La Fiscalía detecta que faltan datos en los expedientes que mandó el Gobierno de Ayuso sobre la investigación de Púnica
La Fiscalía Anticorrupción ha detectado que faltan datos en los expedientes remitidos por el Gobierno de la Comunidad de Madrid sobre la llamada cláusula del 1% que investiga la Audiencia Nacional bajo la sospecha de que ocultaba pagos al PP regional. El instructor del caso Púnica, Manuel García Castellón, exigió hace más de tres meses al Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso que remitiera documentación clave sobre contratos de 34 hospitales y centros de salud y 16 carreteras.
Las fiscales del caso, María Teresa Gálvez y Carmen García Cerdá, han recibido ya el grueso de esa documentación por parte de la Consejería de Sanidad y el Servicio Madrileño de Salud, pero solicitan que se “amplíe” esa remisión de información incluyendo los actos de adjudicación del consejero de los hospitales de Aranjuez y de Puerta de Hierro Majadahonda, así como del pliego de cláusulas administrativas y técnicas en el caso de este último.
Los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en los que se basó el juez García Castellón para abrir una investigación por estos hechos apuntan a que el Ejecutivo regional encargó a dedo supuestas campañas de promoción de estos hospitales y centros de salud a determinadas empresas a cambio de que estas pagasen luego actos electorales del partido. En uno de sus autos, el juez describe un desfalco de 3,07 millones de euros de las arcas públicas a través de supuestos contratos de “publicidad simulada” de estas infraestructuras sanitarias.
El método era el siguiente: obligar a las constructoras a abonar el 1% del presupuesto de cada contrato para sufragar campañas publicitarias que se realizaban por un coste mucho menor o que ni se llegaban a hacer. Además, esos trabajos se encargaron en todos los casos a empresas de Daniel Horacio Mercado, que supuestamente devolvía el favor inyectando importantes sumas de dinero para las campañas del PP. La imposición del pago de esas cantidades obligaba a las constructoras a incrementar en ese 1% su oferta, con el consiguiente perjuicio para las arcas públicas, que veían minorados sus fondos en ese porcentaje.
Todo esto ocurrió en el periodo en el que el Ejecutivo regional dio un vuelco al modelo de sanidad pública encargando a empresas privadas la construcción y gestión de la parte no sanitaria de estas infraestructuras a cambio de un canon de dinero público durante treinta años. Esta era una de las claves del denominado “Plan de Infraestructuras Sanitarias 2004-2007” que sirvió a la expresidenta Esperanza Aguirre para inaugurar seis nuevos hospitales en los meses previos a las autonómicas de 2007, en las que arrasó con el 53% de los votos.
Clave en los interrogatorios
La inclusión de esta cláusula en los contratos fue uno de los aspectos por los que las fiscales preguntaron a los ex altos cargos de la Comunidad de Madrid imputados en esta causa en una ronda de interrogatorios que cerró la propia Aguirre el pasado 18 de octubre. La expresidenta regional aseguró desconocer su existencia, mientras que el exvicepresidente Ignacio González descargó toda responsabilidad al respecto sobre el que fuera consejero de Sanidad Manuel Lamela, del que dijo que fue “idea” suya.
Los investigadores atribuyen a Lamela, “en connivencia con los altos mandatarios” del PP regional, el papel de ideólogo. Ante el juez, el exconsejero negó que esa “cláusula accesoria” fuera irregular y aseguró que se utilizó como mecanismo para “asumir” una tarea de comunicación que era necesaria para dar a conocer entre la ciudadanía el llamado Plan de Infraestructuras Sanitarias 2004-2007.
Lamela también negó de forma rotunda el supuesto quebranto para las arcas públicas de 3,07 millones de euros a través de esta cláusula que el juez calcula de forma indiciaria. Según explicó, el dinero que se invirtió en campañas publicitarias fue “irrelevante” teniendo en cuenta la magnitud de unos contratos por los que se encargaba a grandes empresas la construcción de las infraestructuras y la gestión de la parte no sanitaria durante un período de treinta años.
