Pedro Sánchez desecha las presiones para romper con Unidas Podemos y refuerza a Pablo Iglesias en el Gobierno

El día que el Gobierno decretó el estado de alarma hubo ruido de destituciones. O al menos así lo reflejaron algunos periódicos, que durante horas dieron casi por segura la salida del Consejo de Ministros del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, por las diferencias en el seno del Ejecutivo sobre cómo afrontar la crisis del coronavirus y qué posición tendrían en su gestión las dos fuerzas de la coalición. Un mes después de que el Ejecutivo ordenara el confinamiento de casi toda la población española para intentar atajar la propagación de la COVID-19, el líder de Unidas Podemos no solo se mantiene en su puesto, sino que acumula más poder e influencia del que muchos pensaron que podría tener tras el fulgurante acuerdo que fraguó con Pedro Sánchez en una tarde tras las elecciones del 10 de noviembre.

Aquellos comicios, que parecen de otra época en las actuales circunstancias, no fueron bien para los líderes de las dos principales fuerzas progresistas de ámbito estatal. Tanto PSOE como UP bajaron en votos y escaños, mientras la derecha más ultra se convertía en la tercera fuerza parlamentaria y el PP de Pablo Casado recuperaba posiciones. La debilidad de Sánchez e Iglesias fue condición de necesidad para lograr lo que había sido imposible en el verano de 2019 (y, por dos veces, en 2016): un acuerdo para el primer gobierno de coalición desde la restauración democrática.

Nadie podía pensar durante la sesión de investidura de Sánchez que se celebró en pleno fin de semana de Reyes la situación en la que iban a estar en pocas semanas España, Europa y el resto del mundo. Tres meses y medio después de aquel Pleno, que terminó con Sánchez elegido presidente e Iglesias fundido en un abrazo con uno de sus más fieles escuderos en el partido, Pablo Echenique, el secretario general de Podemos se sienta en la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia, que controla los trabajos del CNI; en el Comité técnico de Gestión del coronavirus, que revisa cada día los datos y la estrategia contra la pandemia; y formará parte de la delegación del Gobierno que negociará los llamados “pactos de reconstrucción” que deberían sentar las bases de la salida a la crisis económica y social que ya asuela España a consecuencia de los estragos generados por el SARS-CoV-2.

Su exclusión de dichos pactos, e incluso su salida del Gobierno, se ha convertido en la última exigencia de la oposición para acceder a la propuesta de Pedro Sánchez de esos “pactos de reconstrucción” que en el Ejecutivo han dejado de llamar “de la Moncloa” para evitar precisamente que se comparen con los que se fraguaron en 1977, cuando se plantearon medidas económicas de signo opuesto a las que ahora se buscan. Con sus últimas decisiones, Pedro Sánchez está mandando el mensaje de que no aceptará ese cambio de cromos.

En su comparecencia ante los españoles este mismo sábado, en la que Sánchez anunció que se permitirá salir a los niños de forma controlada a partir del 27 de abril, el presidente insistió en la unidad del Gobierno y dijo que ningún grupo le ha reclamado un cambio en la composición del Ejecutivo. Y añadió: “Tampoco hubiera dejado que me lo planteen. Quiero decir con esto que el Gobierno que lidera España desde hace muy pocos meses lo está haciendo con una unidad de acción, una generosidad, responsabilidad y un compromiso respecto a la sociedad española absoluto, más allá de las cuestiones que salgan en los medios de comunicación”.

En el Gobierno creen que Casado no tiene intención de sumarse a los pactos, que apoyan la mayoría de los españoles, y que los utilizará para debilitar al Ejecutivo, aunque en Moncloa también consideran que esa actitud puede pasarle factura a la larga al líder de la oposición, sobre todo en contraste con lo que están haciendo los líderes de los grandes partidos que no gobiernan en Europa.

