El Gobierno contrata al despacho de abogados belga para la defensa de Llarena por más de medio millón de euros
El Estado ya ha contratado a un despacho de abogados en Bélgica para la defensa del juez Pablo Llarena y la soberanía española, informa la Cadena Ser. El coste de esta defensa tras la demanda de Carles Puigdemont ascenderá a 544.000 euros, asegura este medio.
El Ministerio de Justicia ha encomendado al bufete belga Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick la representación de España y del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena en la demanda civil que contra éste ha interpuesto el expresidente catalán Carles Puigdemont y cuatro de sus exconsellers con un coste de medio millón de euros.
Según informa el Ministerio, una vez concluido el trámite de selección del despacho de abogados, la documentación fue remitida a la Embajada española en Bruselas, donde representantes legales de la delegación diplomática y el bufete firmaron el preceptivo contrato.
El valor de la adjudicación asciende a 450.413 euros, a los que hay que sumar otros 94.568 en concepto de impuestos, lo que hace un total de 544.982 euros.
Una vez formalizado el contrato, el bufete Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick asumirá la representación procesal del Estado y del magistrado Llarena para, de acuerdo con la dirección técnica que ejercerá la Abogacía del Estado, defender la soberanía e inmunidad jurisdiccional de la Justicia española ante los tribunales belgas, defensa que incluye la de Llarena, instructor de la causa del “procès”.
La defensa de Llarena ante la demanda presentada en Bélgica por Carles Puigdemont y cuatro exconsellers de su Govern ha sido objeto de polémica para el Gobierno de Sánchez. En un inicio, el Ministerio de Justicia aseguró que estaba preparando las actuaciones para proteger la “jurisdicción española en la causa penal abierta por el procés”, pero subrayaba que la contratación de un despacho de abogados belga “en ningún caso” supondría la defensa del magistrado “por los actos privados que se le atribuyen”.
La presión de jueces y fiscales zanjó la polémica sobre la asunción por parte del Estado de la defensa en Bélgica del magistrado Pablo Llarena por la demanda interpuesta por Carles Puigdemont cuatro días después. Pedro Sánchez aseguró que “no es una cuestión de defender a un juez u otro juez con nombres y apellidos” sino que el “Estado tiene que atender su soberanía jurisdiccional”.
