El Gobierno acuerda con Ciudadanos la última prórroga del estado de alarma tras recuperar a ERC

Doblegar la curva, reducir al mínimo los contagios y vencer al virus más unidos. Eran los tres grandes objetivos de Pedro Sánchez cuando la pandemia de la COVID-19 golpeó a España con toda su crudeza. Los dos primeros se han logrado tras más de dos meses de confinamiento, pero la unidad política se resiste, a pesar de que el virus se ha llevado más de 27.000 vidas solo en España. El Gobierno se ha visto en apuros para sacar adelante las últimas prórrogas del estado de alarma, el único mecanismo que permite restringir la movilidad, y ha acelerado la llegada a la nueva normalidad ante la presión económica y social. Además, ha cedido la gestión de la última fase de la desescalada para garantizarse el respaldo de PNV y ERC, al que ha recuperado, y ha logrado el apoyo de Ciudadanos a la última prórroga, cuya solicitud aprobará el Consejo de Ministros este martes, para evitar salir del Congreso con menos votos que nunca.

Al ser la última prórroga del estado de alarma, el acuerdo con Ciudadanos incluye la necesidad de impulsar un decreto ley antes del 15 de junio para regular la situación en los territorios que dejen de estar bajo la medida de excepcionalidad. El Gobierno tendrá igualmente que abordar la reforma legislativa con la que pretende dotarse de recursos para hacer frente a posibles rebrotes sin necesidad de recurrir a esa medida excepcional recogida en el artículo 116 de la Constitución y que está vigente –con algunas variaciones– desde el 14 de marzo y que ahora se prolongará 15 días, aunque el mando único de la desescalada lo ostentarán los presidentes autonómicos.

No obstante, el pacto suscrito con la formación de Inés Arrimadas por el 'sí' de sus diez diputados establece que el margen de decisión que tendrán las comunidades autónomas dentro de su “gobernanza absoluta” será el mismo para todas. “Las medidas contenidas en el decreto que regula la última prórroga del Estado de Alarma para dar respuesta a la emergencia sanitaria serán idénticas para toda España en la recta final del confinamiento, sin perjuicio de la progresión sanitaria de cada territorio”, establece el primer punto. Otros dos compromisos son un plan de ayudas para el sector turístico que debe incluir una línea de avales ICO de 2.500 millones para empresas del sector y que los contribuyentes puedan relacionarse con la Agencia Tributaria a través de sistemas como las videoconferencias.

Sánchez se asegura así cierto margen en la votación de este miércoles tras haberrse dejado muchas plumas en el último debate del estado de alarma, cuando se vio obligado a llegar a un acuerdo por escrito con EH Bildu ante el temor de que Ciudadanos se descolgara en el último momento. El pacto, además de soliviantar a los barones socialistas, provocó un profundo enfado a la patronal, que forzó una rectificación. A partir de ahí, el Gobierno evitó confirmar que solicitaría una nueva ampliación, a pesar de ser necesaria, según el plan de desescalada.

Los contactos se reiniciaron con absoluta discreción hasta que este sábado el presidente logró el respaldo del PNV y recuperó a ERC, que volverá a abstenerse en la votación de este miércoles tras dos noes consecutivos. Sánchez cede en la que ha sido una de las grandes reivindicaciones de los grupos nacionalistas en las últimas semanas: la gestión por parte de las comunidades del proceso final de desescalada. Serán los presidentes autonómicos los que tomen las decisiones respecto a la fase 3 y también la entrada en la “nueva normalidad”.

Además, el Gobierno acelera para toda España la que ha sido una de las premisas básicas hasta ahora: el levantamiento de la restricción de la movilidad. A partir del 21 de junio, fecha en la que concluirá el estado de alarma, habrá libertad de movimientos en todo el territorio español, a pesar de que algunas regiones no estarán aún en la fase de “nueva normalidad”, que es cuando el plan de desescalada fijaba el fin de la restricción de circulación entre provincias. El Gobierno también ha abierto la puerta a que, a partir del 8 de junio, pueda haber movilidad dentro de las comunidades autónomas o entre zonas que se encuentren en la misma fase, algo que no estaba previsto hasta la “nueva normalidad”, pero que habían reclamado varios jefes de ejecutivos autonómicos –Extremadura, Aragón, Galicia...– y algunos grupos políticos.

Para la coalición es un respiro recuperar a ERC, con quien se había arremangado sin éxito en las últimas negociaciones. Sánchez recuperó incluso al equipo de la investidura. El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha explicado que esta vez ha habido una “voluntad” por parte del Gobierno de llegar a un acuerdo. “Éramos conscientes de que el espíritu de la investidura peligraba”, expresó en una entrevista en la Cadena SER. Las advertencias de la formación independentista se han sucedido en las últimas semanas, al igual que por parte de los aliados parlamentarios del Gobierno por lo que la dirección socialista se puso como reto “reforzar” los lazos con sus socios, especialmente con ERC, que lamentó que el Gobierno abandonara la negociación tras lograr el 'sí' de Ciudadanos hace quince días.

En esta ocasión, el pacto se ha logrado en el orden inverso. Fue el propio Sánchez el que avanzó el entendimiento con el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, este sábado. Después llegó la confirmación del PNV, que ha apoyado todas las prórrogas a cambio de algunas cesiones, como la “cogobernanza” o la gestión del ingreso mínimo vital por parte de Euskadi. Aunque en este caso desvinculan una cosa de la otra, se negoció en paralelo.

Entre tanto, los contactos se mantuvieron con Ciudadanos hasta alcanzar el acuerdo que se ha difundido a primera hora de este martes, a pesar de que su apoyo ya no es imprescindible, dado que el Gobierno cuenta con el respaldo de formaciones minoritarias como Más País-Equo, PRC o Teruel Existe y da por hecha la abstención de EH Bildu.

A pesar de que algunos dirigentes socialistas consideran que la vía de Ciudadanos se debe explorar para futuros acuerdos, como los presupuestos, en Moncloa son conscientes de que es difícil conjugar a un partido que se autodenomina liberal con el resto de aliados parlamentarios, situados a la izquierda del PSOE, y la cúpula socialista aboga por mantener esas alianzas. No obstante, consideran que Arrimadas ha hecho una buena jugada al desmarcarse de PP y Vox, que en plena emergencia sanitaria han rechazado el estado de alarma.