El plan de Sánchez e Iglesias pasa por insistir en la necesidad de esos grandes acuerdos políticos para afrontar el día después cuando por fin se ponga en marcha la desescalada. Así se verá, por ejemplo, la semana que viene en la sesión de control en el Congreso. Sánchez lleva semanas evitando la confrontación directa con el PP y reiterará, como hasta ahora, su vocación de mano tendida al principal partido de la oposición, que de momento ha evitado acudir a la llamada del presidente y ha postergado la conversación con Sánchez a esta semana. Iglesias pretende seguir la misma tónica dado que el vicepresidente segundo recibirá preguntas e interpelaciones de todo el espectro parlamentario, desde el PNV a Vox, pasando por el PP y EH Bildu.

Su protagonismo en el Parlamento también se ha incrementado en las últimas fechas, máxime con la ausencia obligada de la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, que todavía se está recuperando de la COVID-19. Con la dirigente socialista fue con la primera con la que chocaron los ministros de UP. Fue a raíz de la ley del solo sí es sí y su aprobación en la semana del 8M. Y fue el primer triunfo de la parte pequeña del Gobierno: la ministra de Igualdad, Irene Montero, llevó su proyecto al Consejo de Ministros el 3 de marzo, pese a los intentos de Calvo por impedirlo, lo que le valió la desaprobación de Pedro Sánchez.

No obstante, aquel primer desencuentro que se trasladó a la opinión pública obligó a PSOE y Unidas Podemos a convocar por primera vez la mesa de seguimiento del pacto para establecer cómo pulir las discrepancias. En aquella reunión, los socialistas dejaron claro a sus aliados que Calvo es quien coordina la actuación de todos los ministerios. Pese a las desavenencias, en Unidas Podemos son conscientes de que la vicepresidenta primera aglutina un gran poder como ministra de la Presidencia.

No obstante, desde entonces y como ya había ocurrido anteriormente, Sánchez e Iglesias gestionan cara a cara los acuerdos y desacuerdos. O a través de sus principales colaboradores, Iván Redondo y Juan Manuel del Olmo, respectivamente.

En aquellas semanas se gestó también la entrada de Iglesias en la comisión que controla al CNI. Un puesto más administrativo que operativo, pero que normaliza la posición de Unidas Podemos dentro de la coalición y sienta un precedente para el futuro. Y que retrotrae a 2016, cuando las relaciones entre Iglesias y Sánchez parecían irreconciliables. Entonces, al lado de los líderes estaban Antonio Hernando o Jordi Sevilla, por un lado; e Íñigo Errejón, por el otro. Durante todos estos años, los socialistas siempre han reprochado a Iglesias aquella rueda de prensa en la que hizo una propuesta de Gobierno de coalición mientras Sánchez estaba reunido con el jefe del Estado en la que repartía puestos para los miembros de Unidas Podemos y se arrogaba para él, como vicepresidente, la gestión del CNI.

El estallido de la crisis del coronavirus no ha limitado los roces dentro del Gobierno. Ya desde el principio fueron patentes las diferencias de diagnóstico. El ala del Consejo de Ministros que lidera Iglesias planteó la necesidad de prepararse ante lo que estaba ocurriendo en Italia. Semanas después, intentaron sin éxito que se pospusiera el regreso a la actividad económica no esencial tras el parón decretado por el Ejecutivo. Enfrente, Calvo y la vicepresidenta tercera, Nadia Calviño, impusieron su criterio en el Gobierno.

Fue la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, la primera que ofreció una herramienta oficial para la gestión de la epidemia, en este caso con una guía en su ámbito, el laboral. Lo hizo por su cuenta y la reacción de la mayoría de los medios de comunicación, de la oposición, de la patronal e incluso de los sindicatos fue la de acusar de alarmista a Díaz. Incluso la Presidencia del Gobierno lanzó un comunicado que sonó a desautorización de su ministra. Sería la última. Corría la primera semana de marzo y menos de 10 días después Sánchez anunciaba a los españoles el estado de alarma y el confinamiento. Desde entonces, el presidente ha inclinado siempre la balanza hacia su ministra de Trabajo.

En todas las decisiones posteriores del Consejo de Ministros se ha producido un duro debate. Para limitar los desahucios, aprobar la moratoria hipotecaria, restringir los despidos, facilitar los ERTE o promover ayudar al alquiler. Y en Unidas Podemos están muy satisfechos porque consideran que, pese a que la mayoría, obviamente, la detenta el PSOE, han logrado algunas victorias programáticas.

