El Gobierno impulsa la agenda social tras la crisis por la dimisión de Màxim Huerta

El Gobierno ha acelerado la agenda social tras la crisis que ha tenido esta semana por la dimisión del ministro de Cultura Màxim Huerta por su fraude a Hacienda. Aunque no se ha producido ningún avance concreto, la portavoz, Isabel Celáa, ha aprovechado la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministras para anunciar algunas iniciativas que se van a ir poniendo en marcha.

Aunque no le ha citado expresamente, Celáa ha presumido de la “capacidad de resistencia y de reacción rápida” del presidente ante el caso de Huerta: “Aquí no se tardan meses en asumir responsabilidades, sino horas, y es una buena noticia para la ciudadanía, que ve cómo sus representantes políticos dan cuenta”. Pero Celáa ha dado la crisis por zanjada: “En doce horas el ministro José Guirao está al frente de su ministerio, que es lo relevante”. El Gobierno quiere pasar página e iniciar su agenda social.

Pedro Sánchez quiere recuperar la sanidad universal que lapidó el PP en 2012 y los departamentos ministeriales afectados empezarán a trabajar con las comunidades autónomas para poder revertir aquella decisión que limitaba el acceso a los servicios sanitarios a personas extranjeras y migrantes.

Puedo aventurar que una vez que tengamos el real decreto para sustituir el de 2012, no habrá ninguna comunidad autónoma que no lo cumpla. Ya había comunidades que no cumplían el decreto y que estaban muy incómodas con él. Me atrevo a pensar que será cumplido en todos sus términos“.

El Gobierno espera un trabajo de campo con las comunidades autónomas y los departamentos a los que afecta la decisión de seis semanas. A continuación, el real decreto que anulará el que dejó a las personas inmigrantes sin sanidad se aprobará en el Consejo de Ministras y en un plazo de 30 días tendrá que ser convalidado en el Congreso.

Celaá ha asegurado que esa es la primera medida de la “agenda social” que pretende llevar a cabo Pedro Sánchez. A continuación, ha anunciado que el Tesoro otorgará un préstamos de 7.500 millones de euros para poder hacer frente a las nóminas ordinarias de los pensionistas y a la paga extra del mes de junio.

A pocas horas de que el barco Aquarius llegue a Valencia, la portavoz del Gobierno ha dedicado buena parte de la rueda de prensa a la gestión que han hecho con esa crisis humanitaria y ha aprovechado para anunciar medidas relacionadas con la llegada de inmigrantes, como el estudio que hará el Ministerio del Interior para la retirada de las concertinas de las vallas de Ceuta y Melilla o la elaboración de un plan integral para el campo de Gibraltar: “Hay que trabajar con medidas de empleo, educativas y de cohesión social”.

Sobre la gestión del Aquarius, Celáa ha afirmado que “se ha hecho como aldabonazo y símbolo para que Europa tome cartas en el asunto: somos Europa”: “Hemos dado puerto seguro porque las personas estaban en peligro y llegarán mañana y una a una serán visadas por un servicio sanitario en el barco y se les tratará uno a uno para saber dónde se acomodan y proveer sus necesidades. Vienen niños y mujeres embarazadas. En tierra ofreceremos toda la asistencia que sea menester”.

“Hemos prestado auxilio a 629 personas que estaban zozobrando en el mar, pero nada es descartable”, en cuanto a la posibilidad de que haya refugiados entre los migrantes. “En relación al efecto llamada, todos los países saben cómo están los demás países: no hay efecto llamada hoy en día. Es una cuestión de democracia y de recursos económicos, y las personas nos arriesgamos y cruzamos el mar para poder vivir mejor”.

Apoyo cerrado al ministro imputado

El Gobierno da un apoyo cerrado al ministro de Agricultura, Alimentación y Pesca, Luis Planas, sobre el que pesa una imputación, aunque la Fiscalía pretende pedir su levantamiento. “El nivel de exigencia es altísimo, pero el ministro no tiene cuentas pendientes con la justicia, así que el gobierno tiene toda la confianza en el ministro Luis Planas: es una persona absolutamente de garantía, ha trabajado siempre en el servicio público y tenemos toda la plena confianza en él. No hay ninguna hipótesis al respecto [en alusión su hipotético cese si avanza la imputación]”.

“Nosotros seguimos pensando que el ministro no tiene cuentas pendientes con la justicia. El asunto se remonta a los años 90, cuando la finca fue cedida al Ayuntamiento de Almonte. En el procedimiento fueron citados varios funcionarios, además del entonces consejero, que dio todas las explicaciones. Y la Fiscalía ha asumido que Planas ni tenía conocimiento de los hechos. Así que conocemos que no se va a acusar a Planas, puesto que la Fiscalía dijo que no tenía conocimiento de los hechos”, ha insistido.

El acercamiento de presos, más adelante

En relación con los políticos catalanes presos, Celaá ha afirmado: “Es una cuestión de comunicación entre el Gobierno y el Poder Judicial y se actuará para el bien de todos”. No obstante, Celaá no ha confirmado si el Gobierno tiene intención de acercar o no los presos a Catalunya. Fuentes del Gobierno han aclarado después que la hipotética decisión se producirá una vez que el juez Pablo Llarena concluya la instrucción de la causa.

Celaá también ha confirmado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comenzará a reunirse con los presidentes autonómicos por orden de antigüedad de sus estatutos, arrancando con Euskadi. Le seguirá Catalunya, que fue el segundo estatuto autonómico en ser aprobado.

“Estas reuniones comenzarán antes de verano”, ha anunciado Celaá. “Se trata de intentar normalizar las relaciones entre comunidades y la vida política, evitar la tensión”. A partir de esos encuentros, el Gobierno pretende establecer las prioridades para la actuación con respecto a las cominidades.

Sobre la reapertura de las embajadas de Catalunya, Celáa le ha restado importancia y lo ha enmarcado en la normalidad de los centros que las autonomías tienen en el extranjero, pero ha avisado de que “el Gobierno tiene procedimientos para entrar a conocer qué se está haciendo en esos puntos del exterior”.

Otro gesto: no vetar

Además, el Gobierno ha decidido no vetar las proposiciones de ley que tenía sobre la mesa y cuyo plazo para poder impedir la tramitación acababa ya. Se trata de 18 iniciativas de la oposición que, en su mayoría, habían sido vetadas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy y vueltas a registrar en el Congreso.

Los socialistas han denunciado constantemente –e incluso lo llevaron al Tribunal Constitucional– el veto del Ejecutivo anterior a las propuestas de la oposición. En total, Rajoy impidió que cerca de 60 iniciativas llegaron incluso a debatirse en el Comgreso bajo la premisa de que su aprobación suponía un gasto presupuestario no previsto.

Lo que no ha querido anunciar la portavoz es cuándo comparecerá Sánchez ante la prensa, aunque fuentes del Gobierno han informado de que será entrevistado en TVE el próximo lunes.