El Gobierno agita banderas de la izquierda y la oposición se aferra a Venezuela en el inicio de la legislatura

Un mes de Gobierno, dos plenos en el Congreso y los partidos empiezan a dar pistas del rumbo que tomará la legislatura. El Ejecutivo ha aprobado en sus primeros 30 días las primeras medidas sociales –subidas de las pensiones y del sueldo de los funcionarios así como el acuerdo para el incremento del salario mínimo– y planifica este trimestre en el que Pedro Sánchez ha apremiado a los ministros a actuar con rapidez en iniciativas que tengan efecto inmediato sobre los ciudadanos. Moncloa pretende que en el arranque del mandato quede claro que hay un gobierno nuevo con una impronta netamente de izquierdas.

Sánchez ha encargado a la vicepresidenta Carmen Calvo que planifique el primer año de actuación del Gobierno. “El calendario legislativo estará en pocas semanas aprobado por el Consejo de Ministros. Intentaremos tomar decisiones importantes, abundantes, planificadas y no perderemos ni un solo minuto de tiempo”, expresó en la comparecencia en el Congreso en la que expuso las líneas generales de su departamento que, como ministra de Presidencia y Relaciones con las Cortes, aglutina la coordinación del Ejecutivo.

El presidente había conminado a los ministros a acelerar la actividad legislativo lo máximo posible en su encuentro informal en la finca toledana de Quintos de Mora el pasado fin de semana, según fuentes presentes en aquella reunión. El Gobierno entiende que el país ha atravesado mucho tiempo de parálisis –ya no solo por el bloqueo político que condujo tanto al adelanto como a la repetición electorales, sino por la capacidad de veto que la mayoría de PP y Ciudadanos tuvo en el Parlamento la anterior legislatura en la que decenas de iniciativas se quedaron en el cajón.  

Ahora el Gobierno y los grupos parlamentarios que lo sustentan retoman esas medidas que irán aprobando en el Consejo de Ministros o presentando en el Congreso como proposiciones de ley. Las primeras iniciativas de calado social fueron la actualización de las pensiones conforme al IPC y la subida del sueldo de los funcionarios a través de sendos decretos ley ya convalidados en el Parlamento y que el Gobierno tenía preparados desde que estaba en funciones. Se trata de cuestiones prácticamente automáticas.

A por la legislación laboral

La gran victoria política del Ejecutivo en sus primeros días fue el acuerdo con sindicatos y patronal para la subida de Salario Mínimo Interprofesional a 950 euros mensuales. La coalición quiso escenificar la importancia de ese entendimiento, que marcará el inicio del pretendido diálogo social para futuros compromisos como la derogación de la reforma laboral, con una foto al máximo nivel en Moncloa en la que estuvieron presentes Sánchez y Pablo Iglesias, además de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y los representantes de CEOE-Cepyme y UGT y CCOO que unos días antes habían sellado el acuerdo y comparecido públicamente. 

En esa dirección se tomará la próxima decisión en el Consejo de Ministros del martes: la derogación del despido procedente por acumulación de bajas médicas. Es el primer elemento de la reforma laboral de Mariano Rajoy que dilapidará el Gobierno, que considera que hay consenso al respecto y que es lo más urgente. No obstante, CEOE plantea que los siete primeros días de esas bajas corran a cargo del Estado.  

El resto del calendario lo está perfilando la vicepresidenta Calvo, pero hay algunas leyes que no tardarán en llegar, como la reforma de la LOMCE, que Isabel Celaá tiene lista, ya que llegó a presentarla en el anterior mandato sin que el Parlamento culminara la tramitación, o la ley de cambio climático y transición energética, que está agotando los pasos administrativos previos a la presentación del anteproyecto en el Consejo de Ministros.

El grueso de las promesas del acuerdo de la coalición necesitan tener el sustento de los Presupuestos Generales del Estado que Sánchez aspira a tener aprobados antes de que termine el verano, aunque no los llevará al Congreso hasta tener los apoyos garantizados. Será también en ese trámite cuando el Ejecutivo apruebe las leyes para la creación de los nuevos impuestos con los que aumentar los ingresos del Estado para financiar el incremento del gasto social, entre ellos las tasas para los servicios digitales –tasa Google– o la banca así como los incrementos a determinadas sociedades y rentas altas. También está prevista para el primer semestre la ley antifraude.

