Granados declara hoy por cuarto día ante el juez de Púnica

El exconsejero madrileño Francisco Granados declara hoy por cuarto día ante el juez del caso Púnica, al que aportó en la última ocasión unas facturas de la Consejería de Justicia que, según dijo, podrían ser falsas y habrían servido para pagar gastos electorales del PP.

Su última declaración ante el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón se produjo el pasado 15 de marzo, cuando entregó esas facturas de cuando Justicia la presidía su predecesor Alfredo Prada (2003-2008) y que, explicó, había encontrado en su casa.

Según le dijo al juez, no le había dado hasta ahora importancia a esos papeles, pero al revisarlos le extrañaron los conceptos que recogen y su hipótesis es que con ese dinero se pagaron gastos de publicidad electoral.

Esta fue la primera vez que Granados aportó documentación, cuando tras su declaración del 12 de febrero dijo que no la tenía: “Yo entro y salgo de los sitios con lo puesto”, aseguró a los periodistas después de comparecer ante el juez. Su casa fue registrada por la Guardia Civil en 2014.

El 15 de marzo el exconsejero, que estuvo en prisión dos años y medio por Púnica, también hizo unas breves declaraciones a los periodistas que le esperaban a las puertas de la Audiencia Nacional, afirmando que estaba dispuesto a “aclarar hasta las últimas consecuencias lo que se ha venido a mal llamar, la trama Púnica”

En su primera declaración del 12 de febrero, aseguró juez que había una campaña electoral “paralela” para financiar gastos de Aguirre, que era “ajena al Partido Popular, desde luego al nacional, porque el nacional aquí no pintaba nada, y ajena al PP de Madrid desde el punto de vista contable”.

Ese día, definió además a la expresidenta madrileña, Cristina Cifuentes, como “la persona, las manos, los oídos, en fin, la voz ejecutiva en el partido, del señor González”. A raíz de sus declaraciones, Cifuentes interpuso una querella contra él por injurias y calumnias.

Su segunda declaración ante García Castellón a petición propia se produjo el 27 de febrero, cuando negó haberse llevado dinero de donaciones al PP ni de comisiones de empresas por adjudicaciones.