Betancor participó en la JEC en cientos de resoluciones y en varios recursos presentados por Ciudadanos

Andrés Betancor estuvo menos de dos años como vocal en la Junta Electoral Central (JEC) –de octubre de 2017 a julio de 2019–, un periodo corto pero intenso en el que el máximo órgano electoral afrontó hasta cuatro elecciones que se convocaron en ese lapso de tiempo: generales, autonómicas y municipales, y europeas.

En esos meses Betancor participó en cerca de medio centenar de reuniones convocadas por la JEC mientras compatibilizaba ese cargo con su puesto de asesor en Ciudadanos con sueldo y despacho, tal y como ha desvelado eldiario.es. En esos 48 encuentros el organismo adoptó un total de 744 acuerdos, entre ellos varios relativos a recursos que presentó Ciudadanos, el partido que le pagaba como asesor jurídico. Aunque no todos tuvieron la misma enjundia.

Betancor fue uno de los vocales que votaron a favor de un recurso presentado por Ciudadanos y el PP para que Carles Puigdemont –huido de España– no pudiera concurrir a las elecciones europeas. Este hecho llevó al expresident a querellarse contra él y contra otro miembro de la JEC, Carlos Vidal, a los que atribuyó una “persecución política en toda regla” contra el independentismo. Además de Puigdemont, la JEC también prohibió que lo hicieran Toni Comín y Clara Ponsatí alegando que no estaban inscritos correctamente en el censo.

Aquella votación se dirimió por siete votos contra cuatro, evidenciando la división del organismo. La reunión, según testigos del momento, fue muy tensa y en ella Betancor se enfrentó al presidente de la JEC, el magistrado Segundo Menéndez, partidario de que Puigdemont sí pudiera concurrir en aquellas elecciones. Betancor logró imponerse pero la decisión de la JEC, muy celebrada por Ciudadanos, acabó siendo revocada por el Tribunal Supremo y el Constitucional. Ahora, tras conocerse que estaba a sueldo de Ciudadanos, tanto Torra como Puigdemont han anunciado que presentarán una querella contra él.

La actividad de la Junta Electoral Central también se incrementó en las semanas previas a las elecciones catalanas de diciembre de 2017. La convocatoria de esos comicios fue una de las primeras medidas que tomó el Gobierno de Mariano Rajoy para poner en marcha el artículo 155 de la Constitución.

Recursos de Cs contra TV3 y Catalunya Ràdio

Por ejemplo, Ciudadanos recurrió en varias ocasiones a este organismo para censurar la actividad de TV3, Catalunya Ràdio y la Agencia Catalana de Noticias. De hecho, Arrimadas llegó a proponer que fuera la JEC quien velara por la “imparcialidad” y la “neutralidad” de los medios públicos después de que el Ejecutivo no incluyera su control en el paquete de medidas de intervención de la autonomía catalana puestas en marcha al amparo del 155. La JEC no tomó el control de los medios públicos catalanes pero, a instancias de Ciudadanos, sí criticó la cobertura del ente y le conminó a ser escrupuloso en sus informaciones electorales.

En una resolución del 24 de noviembre de 2017, estimó parcialmente el recurso de Ciudadanos a una resolución anterior de la Junta Provincial de Barcelona y concluyó que la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals de Cataluña había sido “negligente” a la hora de velar por los principios de “igualdad” y de “neutralidad informativa” con los que deben actuar los medios de comunicación de titularidad pública según establece la ley electoral. También les prohibió que emplearan expresiones como “Gobierno en el exilio” o la “lista del President” y les criticó por generar “confusión” entre la “realidad jurídica” y “otra pretendida realidad”.

En esa misma reunión, la JEC –también tras un recurso de Ciudadanos– afeó la cobertura de los medios públicos catalanes de una manifestación en favor de la liberación de los 'jordis'. El máximo órgano electoral criticó que TV3, que retransmitió en directo y de forma íntegra esa marcha, proyectara la idea de que había un “apoyo masivo” a una manifestación “inequívocamente partidista” y que trasladara que su mensaje era de “acierto” y “bondad”.

Ciudadanos también buscó que el organismo que vela por el buen funcionamiento de los procesos electorales obligara a la Compañía da Radio Televisión de Galicia (CRTVG) a incluirles en la cobertura de las generales de abril de 2019. La Junta Electoral Provincial de A Coruña les dio razón de manera parcial en plena campaña electoral: aunque no anuló el “plan de cobertura” sí determinó que no garantizaba los principios de “pluralismo político, igualdad y proporcionalidad” y estableció que Ciudadanos tenía derecho a “medidas compensatorias”. La JEC, con Betancor de vocal, ratificó esa decisión días después al desestimar un recurso de la CRTVG.

En defensa de Arrimadas

El asesor jurídico de Ciudadanos también fue el autor de un polémico voto particular frente al acuerdo de la Junta Electoral Central que censuró la entrevista que Inés Arrimadas ofreció al diario ABC durante la jornada de reflexión de las elecciones catalanas. Betancor intentó convencer a sus compañeros de que la concesión de una entrevista durante la jornada de reflexión no merecía sanción alguna.

Los miembros del órgano que dirige los procesos electorales cobran una compensación trimestral de 3.314,24 euros. Además, se les abona una dieta de 150,25 euros por cada día de reunión. Por este último concepto Betancor cobró 7.212 euros

Tras destaparse que en todo ese tiempo estuvo cobrando como asesor en Ciudadanos, Quim Torra ha anunciado una querella. Pero también la Universidad Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona ha decidido este jueves abrir una investigación sobre el caso. El rector Jaume Casals, ha ordenado iniciar un expediente informativo para “esclarecer si las actuaciones” de Betancor pueden ser sancionables por parte de la Universidad. Casals ha expresado asimismo su “profunda preocupación personal” ante la irregularidad revelada por este diario y ha considerado “éticamente reprobable” la actuación del catedrático.