Interior tejerá una red de confidentes para combatir los delitos de odio
El aumento de los delitos de odio en España y del número de colectivos afectados son los motivos por los que el Ministerio del Interior ultima un “plan de acción” para luchar contra esta problemática. Entre las medidas que incluye el borrador, al que ha tenido acceso eldiario.es, se incluye una orden a las Fuerzas de Seguridad para que tejan una red de “testigos prioritarios” que ayuden a los agentes a prevenir o identificar a los autores de los delitos que tienen detrás una discriminación racista, ideológica o por orientación sexual, entre otras.
En el año 2017, último sobre el que hay datos completos, se produjo un ascenso del 11,6% en los delitos de odio respecto del ejercicio anterior. En total, en España se registraron 1.419 delitos e infracciones administrativas catalogadas como tal en todo 2017. Se trata del quinto año en el que se contabilizan estos tipos de delito.
Según los datos de Interior (ver gráfico), los delitos por racismo y xenofobia son los más numerosos (524), seguidos de los cometidos con un componente ideológico (446) y, en tercer lugar, los que conllevan una discriminación por orientación sexual (271). Los que más crecieron en 2017 son los que atentan contra la libertad religiosa, que se duplican, pasando de 47 en 2017 a 103.
El plan que ultima Interior se basa en cuatro ejes: formación de las Fuezas de Seguridad, prevención del delito, atención a las víctimas y una “respuesta eficaz y con rigor” ante la citada tipología. Es el segundo apartado, el de la prevención, el que recoge la “creación de una red de testigos prioritarios”. Se trata, dice el documento, de captar a taxistas, porteros de locales nocturnos o miembros de la seguridad privada que deberán informar de “establecimientos, situaciones o espacios horarios donde determindos colectivos pueden verse especialmente inseguros o en situaciones de riesgo”.
En este plano operativo, Interior prevé crear una base de datos, de uso común para las Fuerzas de Seguridad del Estado, donde los agentes encuentren información sobre la “simbología” de los grupos radicales que están detrás de una parte de los delitos de odio, ya sean racistas, homófobos, antisemitas o musulmanófobos, según el borrador que la Secretaría de Estado de Seguridad ha remitido a Policía y Guardia Civil. El plan de acción amplía y proyecta el Protocolo para las Fuerzas de Seguridad que Interior aprobó en 2014.
En el ámbito de la prevención, el Ministerio del Interior pone el acento en la identificación de este tipo de delitos. Para conseguirlo creará una “encuesta de inseguridad” a quienes han sido víctimas de delitos de odio. Igualmente, los gabinetes de prensa con los que cuentan el propio Ministerio y las Fuerzas de Seguridad recibirán la directriz de proporcionar a los medios de comunicación “información veraz, oportuna y clara” sobre los delitos de odio. Los perfiles en las redes sociales de Policía o Guardia Civil realizarán a su vez campañas de “sensibilización”.
También en Internet, pero en la dirección contraria, la Oficina Nacional de Delitos de Odio, que opera en el seno del Ministerio del Interior, alertará a los proveedores de servicios de Internet contra los contenidos que pudieran incurrir en esta tipología, siempre cuidándose de no afectar a investigaciones judiciales en curso. Es la citada Oficina Nacional quien impulsa y supervisará el plan contra los delitos de odio. La Secretaría de Estado de Seguridad reunirá cada seis meses a los responsables nacionales y por autonomías de cada Cuerpo en la materia.
Cuando una persona insultada o agredida por su condición sexual o por el color de su piel se presente en comisaría a denunciar encontrará una “denuncia tipo” que facilite el arranque de la actuación policial. En los informes que se publiquen anualmente, dentro de los delitos racistas habrá un apartado dedicado al “antigitanismo”, como establece la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
En el ámbito de la formación, Interior va a incluir en los planes de estudios de las academias de Policía y Guardia Civil “contenidos curriculares específicos sobre protección de derechos humanos y rechazo a los delitos de odio”. El próximo curso deberá contar ya con esos contenidos confiriendo especial importancia a la recepción de la denuncia, con el objetivo de que el agente sepa identificar un delito de odio en el momento en el que la víctima se dirige a él. Un procedimiento de análisis de riesgo facilitará al policía conocer si está ante un delito de odio.
El seguimiento de cursos online por los agentes será valorado en los procesos selectivos y para su elaboración se prevé contar con los colectivos de víctimas y profesionales del tercer sector. En el cuarto trimestre de 2019, los policías que ya acuden a los centros escolares para mejorar la seguridad en los mismos y sus entornos incorporarán material didáctico para los alumnos que aluda a los delitos de odio. En las reuniones con los profesores y las asociaciones de padres se introducirán los riesgos y los métodos para “identificarlos y atajarlos”.
Desde 2014, los teléfonos móviles con acceso a Internet cuentan con la posibilidad de instalar una aplicación, Alertcops, que agiliza el trato de los ciudadanos con las Fuerzas de Seguridad. La aplicación tiene con distintas pestañas para advertir, ya sea como víctima o como testigo, de posibles delitos de tipologías muy características y diferentes entre sí, como el yihadismo o el acoso escolar. A partir de la entrada en vigor del plan de Interior, los delitos de odio tendrán un “botón específico” en Alertcops.
El plan menciona en varios apartados a las personas con discapacidad intelectual. Los centros policiales, por ejemplo, contarán con material didáctico que permita a estas personas completar su denuncia. Interior prevé destinar 472.500 euros a la implantación del Plan Nacional contra los Delitos de Odio.
El plan, de 24 páginas, dedica un párrafo al trato incorrecto que puedan dar los miembros de las Fuerzas de Seguridad a las víctimas de los delitos de odio. La Secretaría de Estado de Seguridad implantará “un nuevo código” en el que se puedan concretar, “de forma expresa”, cualquier posible queja. El plan no aborda los posibles casos de discriminación en el seno de los cuerpos policiales.
