El Gobierno cierra filas con Marlaska mientras la oposición redobla la presión para hacerlo caer

La oposición ha situado en la diana a Fernando Grande-Marlaska, uno de los perfiles que menos incomodaron a PP y Ciudadanos cuando Pedro Sánchez hizo pública la lista de su primer gobierno, hace casi dos años. Ahora exigen su dimisión por tierra, mar y aire, a cuenta de la gestión del polémico informe de la Guardia Civil que ha servido para imputar al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por autorizar la manifestación del 8 de marzo, supuestamente a sabiendas de los riesgos para la población. 

Toda la presión está sobre el ministro y nadie en el Gobierno o en el PSOE es ajeno a la complicada situación que atraviesan sus relaciones con la Guardia Civil tras el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos a raíz del atestado que realizaron agentes del instituto armado en calidad de Policía Judicial por encargo de la jueza Carmen Rodríguez Medel que atribuye al delegado del Gobierno en Madrid prevaricación por omisión, por no haber desautorizado las marchas feministas el pasado 8 de marzo. 

La publicación en El Confidencial del documento que acredita que la destitución se produjo por la “pérdida de confianza” en el responsable de la Comandancia de Madrid por su negativa a “informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil” ha colocado al ministro del Interior en una posición muy delicada. Ciudadanos y el PP exigen su cese, Vox también y además le atribuye un rosario de supuestos delitos pero el Gobierno ha decidido cerrar filas con Marlaska.

La ministra portavoz, María Jesús Montero, hizo una defensa cerrada en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. “El ministro Marlaska cuenta con todo el apoyo del Gobierno de España y del presidente”. 

La revelación del documento de propuesta de cese, que atribuye el cese de Pérez de los Cobos a su negativa a trasladar a sus superiores información en contra de lo que hasta ahora había defendido Marlaska -que lo atribuía a una reestructuración y pérdida de confianza pero desvinculándolo del informe-, se produjo en plena reunión del gabinete.

La defensa de Moncloa esgrime que Marlaska no mintió y que tampoco pidió un informe que solo podían conocer esos agentes y la jueza que dirige la investigación: “En ningún momento se ha pedido información sobre el contenido del informe. Se ha podido realizar la tarea que como Policía Judicial, se ha encargado y se ha realizado con plena libertad por parte de la Guardia Civil”. La portavoz no descartó, no obstante, que se requiriera información sobre el estado del informe: “En ningún caso pone de manifiesto [la nota hecha pública este martes] que se le haya requerido ningún tipo de dato sobre el contenido del informe; otra cosa es que la Guardia Civil tenga obligación de comunicar cuáles son los procedimientos en los que está trabajando”. “Ni este ministro, ni nadie del Ministerio ni de la Dirección General de la Guardia Civil ha solicitado al señor Pérez de los Cobos ni el informe ni el acceso al contenido del informe”, había argumentado la semana pasada el ministro.

La argumentación  empleada por el Gobierno este martes, según señaló en la sesión de control en el Senado el propio Marlaska, es que la pérdida de confianza en Pérez de los Cobos responde a la filtración de una información publicada por El Confidencial tres días antes del cese que aludía al contenido del informe sin reproducir su contenido ni incluir textual alguno del mismo. El Gobierno también recalca que la petición de información a De los Cobos el domingo 24 era “a fines de conocimiento” de las actuaciones y que, en ningún momento, se solicitó información sobre el contenido del atestado. Moncloa ya conocía ese domingo, antes de las llamadas de algunos de sus superiores a De los Cobos y de su destitución por parte de la directora de la Guardia Civil, María Gámez, lo que decía el controvertido informe por la Abogacía del Estado que defiende al delegado del Gobierno José Manuel Franco en este procedimiento.

El Gobierno apunta a la resistencia de sectores conservadores de órganos como la judicatura e incluso dentro de los cuerpos policiales que han llegado a situar en un informe judicial al borde del delito al ministro del Interior, Salvador Illa y a quien ha sido la cara de la gestión de la crisis, el científico Fernando Simón.

Así que, el Ejecutivo ha salido a defender a Marlaska, un juez de carrera que ingresó en el Gobierno como independiente y sin carné del PSOE. Los vicepresidentes Carmen Calvo y Pablo Iglesias aguardaron en sus escaños de la Cámara Alta hasta que el titular de Interior terminó su intervención en la que tanto PP como Ciudadanos le reprocharon el cese del coronel de la Guardia Civil y pidieron su cabeza entre durísimos reproches. Calvo salió junto a Marlaska del hemiciclo y el Gobierno evitó la foto de un ministro sin partido aguantando solo el chaparrón en el Congreso.

En todo caso, en las filas socialistas son conscientes de que Marlaska está en el centro de la diana. “Se va a intentar aguantar”, admite uno de los dirigentes consultados. “No va a caer”, agrega otro. En lo que la mayoría coinciden es la creciente preocupación por la polémica suscitada en torno al responsable de Interior, que es ahora mismo el mayor avispero del Gobierno.

Sánchez mantiene el respaldo a Marlaska - “por supuesto que cuenta con mi absoluto apoyo”, aseguró el presidente este domingo- y nadie prevé su caída en el corto plazo. “No voy a dimitir”, afirmó con rotundidad el responsable de Interior en el Senado, cuando PP, Vox y Ciudadanos ya habían reclamado su cabeza. El Gobierno se enfrenta este miércoles a un nuevo Pleno en la Cámara Baja, donde este asunto volverá a ocupar un papel central.

Pablo Casado y la cúpula del PP han acusado a Marlaska de mentir, ya que inicialmente atribuyó el cese del coronel a una reestructuración amplia del departamento y aludió a la necesidad de configurar equipos de su confiaza,  desvinculó la destitución del informe de la Guardia Civil, un texto por lo demás, repleto de imprecisiones, errores y bulos.

A su juicio, la nota en la que la directora de la Guardia Civil, María Gámez, traslada al secretario de Estado de Seguridad el motivo de la destitución supone que el “Gobierno confiesa que cesó a un coronel de la Guardia Civil por no filtrar la investigación del 8M y cumplir una instrucción judicial”. El grupo popular ya ha registrado la reprobación de Marlaska en el Congreso. Los socialistas sostienen que ninguno de los socios del Gobierno reclama su cabeza y que esa votación o tiene visos de prosperar.

También el portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, sostiene que Marlaska ha mentido y defiende que no puede seguir al frente de Interior “ni un minuto más”. Para el diputado, la remoción de Pérez de los Cobos se produjo “por negarse a cumplir una orden ilegal”.

El líder de la extrema derecha, Santiago Abascal, ha ido un paso más allá al tachar de “delincuentes” a los miembros del Gobierno. “Caerá por sus subordinados”, ha advertido la secretaria general de Vox en el Congreso, Macarena Olona.

Fuera de la arena política, la asociación conservadora de jueces Francisco de Vitoria también ha reclamado la salida de Marlaska del Gobierno al considerar que ha vulnerado de forma “flagrante e inadmisible” la separación de poderes. Por su parte, la Asociación Unificada de Guardias Civiles la mayoritaria en el cuerpo- reconoce que existe una orden de 2012 que obliga a informar semanalmente a Interior de investigaciones que tengan “posibles implicaciones de cargos públicos”. “El Ministro del Interior erró al desvincular el cese del coronel de la Comandancia de Madrid con el informe sobre la manifestación del 8M”, expresa la asociación, que pide la anulación de esa instrucción para reforzar la independencia de las investigaciones.