El ocaso de Ignacio González: de mano derecha de Aguirre a enfrentarse a ocho años de cárcel por corrupción

La caída en desgracia del todopoderoso Ignacio González, el escudero de Esperanza Aguirre durante la década larga en la que ambos manejaron muchos hilos en la Comunidad de Madrid y su heredero cuando la presidenta decidió dejarlo, ha sumado esta semana otro episodio. La Fiscalía Anticorrupción pide para él ocho años de cárcel por el supuesto saqueo del Canal de Isabel II, la empresa pública encargada de suministrar agua a todos los madrileños que presidió entre 2003 y 2012 al tiempo que era vicepresidente regional. 

Este caso fue el que le hizo cambiar durante casi siete meses de 2017, entre abril y noviembre, su chalé en el acomodado barrio de Aravaca por una celda de la prisión de Soto del Real. Pero su carrera política se había truncado dos años antes, en marzo de 2015, cuando Mariano Rajoy eligió a Cristina Cifuentes para liderar la candidatura del PP a la Comunidad de Madrid en las elecciones de dos meses después. González era entonces presidente porque Aguirre le había legado ese puesto sin pasar por las urnas, pero la dirección nacional del partido no le permitió optar a revalidarlo. Rajoy tenía tres nombres para dos sillas, las candidaturas al ayuntamiento y a la comunidad, y toleró que Aguirre fuera la cabeza de cartel en el Ayuntamiento pero sacrificó a González para colocar a Cifuentes de candidata a la Comunidad. 

El delfín de la presidenta ya se enfrentaba en ese momento a una investigación sobre si había comprado su ático de lujo en Estepona (Málaga) con todas las de la ley o había sido un soborno en especie. Tras una instrucción de varios años, la Fiscalía pidió el pasado diciembre el archivo de la causa al considerar “agotadas” las posibilidades de seguir con la investigación, que está a punto de cumplir el plazo que marca la ley. González siempre ha defendido que alquiló el inmueble en 2008 a una sociedad del testaferro profesional Rudy Valner y que finalmente se la compró en 2012. 

En otra causa, la que ahora lo sitúa al borde del banquillo, la Fiscalía le atribuye fraude a la Administración en concurso con malversación por la compra “inflada” de la sociedad brasileña Emissão para repartirse comisiones. El perjuicio económico al Canal podría haber alcanzado los 9,7 millones de euros. La compra de esa empresa, que se supone que abría las puertas del Canal al mercado brasileño, se cerró por 31 millones de dólares, pero su valoración cayó al poco tiempo hasta los cinco millones. 

La investigación ha revelado, además, que González habría sacado más tajada que sus colaboradores en un reparto de comisiones que supuestamente él mismo se encargó de hacer: mientras fijó para sí mismo una mordida de 1,8 millones de dólares, reservó para los otros cuatro imputados 900.000 dólares por cabeza. Entre los que supuestamente recibieron mordidas está Edmundo Rodríguez Sobrino, testaferro confeso de González en esta operación y su hombre fuerte en Latinoamérica.  

“Él quiere tener ingresos”

La obsesión de González con el dinero la verbalizó Rodríguez Sobrino en una conversación con la exdirectora financiera del Canal de Isabel II María Fernanda Richmond, también procesada en esta causa, que fue interceptada por la Guardia Civil. “Él quiere tener ingresos, tener ingresos, tener ingresos, tener ingresos.... Y le digo: Nacho, tranquilízate, pasa desapercibido”, dice Rodríguez Sobrino a su interlocutora, según reveló El País. Esa charla tuvo lugar el 4 de octubre de 2016, medio año antes de que estallara el caso que llevó a los tres a la cárcel como presos preventivos. 

Entonces, González todavía alardeaba en conversaciones interceptadas por los agentes de que poseía y usaba de forma habitual un coche de lujo marca Lexus  que los investigadores no encontraron ni en los registros ni en los seguimientos y que no está ni a su nombre ni al de su mujer, Lourdes Cavero. El juez Eloy Velasco, entonces instructor del caso, acordó en el verano de 2017 poner a disposición de los investigadores un Smart Fortwo Coupé, un utilitario que comercializa Mercedes, y un BMW 330 D que la pareja sí tenía a su nombre. 

González también hacía gala, según las escuchas que constan en el sumario de Lezo, de su gusto por las subastas de artículos de lujo como relojes Rolex y Breitling. De ahí que en la citada conversación entre Rodríguez Sobrino y Richmond esta última dijera que la situación patrimonial del expresidente regional “no aguanta justificaciones”.

Richmond se preguntaba cómo González, que estaba ya fuera de la política, mantenía ese nivel de vida -contaba, según sus palabras, con dos personas de servicio y su hija estudiaba en una universidad privada- con los 4.500 euros que le pagaba el diario La Razón por sus colaboraciones.  A lo que Rodríguez Sobrino apuntaba que uno de sus posibles ingresos era “el dinerillo B que haya por ahí”. En septiembre de 2018 González pidió reincorporarse a su plaza de funcionario en el Ayuntamiento de Madrid, donde entonces gobernaba Manuela Carmena. Para encontrarle un puesto que se acomodara a su categoría de funcionario, el Gobierno de Ahora Madrid tuvo que cuadrar un puzle. Al final, se recolocó como consejero técnico en la Subdirección de Apoyo Jurídico. 

La imputación en Púnica 

Precisamente un año después, en septiembre de 2019, la corrupción le estalló de nuevo con su implicación en el caso Púnica, otro sumario que investiga amaños de contratos, mordidas y adjudicaciones ilegales en distintas administraciones, la mayoría en manos del PP. Más de dos décadas después de empezar a trabajar juntos en el Ministerio de Educación en el Gobierno de José María Aznar, González comparte imputación con Aguirre en esta causa. Los investigadores atribuyen al expresidente un papel decisivo en la maquinaria supuestamente puesta en marcha bajo el mandato de Aguirre (2003-2012) para desviar el dinero de los madrileños hacia las cuentas del Partido Popular de la Comunidad de Madrid. 

El sumario de ese caso lo sitúa en una reunión que se considera clave en el sistema de financiación irregular del PP madrileño y en la que también habrían estado presentes la propia Aguirre y su otro gran colaborador, Francisco Granados, con el que González mantiene una declarada enemistad de años. En sus declaraciones en sede judicial, tanto Aguirre como González descargaron toda la responsabilidad sobre los asuntos de carácter económico en el que fuera gerente del PP regional Beltrán Gutiérrez y negaron la existencia de una caja b en la formación. Y eso a pesar de las altas responsabilidades que ambos ocuparon en los años en los que estuvieron en la primera línea política.