El partido de Iglesias ha hecho de la presión exterior su principal baza para arrancar algunas de las medidas que considera imprescindibles para lograr una salida de la crisis diferente a la iniciada en 2008 y que supuso, en sucesivas oleadas, recortes en todos los ámbitos sociales, incluida la sanidad pública que ahora es aplaudida cada tarde desde los balcones y para la que todos los partidos reclaman una mayor financiación.

Esa “presión exterior” se logra a través de la filtración a los medios de las posiciones y debates que se producen en el seno del Gobierno. Esa estrategia irrita en Moncloa dado que el gabinete del presidente y los distintos departamentos ministeriales se encuentran a menudo con informaciones publicadas sobre medidas que no se han decidido. El malestar lo dejó patente públicamente la portavoz, María Jesús Montero, esta semana. “No me gusta anticipar ninguna cuestión que no esté determinada, que no esté cerrada y que el Gobierno conozca en su totalidad”, expresó sobre el Ingreso Mínimo Vital en un claro mensaje a sus socios de Gobierno.

Un ejemplo de esa presión ocurrió en la negociación del real decreto de los alquileres, que enfadó y mucho a los representantes socialistas. El ministro competente, José Luis Ábalos, había defendido en semanas anteriores algunas de las posiciones de Iglesias. En este caso no lo hacía y se vio en medio del fuego cruzado entre Calviño e Iglesias.

En Unidas Podemos, con todo, defienden que el secretario de Organización del PSOE es un político y que sabe que negociar es ceder posiciones al otro. Por eso, dicen, aunque el real decreto de los alquileres está lejos de lo que planteaban los de Iglesias no se acerca tampoco a las posiciones que defendía la responsable económica del Gobierno.

Otro de los principales aliados de Unidas Podemos en el Consejo de Ministros ha sido José Luis Escrivá. El responsable de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones defiende una respuesta expansiva a la crisis, que el gasto público sea la palanca sobre la que tracciones la recuperación económica y social. Y el Ingreso Mínimo Vital es una de las herramientas diseñadas para ello.

La gestación de ese IMV ha supuesto la última bronca en el seno del Gobierno. El adelanto de la medida a mayo ha sido otro triunfo para las tesis de Iglesias, aunque en su entorno reconocen haberse dejado muchas plumas en la refriega. Como ha venido ocurriendo en las últimas semanas, fue una conversación directa entre los líderes de los dos partidos que forman el Ejecutivo lo que zanjó el problema, pese a las reticencias de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y del propio ministro Escrivá.

Este sábado, Sánchez ratificaba su compromiso con el IMV: “En el discurso de investidura planteamos el Ingreso Mínimo Vital y que lo vayamos a poner en marcha es un ejemplo de compromiso de este Gobierno de coalición progresista para no dejar a nadie atrás y de un ejercicio de trabajo en tiempo récord”.

De esa conversación entre ambos dirigentes surge también la inclusión de Unidas Podemos en el comité técnico de seguimiento de la COVID-19. El órgano que, de facto, se ha convertido en el que toma las decisiones diarias e inmediatas del Gobierno y que no contaba con presencia de la parte pequeña de la coalición. Desde esta semana, los cuatro vicepresidentes formarán parte de esta comisión. Iglesias, que peleó sin éxito por ser una de las autoridades delegadas tras la proclamación del estado de alarma, ha entrado finalmente en el núcleo de gestión de la crisis del coronavirus.

En abril de 2016, Pablo Iglesias entrevistaba en su ya extinto programa Otra vuelta de Tuerka a un asesor político por entonces desconocido para la gran mayoría: Iván Redondo. La hoy mano derecha del presidente expuso durante una hora la teoría comunicativa que ha desplegado junto al secretario general socialista.

Redondo, que utiliza como ejemplo de sus tesis el “ajedrez aleatorio” que inventó el maestro Bobby Fischer, regaló a su anfitrión un peón blanco y un consejo: “Cuando llega hasta la casilla ocho puede transformarse en cualquier pieza. Es lo bonito del peón”.