremo en la sentencia.

Esta no fue la única vez que hechos relacionados con el procés salpicaron a Delgado durante su primer mandato. También resultó polémica la actuación de su departamento tras la demanda por falta de “imparcialidad” que Carles Puigdemont y cuatro exconsellers de su Govern presentaron en un tribunal belga contra el juez instructor del procés, Pablo Llarena. Tras anunciar el Ministerio de Justicia que no asumiría su defensa, el Gobierno se vio obligado a contratar a un bufete belga para representar al Estado y al magistrado. El Senado, donde el PP tenía mayoría absoluta, llegó a reprobar a la ministra por esta cuestión.

Polémica sobre el comisario Villarejo

La oposición también cargó contra la ministra tras la difusión de fragmentos de una conversación durante una comida privada mantenida en 2009, cuando era fiscal, con el controvertido comisario José Villarejo –ahora encarcelado por graves delitos– en la que también estaba el exjuez Baltasar Garzón junto a la cúpula de la policía. El mismo PP que contó con Villarejo dentro de una estructura policial dedicada a maniobrar contra el independentismo y Podemos reprochó a Delgado “ser rehén de sus amistades peligrosas con las cloacas”. Anticorrupción confirmó que no había abierta ninguna investigación sobre su actuación cuando ejercía como fiscal.

Para la historia de su primera fase al frente del Ministerio de Justicia queda su semblante serio durante la exhumación de Francisco Franco, donde debía estar presente para dar fe por su condición de notaria mayor del reino. Los herederos del dictador habían puesto como condición no tener que saludar a la ministra, que había asegurado semanas antes que el traslado de los restos del dictador era “la mayor victoria de los democracia en los últimos cuarenta años”.

En los últimos meses de esta primera etapa al frente del departamento, Delgado ha protagonizado un choque con los letrados del turno de oficio tras la decisión de no asumir el pago de los abogados designados judicialmente para representar a personas a las que finalmente se les denegara o archivara la solicitud. Hasta ahora, todos los litigios eran abonados a pesar de que la ley no lo permitía en algunos casos.

Justicia Universal y el CGPJ, las tareas pendientes

Delgado deja el ministerio con una lista de tareas pendientes que heredará su sucesor. La principal es la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que lleva un año en funciones tras el escándalo con el que se saldó el anterior intento pactado por PP y PSOE. Está por ver si en esta legislatura se logrará una reforma del sistema de elección de los vocales, que ha sido criticado en varias ocasiones por instituciones como el Consejo de Europa por su politización.

Hay más asuntos en el tintero que la ministra no consiguió cerrar. Entre ellos, la reforma de la justicia universal que el PP eliminó con el rodillo de la mayoría absoluta en el primer mandato de Rajoy o reformas legislativas como la del artículo 324 de Ley de Enjuiciamiento Criminal [que limita a seis meses la investigación de las causas penales] o la de los delitos contra la libertad sexual.