Los retos que afronta Justicia, un Ministerio incendiado en manos de una fiscal combativa

Cuando uno pregunta si dirigir el Ministerio de Justicia genera más dolores de cabeza que satisfacciones, la respuesta más habitual es que es un puesto donde hay que esforzarse para meter la pata. Apenas se maneja presupuesto y las competencias son limitadas porque muchas están transferidas a las comunidades autónomas. A pesar de ello, la nueva ministra, Dolores Delgado, asume la cartera después de que su antecesor haya sido reprobado por el Congreso y todas las asociaciones judiciales hayan reclamado al unísono su dimisión.

Rafael Catalá ha vivido cuatro años como ministro de Justicia encadenando polémicas. No ha renunciado a dejar su sello en su último día: fue el único que no estuvo presente durante el discurso de su sucesora. El maletín se lo entregó en un acto privado, pero se ausentó de la parte pública del protocolo con la excusa de que tenía un acto en Cuenca.

El ya exministro, que llegó a Justicia desde un puesto técnico en Fomento, ha sido el primero de la Democracia reprobado por el Congreso, en una votación que también censuró al entonces fiscal general del Estado, José Manuel Maza, y al jefe de Anticorrupción, Manuel Moix. El motivo fueron sus interferencias en las investigaciones por corrupción, en concreto, por las conversaciones del sumario del caso Lezo y el rechazo de Moix a investigar algunos flecos de esa trama.

Catalá también se ha generado sus propias polémicas a base de declaraciones. Salió en defensa del expresidente de Murcia cuando ya le investigaban por corrupción y cargando contra las fiscales del caso. Hace unas semanas, atacó públicamente a al magistrado del voto particular de la sentencia de 'La Manada', lo que le valió el reproche de todas las asociaciones de jueces y fiscales. Todas pidieron su dimisión.

Unas reivindicaciones que conoce la nueva ministra

Es con esas asociaciones con las que más problemas tuvo durante su mandato y especialmente al final. Las reivindicaciones que le plantearon durante los años que estuvo al cargo fueron sistemáticamente obviadas, hasta que jueces y fiscales convocaron una histórica agenda de movilizaciones que acabó en una huelga. Dolores Delgado, que participó en esas movilizaciones, asciende ahora al puesto más alto dentro de Justicia para tratar de recomponer los puentes rotos por Catalá. Eso es lo que esperan las asociaciones judiciales, esperanzadas por el conocimiento que tiene de sus reivindicaciones, que siempre ha compartido.

“Dentro de las reclamaciones que hemos venido haciendo y ella ha suscrito como compañera, uno de los retos fundamentales es empezar ya a dar muestras de la autonomía e independencia del Ministerio Fiscal”, señala Cristina Dexeus, fiscal al frente de la conservadora Asociación de Fiscales.

Esa autonomía es una de las reclamaciones históricas a las que se comprometió el hasta ahora fiscal general del Estado, Julián Sánchez Melgar. Dijo que su intención era “desanclar” el Ministerio Fiscal del Ministerio de Justicia. Ahora Delgado tendrá que nombrar a alguien para ese puesto, con la búsqueda de mayor independencia como una de sus tareas.

“En cuanto al ámbito de las reclamaciones retributivas, atender todas aquellas que sean factibles. Creo que todas son razonables, ella también lo ha suscrito siempre. No estamos haciendo peticiones alejadas de la realidad ni excesivas. Por eso, en ese sentido, creo que va a atenderlas. Estoy segura, ilusionada también por esta etapa y las posibilidades que abre que esté 'Lola' como ministra”, comenta a eldiario.es Dexeus.

Desde Jueces para la Democracia, su portavoz Ignacio González Vega recuerda que hay una hoja con reinvindicaciones que ella misma suscribió que es un buen punto de partida. Señala que Catalá finalmente había accedido a convocar la mesa de retribuciones para hablar de una subida salarial el próximo día 13 de junio.

Una prioridad “cronológica”: la elección del CGPJ

Celso Rodríguez Padrón es el portavoz de la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura. Entre los retos de Delgado, señala por encima de todos el de la renovación de la forma de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

“Si ahora mismo no se lleva a cabo esta reforma tenemos que tener presente que dentro de un mes y medio el presidente del Consejo inicia el proceso de renovación del Consejo. Si se renueva con la ley hoy en día vigente, nos planteamos un horizonte al menos hasta 2024 que acabase el próximo mandato del Consejo sin poder abordar esto”, advierte, y señala que es una “prioridad cronológica”.

