Las opciones de la Fiscalía: investigar, presentar ya una demanda en el juzgado o archivar el caso
La Fiscalía investigará el falso máster de Cristina Cifuentes. Ha decidido abrir diligencias de investigación penal tras la denuncia presentada por las asociaciones de estudiantes y tiene previsto unir la información que le ha remitido la Universidad Rey Juan Carlos, según informan fuentes del ministerio público a eldiario.es. La Fiscalía puede ahora comenzar a investigar el caso, llevarlo directamente a los tribunales o archivar la denuncia.
Según esas mismas fuentes, la Fiscalía provincial de Madrid ha enviado a la Fiscalía de área de Móstoles, competente por encontrarse allí la sede de la Universidad, la documentación sobre el máster. Esa Fiscalia ha decidido empezar a investigar y unir la información que va a remitirle la Universidad, después de que una de las profesoras haya negado haber firmado el acta de evaluación del TFM y haber evaluado a la expresidenta madrileña.
Así, la Fiscalía de Móstoles comenzará a investigar si el acta presentada por Cifuentes para demostrar que evaluaron su Trabajo de Fin de Máster fue falsificada. La presidenta del tribunal evaluador, Alicia López de los Mozos, ha confesado ante la inspección de la Universidad que ella no participó en la evaluación y que la firma que aparece en ese documento junto a su nombre no es suya, ha sido falsificada.
La Fiscalía puede ordenar ahora diligencias de investigación, siempre que no interfieran en los derechos fundamentales de los investigados. Por ejemplo, puede llamar a declarar a Cifuentes, las profesoras que firmaron el acta o los responsables del máster. También tiene la opción de reclamar a la Universidad toda la documentación que considere necesaria.
Si ordena diligencias, la decisión de llevar la denuncia al juzgado o archivarla puede retrasarse. Sin embargo, la Fiscalía no está obligada a investigar y tiene la opción de llevar el caso directamente a los juzgados, si hay suficientes indicios de criminalidad.
Cohecho y falsedad documental
La denuncia que presentaron los estudiantes apuntaron que Cifuentes pudo cometer un delito de cohecho al beneficiarse del cambio de notas cuando ya ostentaba un cargo público. Apuntaron también entonces a la posible comisión de un delito de falsedad documental, que se castiga con hasta seis años de cárcel.
La Universidad, por su parte, ha optado por trasladar los hechos a la Fiscalia en cuanto la profesora Alicia López de los Mozos ha confesado ante la inspección que no firmó el acta que ha exhibido Cifuentes y que no evaluó su TFM. Los responsables de la Universidad han advertido tras esa declaración que puede haber indicios de delito en el master y así se lo han trasladado al Ministerio Público.
El delito de falsedad documental puede acarrear, además de las penas de cárcel, condena de inhabilitación de hasta seis años. Según el Código Penal, comete este delito quien altera un documento en alguno de sus elementos o requisitos de carácter esencial, o quien simula un documento en todo o en parte, de manera que induzca a error sobre su autenticidad.
