El juez sostiene que Indra camufló como asesorías de comunicación fondos para las campañas del PP madrileño
Indra fue un “instrumento de desvío de fondos públicos”. Esa contundente frase la escribió en su último auto el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón para imputar a Esperanza Aguirre y decenas de investigados, entre los que se encuentra la propia compañía y su cúpula de entonces. La compañía camuflaba este desvío de fondos bajo supuestos trabajos de asesoría sobre su presencia en medios.
La compañía del Ibex, a la que se le atribuye un delito continuado de cohecho, se convirtió durante los años de la Púnica en la Comunidad de Madrid en una herramienta para hacer llegar el dinero público, procedente de la empresa pública ICM, adscrita a la Comunidad de Madrid y que llegó a tener más de 155 millones de presupuesto anual, a la financiación irregular de las campañas electorales del PP madrileño. De Indra, apunta el escrito: “Por tal razón se vería favorecida especialmente en las adjudicaciones del ente”.
El funcionamiento, según figura en el auto del juez, era el siguiente: Indra era uno de los principales adjudicatarios de contratos de ICM, que le otorgaba trabajos con “presupuestos inflados”, y la multinacional dirigía ese excedente a abonar facturas de empresas, siguiendo las instrucciones de la cúpula del PP. Estas sociedades figuran en el entramado de la Púnica y realizaban trabajos de campaña para el partido de Esperanza Aguirre que no figuraban en la contabilidad oficial.
Estas facturas, “mendaces” según el auto, tenían conceptos “que no eran reales”. Por ejemplo, supuestos trabajos para asesorar sobre comunicación a la multinacional: “Asesoría en comunicación para la presencia de Indra en medios de comunicación durante el segundo semestre en 2007” y “Asesoría en comunicación para la presencia de Indra en medios de comunicación durante el segundo semestre de 2008”. Así figura en dos facturas abonadas en 2008 por Indra por un valor conjunto de 100.000 euros a Swat, empresa ligada a los imputados Óscar Sánchez Moyano y Juan Miguel Madoz, uno de los cerebros de las campañas electorales del Partido Popular.
Esta compañía daba servicios a mítines del PP madrileño que el gerente, Beltrán Gutiérrez, no incluía en la contabilidad.
El mismo tipo de facturas se repitió también en 2010, en 2012 y 2013. En estas tres ocasiones la beneficiaria fue Formaselect Consulting, ligadas también a esos empresarios. En el primero fue por un importe de 250.750 euros en facturas que recogían servicios que, según el juez, nunca se prestaron. En 2012 el importe se incrementó “llamativamente” y se alcanzaron los 566.497,58 euros. En 2013 se abonaron 121.000 euros. En todos los casos por servicios que “nunca se realizaron”, escribe el auto judicial.En total, entre 2008 y 2013 estos pagos de Indra alcanzaron los 1,13 millones.
El juez incide en que este mecanismo era el empleado para “transvasar los fondos de las cuentas de ICM a las de los investigados”. Una vez el dinero se daba a Formaselect Consulting SL, la sociedad pagaba facturas a terceras empresas como Sintra Consultores SL, Braveheart Management SL, Swat SL, Pamaz Imagen SL, The Cell Core SL, y Strat Map SL, todas ligadas a Sánchez Moyano y Madoz. De nuevo, todas estas facturas tenían conceptos falsos.
Diversos mecanismos
Pero todas estas facturas “espurias” no eran el único mecanismo por el que Indra participaba como “instrumento de desvío del dinero público” hacia el PP. Se deben sumar los pagos en efectivo, como el realizado por el directivo de Indra Santiago Roura al empresario Alejandro de Pedro, que se encargaba de realizar trabajos para mejorar la reputación en Internet de algunos dirigentes del PP. Entregó 10.000 euros en el interior de un coche en un aparcamiento de La Moraleja en 2014.
A esto también se añaden los pagos desde Indra a Eico, empresa del propio De Pedro, en 2011, como un nuevo “mecanismo de remuneración irregular”. Estos trabajos fueron trazados, según el auto, por el consejero delegado de ICM, José Martínez Nicolás, “en connivencia con Isabel Gallego –exdirectora general de medios de la Comunidad– y Salvador Victoria –exconsejero de Presidencia–”, que como tal era el presidente de la empresa pública. ICM adjudicaba unos contratos a Indra que en último término servían para costear los trabajos de reputación personal que Eico realizaba para Ignacio González, Borja Sarasola, el propio Victoria o Esperanza Aguirre. “El plan contempló la adjudicación a Indra, aceptando sus directivos trasvasar fondos públicos desde las cuentas de ICM para pago de los trabajos de Alejandro de Pedro y José Antonio Alonso”, subraya el escrito del juez.
En todo este ir y venir entre ICM e Indra tenía un rol “decisivo” el presidente de las mesas de contratación de la empresa pública, Silvano Corujo. Éste que durante un tiempo figuró en algunos medios de comunicación como un directivo de ICM arrepentido, aparece en el auto como el responsable de la denuncia ante la Fiscalía Contra la Corrupción y la Delincuencia Organizada de estas prácticas. Uno de estos contratos adjudicados a Indra fue el de iniciativas de gobierno abierto en las redes sociales de Madrid.org entre 2011 y 2012 por un importe de 202.844,36 euros. Tras esta adjudicación Corujo instó a Indra a contratar a Eico, simulando una consultoría.
Debido a todo esto, el juez ha imputado también al presidente de la compañía por aquel entonces, Javier Monzón, actual presidente no ejecutivo de Prisa. Entiende que él, junto con el exconsejero de Indra Javier de Andrés o Santiago Roura, exdirector general de operaciones, tuvieron una “participación activa” y que “intervinieron directamente” en las decisiones de realización de dinero en efectivo a quien se les indicaba desde el PP. El auto remarca que la multinacional española “no tenía previsto protocolo alguno dirigido a evitar la comisión de hechos delictivos”.
