El Gobierno asume que la suspensión de la licencia puede retrasar su plan para exhumar a Franco
El Gobierno asume que la decisión de un juez significado contra la memoria histórica de suspender la licencia urbanística del Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial para permitir la obra necesaria para sacar a Francisco Franco de su “tumba de Estado” en el Valle de los Caídos puede retrasar la salida de los restos, pero asegura que mantiene intacto su plan. No obstante, fuentes gubernamentales confían en que el asunto, que ha llegado a los juzgados a través de decenas de recursos, acabará unificado en manos de otro juez que rechazará impugnar la licencia, como ya ha sucedido con otros magistrados. Además, esas fuentes consideran que lo más probable es que la resolución favorable se produzca antes de que que se produzca la orden definitiva de exhumación por parte del Consejo de Ministros.
“El expediente de exhumación y posterior reinhumación de Francisco Franco continúa su curso”, asegura el Ejecutivo en un comunicado enviado horas después de conocerse el auto del juez José Yusty Bastarreche en el que suspende esa licencia concedida en noviembre. En Moncloa sostienen que esa decisión judicial no afecta “en absoluto” al procedimiento de exhumación en esta fase.
Una de las razones que esgrime el Ejecutivo es que el auto otorga tres días al Ayuntamiento para presentar alegaciones contra esa decisión: “Estamos convencidos de que, tras haber escuchado al Ayuntamiento y sus argumentaciones, el Juzgado dictará una resolución diferente tanto en la pieza de medidas cautelares como en la sentencia sobre el fondo”. “La resolución es un ejemplo de prevaricación ideológica para justificar unas cautelarísimas que no admite nadie”, señalan fuentes gubernamentales. Hay jueces que ya han rechazado algunos de los recursos presentados en cascada.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez se muestra seguro de que la Justicia le dará la razón para proceder a la exhumación de Franco, aunque admite que los procedimientos judiciales “podrían retrasar, en su caso, la fase final de ejecución material del acuerdo de exhumación”, pero recuerda que aún había llegado ese momento procesal sino que el Gobierno está a la espera de que la familia del dictador le haga llegar un lugar preferente para la reinhumación distinto a la cripta de la Almudena y que cumpla con criterios de seguridad, orden público y de respeto a la memoria histórica.
Además, el Ejecutivo sostiene que solo el Tribunal Supremo puede pronunciarse sobre el acuerdo adoptado hace un par de semanas por el Consejo de Ministros. “Los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo no son competentes para resolver sobre los acuerdos que adopta el Consejo de Ministros, sino el Tribunal Supremo”, argumenta Moncloa.
El Gobierno ataca duramente al “entorno del dictador Franco”, al que acusan de llevar a cabo un nuevo “ejemplo del obstruccionismo” que han llevado a cabo desde que Pedro Sánchez anunció su intención de sacar los restos del Valle de los Caídos en cumplimiento con una proposición que contó con el apoyo mayoritario del Congreso en 2017.
“Hasta la fecha nos constan 12 demandas judiciales (todas con idéntica fundamentación, pero presentadas por personas diferentes) reclamando la suspensión y anulación de las actuaciones urbanísticas acordadas por el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial en relación con la exhumación de Franco. De esas 12 demandas, en siete se han rechazado ya las medidas cautelarísimas y esta ha sido la única en la que el Juzgado ha admitido unas medidas cautelares urgentes en las que ni siquiera se ha escuchado a la otra parte”, reza el comunicado emitido por Moncloa.
“La finalidad de presentar multitud de demandas individuales con la misma fundamentación jurídica, en lugar de una sola, es clara: obligar a que sean muchos los Juzgados que deban conocer sobre este asunto, aumentando las probabilidades de que en alguno (como así ha ocurrido) se dé la razón a la parte demandante. La Abogacía del Estado está trabajando desde hace días en la acumulación de todos los procedimientos judiciales en uno solo para garantizar que exista un único pronunciamiento”, agrega el Gobierno.
El juez que ha decidido aceptar esas medidas cautelares se ha mostrado públicamente en contra de la ley de memoria histórica. “Representa el resquemor, el ansia de venganza y el odio de los vencidos en la guerra civil en estado puro”, escribió en 2007. Yusti Bastarreche se hizo conocido para la opinión pública cuando se opuso a la celebración de un acto en favor del derecho a decidir en Madrid.
Los argumentos que esgrime el juez Yusti Bastarreche para suspender la licencia se basan en un informe de dos arquitectos solicitado por la Fundación Francisco Franco. Además, sostiene que no hay motivo de “urgencia” para llevar a cabo la exhumación “del que fue jefe del Estado” de la basílica ya que lleva enterrado 44 años.
