Menos del 5% de los presos de ETA en España cumplen condena en cárceles cercanas a Euskadi
Desde finales de los años 80, los sucesivos gobiernos de España y Francia han aplicado una política de dispersión de los presos de ETA como parte de la lucha antiterrorista. Según fuentes del Ministerio del Interior, a lo largo de de tres décadas el objetivo de ambas administraciones ha sido dificultar así el control por parte de la banda de sus reclusos y que los condenados se acogieran a beneficios penitenciarios a cambio de renunciar a la violencia, pedir perdón a las víctimas, reconocer el daño causado y colaborar con la Justicia.
Esa política se ha mantenido hasta hoy en día, cuando de los cerca de 245 reclusos de la organización terrorista que cumplen condena en cárceles españolas –otra treintena está en Francia– solo 11 están en centros a menos de 300 kilómetros de Euskadi y Navarra y únicamente cinco en prisiones de esas dos comunidades.
Pero tras la disolución definitiva de la organización terrorista el pasado mes de mayo, el Gobierno de Pedro Sánchez considera que se ha abierto un “nuevo escenario” al que “debe adaptarse la política penitenciaria”, facilitando el acercamiento de los presos de ETA a cárceles próximas a Euskadi y Navarra. Los primeros han sido Olga Sanz y Javier Moreno, que este miércoles eran trasladados de la prisión de Asturias a la de Basauri, en Bizkaia, donde seguirán cumpliendo condena en régimen de tercer grado, e Interior reconoce que se producirán más desplazamientos en las próximas semanas, aunque evita fijar unos plazos concretos.
La del acercamiento es una reivindicación histórica de los familiares de los miembros de la banda, asumida también como propia por gran parte del espectro político vasco, con la excepción del PP. La legislación española se limita a señalar que Instituciones Penitenciarias debe “evitar el desarraigo social de los penados” si bien deja en manos de la administración su distribución en las cárceles del conjunto del Estado. El fin de la dispersión ha estado en todo caso encima de la mesa de las negociaciones llevadas a cabo entre ETA y los distintos gobiernos en las últimas décadas, si bien en todas ellas los sucesivos Ejecutivos se negaron a conceder las exigencias de la banda.
El objetivo, la reinserción
Sin embargo, PNV y PSE-EE pactaron en noviembre de 2016 en su documento de acuerdo político para cerrar el Gobierno de coalición en Euskadi un acercamiento de los presos de ETA para facilitar la “normalización de la convivencia”. El objetivo era lograr una “reorientación de la política penitenciaria que fije como objetivo fundamental la reinserción, atienda prioritariamente las problemáticas de mayor incidencia humanitaria [excarcelación de presos enfermos], favorezca el acercamiento de los presos e inste a la transferencia de la competencia de centros penitenciarios al País Vasco”, tal y como recoge el texto.
ETA llegó a tener alrededor de 800 presos. En octubre de 2011, cuando la banda anunció el fin de la violencia, eran 703 reclusos y ahora son cerca de 280 los presos que se encuentran en prisiones españolas (menos de 250), francesas (varias decenas) y uno en Portugal. De entre los encarcelados en España la práctica totalidad está en primer grado, el régimen más duro que contempla incluso restricciones de movimientos en las propias cárceles.
Después de pasar 31 de sus 70 años en la cárcel y superar el cumplimiento máximo de privación de libertad, el pasado domingo el exdirigente de ETA Santiago Arrospide Sarasola, Santi Potros, salía de la cárcel de Topas, en Salamanca y ponía rumbo a la localidad guipuzcoana de Lasarte donde tiene su domicilio. Hasta la fecha, es el último preso de la banda en ser excarcelado. Tras el anuncio de disolución también han salido de prisión José Ramón López de Abetxuko, el pasado 5 de julio, y Jesús Mari López, el 25 de ese mismo mes.
