Jueces para la Democracia reclama que el Código Penal se adapte a los fallos de Estrasburgo sobre libertad de expresión
La asociación Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD) ha reaccionado a la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que anula la condena a dos jóvenes por quemar fotos del rey solicitando una modificación del Código Penal. “Es necesaria una revisión profunda del Código Penal español que se ajuste a los preceptos europeos sobre libertad de expresión”, asegura su portavoz, Ignacio González de Vega, en declaraciones a eldiario.es.
La Audiencia Nacional condenó en 2008 a los dos jóvenes a una multa de 2.700 euros y el Tribunal Constitucional les negó el amparo en el año 2015. Una decisión que los jóvenes recurrieron ante el TEDH por la “injerencia injustificada” en su derecho a la libertad de expresión.
El portavoz de JJpD cree que la sentencia demuestra que el Código Español necesita adaptarse para ser “más respetuoso con la libertad de expresión” y con la legislación europea. “En España hay una interpretación contraria al derecho fundamental de la libertad de expresión”, añade González Vega.
“El derecho a la libertad de expresión debe ser un derecho clave en la legislación de una sociedad democrática como la española”, apunta. El portavoz de Jueces y Juezas para la Democracia reclama que los legisladores españoles atiendan “los compromisos internacionales y hagan las reformas necesarias” para que la legislación española no sea contraria a la europea.
Un desajuste entre las decisiones judiciales españolas y europeas que pueden verse en sentencias como la del TEDH, que destaca que la quema de las fotografías de los monarcas “no fue un ataque personal contra el rey de España destinado a desprecia y vilipendiar” a la institución, sino que fue “la expresión simbólica del rechazo y una crítica política” a la monarquía.
Desde JJpD trasladarán su “preocupación” a los diferentes grupos parlamentarios para que se lleve a cabo esta “revisión profunda” de la legislación penal española y para que la libertad de expresión sea “un derecho clave en la legislación”.
