Un juez apartado de Gürtel por su afinidad al PP presidirá la Audiencia Provincial de Madrid
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha nombrado este jueves al magistrado Juan Pablo González nuevo presidente de la Audiencia Provincial de Madrid. Este juez fue apartado de Gürtel porque el PP fue clave en algunos de sus ascensos y participó en varios cursos de FAES, la fundación de José María Aznar tradicionalmente vinculada a ese partido. Ha obtenido el apoyo de 11 de los 21 miembros del Pleno.
Juan Pablo González recaló en el tribunal de Gürtel, que aún tiene pendiente juzgar piezas como la caja B, tras una serie de cambios en la Audiencia Nacional. Las acusaciones pidieron apartarse por su cercanía al PP y la Fiscalía se mostró favorable con el argumento de que había perdido al “apariencia de imparcialidad”. En una votación ajustada, la Sala de lo Penal decidió apartarle del tribunal, como antes había hecho con otros dos jueces, Concepción Espejel y Enrique López.
De 2001 a 2008, el magistrado González fue vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Lo propuso la asociación mayoritaria y conservadora APM, pero resultó elegido con el apoyo del Partido Popular en una votación celebrada en el Senado.
En esa votación participaron “destacados miembros” del Partido Popular, responsable civil en el caso de los papeles de Bárcenas o caja B, que además tienen distintas vinculaciones con el caso Gürtel. Son Jesús Sepúlveda, imputado en la pieza principal. O Esperanza Aguirre, testigo en ese caso. Y Pío García Escudero y Luis Fraga Egusquiaguirre, ambos receptores confesos de fondos recogidos en la contabilidad paralela de Luis Bárcenas. También Tomás Burgos le votó, marido de una exdiputada fallecida y que estuvo imputada. En aquella votacion para el CGPJ, y con los mismos apoyos, resultó también elegido vocal Enrique López.
Entre 2012 y 2015, González desempeñó el puesto de magistrado de enlace en París. Un destino dorado para los jueces que llevó la firma de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, apunta la acusación de los socialistas valencianos. Su aterrizaje posterior en la Audiencia Nacional también está teñido de la influencia del PP. Su nombramiento para la Sala de lo Penal, así como las seis prórrogas en comisión de servicio son fruto de la mayoría de vocales a propuesta del partido en el Gobierno.
En la decisión sobre González también ha pesado que participó en diversos cursos de FAES, la fundación que lidera Aznar, entre 2003 y 2005 y que cobró 765 euros por ello.
El portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia, Ignacio González Vega, ha emitido un comunicado en el que critica el nombramiento de González porque manda “un mensaje demoledor a la carrera judicial al ser preferidos aquellos candidatos por sus afinidades políticas o de amistad frente a quienes de modo ininterrumpido han ejercido durante años y en exclusiva la labor jurisdiccional”.
Así, señala que otra de las aspirantes reunía más méritos. “es palmario y evidente que Mercedes del Molino reunía sobremanera los requisitos para acceder al puesto y con una experiencia acreditada en sus años en dicho tribunal. En frente, el candidato finalmente elegido que lleva menos tiempo destinado en la Audiencia Provincial, combinándolo además con los servicios especiales y la comisión de servicios en otro tribunal”.
“Este nombramiento supone un nuevo revés para la imagen de la Justicia por lo que pedimos nuevamente la dimisión de Carlos Lesmes, y la inmediata renovación del CGPJ”, concluye González.