González Vega y él coinciden en recordar que es necesario aumentar la planta judicial y determinar un reparto racional de las cargas de trabajo. “Tengamos en cuenta que tienen que convocarse las oposiciones, superarse y luego sigue un período de prácticas en la escuela judicial o en el centro de estudios judiciales. De modo que una oposición que se convoque hoy no incorpora en activo jueces y fiscales en su puesto de trabajo hasta dentro de tres años”, recalca Rodríguez Padrón para subrayar la urgencia de esta medida.

Estas son las urgentes, pero hay otras necesarias que se han reclamado durante los años de Catalá sin ninguna respuesta. Está, por ejemplo, la del papel cero, la justicia digital que no termina de funcionar como se prometió. “Hay que hacer una reflexión importante sobre lo que hay que hacer con la justicia digital. Esa una queja constante de la carrera que puede ser perfectamente atendida”, dice Dexeus.

“Esta imposibilidad de comunicación en el siglo XXI sigue siendo un anacronismo incomprensible. Seguimos utilizando la carta con acuse de recibo”, dice Rodríguez Padrón. Lo cierto es que en los años de Catalá no solo no se han solucionado los problemas de la justicia digital, sino que han estallado escándalos como los fallos de LexNet.

Mencionan también otras reclamaciones que han sido constantes durante el Gobierno del PP, como es la derogación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece límites al tiempo de instrucción de las causas y obliga a los fiscales a pedir ampliaciones si no quieren que se cierren antes de haber terminado de investigar.

Los delitos sexuales: los deberes inacabados de Catalá

Catalá montó un nuevo incendio cuando atacó a uno de los jueces de la sentencia de 'La Manada' primero, y luego cuando encargó la revisión de los delitos sexuales tras ese fallo a un comité de expertos formado únicamente por hombres. El escándalo tardó días en apaciguarse, hasta que ese mismo comité reclamó la presencia permanente de mujeres antes de iniciar los trabajos.

Pero el recurso rápido del ya exministro trajo otros problemas. La Comisión de Codificación, que así se llama ese comité de expertos, había sido ignorada durante décadas. No pintaron nada en las importantes reformas de Código Penal que llevó a cabo el Gobierno del PP. Así lo hicieron saber cuando se recurrió a ellos de forma apresurada como respuesta a la sentencia de 'La Manada'.

Delgado tendrá que hacer frente a la reclamación de que se les tenga más en cuenta, pero además tendrá que decidir si continúa con esa iniciativa para reformar los delitos sexuales. Otra de las grandes quejas de esos expertos es que Catalá les dio hasta mediados de junio para hacer su propuesta, un tiempo insuficiente, según consideran muchos de ellos.

Antes de decidir si amplía ese plazo o si opta por otro sistema para reformar los delitos sexuales, la nueva ministra ya tiene que hacer frente a un nuevo proyecto legislativo. El PSOE anunció que la primera medida que llevará al Congreso será una ley sobre formación en violencia género de los jueces.

¿Tendrá tiempo la nueva ministra?

A la legislatura le quedan dos años como máximo. Eso, si el Gobierno consigue en el Congreso los equilibrios necesarios para sacar adelante las reformas que tiene previstas sin tener que adelantar las elecciones ante un posible bloqueo legislativo. Es un plazo corto para algunas de las reformas que tiene pendiente la nueva ministra, y de eso son conscientes los representantes de las asociaciones judiciales.

“Por eso no he hablado de un estatuto orgánico nuevo donde quede constancia clarísima de esa separación con el poder ejecutivo, ni de una ley de enjuiciamiento criminal donde se nos atribuya la investigación al fiscal. No me atrevo a llegar tan lejos porque entiendo que habrá que ver qué plazos y qué condiciones parlamentarias concurren. No llego a ese nivel de ambición”, sostiene Dexeus.

Rodríguez Padrón se muestra más optimista con el tiempo pero menos con las mayorías: “Si hubiera voluntad política hay tiempo suficiente para llevar a cabo reformas de calado: ahora bien, no olvidemos que todo lo que afecte a legislación orgánica necesita una mayoría en el Congreso que, dada la situación de la Cámara, no sé hasta qué punto será posible”.

En este sentido, reclama que más allá de quién esté en el Gobierno se busque “un consenso lo suficientemente amplio entre todos los grupos para no depender en unas elecciones”. “Queremos estabilidad en el diseño de las reformas del sistema judicial”, ha añadido.

González Vega, por su parte, lo fía todo a su capacidad negociadora. “Tiene un escaso margen de actuación, con el presupuesto del PP aprobado y una minoría parlamentaria. Su margen es limitado. Habrá que ver su capacidad para negociar y dialogar con el resto de formaciones”, asegura.