Un escándalo de contratos en el Instituto de Previsión Social de Paraguay llega a la Fiscalía

El Gobierno paraguayo llevó ante la Fiscalía la presunta licitación irregular del servicio de seguridad del Instituto de Previsión Social (IPS), destapada tras el supuesto intento de soborno a un periodista para frenar las informaciones sobre el caso, que salpicó además a un senador opositor.

La denuncia, anunciada hoy a los medios por el presidente Mario Abdo Benítez, se produce dos días después de que el periodista del diario ABC Color Juan Carlos Lezcano pusiese en conocimiento del Ministerio Público un supuesto intento de soborno por parte de Security Service Technology (SST), empresa que la semana pasada se hizo con la licitación de la seguridad del IPS.

El contrato, que asciende a 140.000 millones de guaraníes (22,2 millones de dólares), fue suspendido tras conocerse el escándalo y la Seguridad Social llamará a un nuevo concurso público.

Abdo Benítez no descartó cesar al titular del IPS, Armando Rodríguez, si una vez concluida la investigación se aprecia algún “indicio” de que “haya sido cómplice de la manipulación” de la licitación.

El líder de la mayor formación opositora, el Partido Liberal, Efraín Alegre, exigió este miércoles la destitución de Rodríguez y todos sus consejeros.

La empresa de seguridad habría pagado 40 millones de guaraníes (unos 6.300 dólares) al periodista, según su versión, para que “desinflase” las informaciones sobre las irregularidades del contrato.

El pago, grabado en vídeo por el comunicador, se realizó a través de la responsable de la firma de comunicación encargada de la publicidad de SST, María Luz Peña, quien confirmó haberle entregado ese dinero, pero negó que fuera un soborno, sino un “adelanto” de su sueldo como colaborador independiente de su empresa, según relató ella misma a una radio local.

La compañía de seguridad calificó de “absolutamente falsa” la denuncia realizada por el comunicador.

El caso salpicó además al senador liberal Dionisio Amarilla, quien según el relato de Lezcano, utilizó sus influencias para poner en contacto en una reunión previa al periodista con Peña y el hijo de un exdiputado oficialista, Óscar Chamorro, vinculado con la empresa de seguridad, según la misma como su abogado.

Alegre instó a los senadores de su partido a que iniciaran en la Cámara Alta el proceso de pérdida de investidura de Amarilla y pidió su expulsión del partido.

Sobre el posible apoyo de los senadores afines a Abdo Benítez a esa pérdida de investidura, el presidente afirmó que su caso debería ser investigado por la Justicia y que para ello es necesario el desafuero, pero no la expulsión de la Cámara.

No obstante, su bancada fijará una postura la próxima semana.