La Fiscalía vuelve a pedir el archivo de la causa del 8M y carga contra la jueza por la “celeridad” de su instrucción

La Fiscalía Provincial de Madrid ha presentado un nuevo recurso en el que pide que se archive la investigación contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por autorizar la manifestación del 8 de marzo. El texto carga contra la jueza, Carmen Rodríguez-Medel, por la “celeridad” que ha imprimido a la instrucción cuando los plazos procesales estaban suspendidos por el estado de alarma. El Ministerio Público considera que este hecho ha generado una “situación de indefensión” al político socialista, que es el único investigado hasta el momento.

“Se está instruyendo sin posibilidad de que se tramiten de forma ordinaria los recursos planteados, y sin que la actividad instructora pueda ser valorada por un órgano superior con la misma celeridad que la instrucción”, dicen los fiscales. El recurso que tendrá que resolver la Audiencia Provincial defiende que se ha vulnerado el derecho a la “tutela judicial efectiva” de Franco porque la jueza sí ha establecido plazos para la práctica de diligencias mientras ha mantenido suspendidos el plazo para la interposición de los recursos legalmente establecidos.

La acusación contra Franco por un presunto delito de prevaricación se fundamenta en no haber prohibido los encuentros multitudinarios que tuvieron lugar en los nueve días previos al estado de alarma, entre ellos la marcha feminista, supuestamente a sabiendas del riesgo que suponían para la población por la expansión del coronavirus.

Precisamente este jueves, la jueza ha pedido a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de la capital que informen sobre los “eventos colectivos o masivos públicos o privados que se celebraron entre el 5 y el 9 de marzo” y si algún acto así fue “suspendido o cancelado por motivos sanitarios” relacionados con la COVID-19.

Con esta petición, realizada a instancias de la Abogacía del Estado, que ejerce la defensa de Franco, la instructora quiere saber si en esos días de marzo se celebraron otros eventos cuya celebración no dependía de la Delegación del Gobierno, sino de otras administraciones públicas y cómo actuaron ante actos multitudinarios.

Franco, único imputado en la causa, aseguró este miércoles en su declaración ante la jueza que la institución que preside actuó “en todo momento con arreglo a la ley y a la información que tenían los expertos sobre la evolución del coronavirus”. “No había ningún elemento en aquel momento que llevase a la Delegación del Gobierno a prohibir un derecho fundamental ni está acreditado que el incremento de casos del 9M tenga que ver con la manifestación”, aseguró preguntas de los periodistas tras declarar durante más de una hora y media como imputado ante la jueza

La Fiscalía ya pidió este lunes el archivo de la causa al considerar que Franco no debía permitir esa manifestación, solo tomar nota de la comunicación de que se iba a celebrar, y que tampoco tiene competencias en materia sanitaria. También la Abogacía del Estado ha solicitado a la jueza que ponga fin a esta investigación. En varios de sus escritos, la abogada del Estado ha acusado a la jueza de estar impulsando una investigación sin indicios de delito y “con tendencia a ser una causa general contra la gestión de la crisis sanitaria”.