Eutanasia y memoria histórica

Buena parte de la actividad legislativa de la coalición se llevará a cabo a través de los grupos parlamentarios. El PSOE ha marcado ya sus prioridades para el arranque de la legislatura con varias banderas de la izquierda. El grupo que pilota Adriana Lastra eligió la eutanasia como la primera proposición de ley que defendía en el Congreso. Tras quedar bloqueada en la tramitación parlamentaria en el anterior periodo, la normativa para regular el derecho a morir dignamente arrancó de nuevo el proceso con el respaldo de 201 diputados.

Es un debate en el que se siente cómodo el Gobierno y que además pone en dificultades a la oposición. A las primeras de cambio, el portavoz del PP, José Ignacio Echániz, dio a entender que el Gobierno quiere una ley de muerte digna para ahorrar en pensiones, unas declaraciones que ocuparon portadas digitales y minutos de tertulia y que no ayudan a recolocar al partido de Casado en el centro, por más proclamas que lance su líder.

Según la planificación de los socialistas, la siguiente propuesta que llevarán al Pleno será la reforma de la Ley de Memoria Histórica con la que pretenden impulsar las exhumaciones de víctimas de la guerra y el franquismo, acabar con las condecoraciones policiales como las del torturador Billy El Niño, anular las sentencias de los tribunales sumarios como la condena a muerte de Lluís Companys, la ilegalización de la Fundación Francisco Franco o la resignificación del Valle de los Caídos que incluye la expulsión de los monjes benedictinos, entre otros. Lastra también recordó la intención de reformar el Código Penal para, entre otras cuestiones, incluir el delito de apología del franquismo, una propuesta que genera debate entre los expertos. Acabar con la capacidad de veto del Senado al techo de gasto y con la reforma que pone un límite temporal a las instrucciones judiciales perjudicando las investigaciones por corrupción son las otras dos prioridades de los socialistas en el Congreso. 

Mientras la coalición va engrasando su funcionamiento y los nuevos ministros adaptándose a la maquinaria administrativa, la parte económica del Ejecutivo ha preparado el marco para los presupuestos –con una flexibilización del gasto del 3,8%– al tiempo que la previsión de crecimiento en España se reduce en dos décimas respecto a la anterior. El objetivo de paro previsto para este año, del 12,3%, se retrasa hasta 2023.

Pese a las reticencias que la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, provocaba a los de Iglesias por su doctrina más liberal, el entendimiento por ahora funciona bien. De hecho, en la parte de la coalición de Unidas Podemos recuerdan ahora que Calviño clavó las previsiones en 2019. 

El Gobierno ha tratado de diluir esas señales de desaceleración económica. Calviño atribuyó esa rebaja en las previsiones a la “prudencia”, mientras el Ejecutivo manda señales de que en todo caso España va a seguir creciendo por encima de la media europea. Y ha contado para ello con la involuntaria colaboración de la derecha del hemiciclo, que ha centrado todos sus ataques en la posición del Gobierno respecto a Venezuela copando todo el espacio mediático sin introducir ni un mensaje sobre la marcha de la economía.

La oposición deja pasar la ralentización

La primera sesión de control de la legislatura en el Congreso fue prácticamente un monográfico sobre el país caribeño a propósito del encuentro del ministro José Luis Ábalos con la vicepresidenta de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez. A pesar de que las explicaciones del secretario de Organización del PSOE tienen lagunas y no son convincentes por sus variadas versiones, salió vivo del Congreso. 

PP, Ciudadanos y Vox acusaron a Sánchez de estar sometido a Unidas Podemos respecto a la posición en Venezuela, a pesar de que Iglesias siempre ha sostenido que la política exterior la marcaría el presidente. No obstante, en el Ejecutivo sostienen que es un debate que no les pasa factura, aunque sí prevé modificar la posición que ha mantenido en el último año cuando Sánchez encabezó el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente interino. El cambio no será, sin embargo, radical ni drástico. 

Esa operación ha fracasado en tanto y cuanto no se ha cumplido el objetivo perseguido por la UE de que se convocaran elecciones en Venezuela. El propósito ahora de Sánchez –que se refirió a Guaidó como líder de la oposición a Maduro, aunque Moncloa asegura que mantiene el reconocimiento como presidente encargado– es mantener los lazos con Maduro al considerar que solo se logrará una solución a la crisis venezolana a través de unas elecciones en cuya convocatoria tienen que estar de acuerdo las dos partes.