Operación ‘Salvar al comisario Villarejo’: Interior fabricó informes a favor del policía y se deshizo de sus adversarios
Cuando el comisario Villarejo fue expulsado de la zona de sombra en la que operaba y su nombre comenzó a frecuentar las crónicas periodísticas, el Ministerio del Interior respondió apartando a los dos comisarios que se atrevieron a investigarlo y elaborando informes que eximían a su “agente encubierto” de cualquier responsabilidad penal o disciplinaria. Tras aflorar el patrimonio millonario del comisario, el ministro de la época, Jorge Fernández Díaz, amigo personal del presidente, Mariano Rajoy, proclamó: “Ha prestado relevantes servicios y, es mi obligación decirlo, en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado”.
Desde la publicación de la grabación a Ignacio González a su imputación en el caso del Pequeño Nicolás, este es un repaso por las maniobras del Ministerio del Interior entre 2012 y 2016 por salvar al comisario que colaboraba con María Dolores de Cospedal, la secretaria general del PP, que fue condecorado por participar en la Operación Catalunya y que participó activamente en el robo de documentación comprometedora para el partido de Mariano Rajoy en el domicilio de Luis Bárcenas cuando este se presentaba como la principal amenaza para el partido en el Gobierno.
1. Los informes de Fuentes Gago: el aval a sus negocios y filtraciones
El 27 de noviembre de 2011, siete días después de que el PP ganara las elecciones generales, los comisarios Villarejo y García Castaño se reunieron con el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, en una cafetería próxima a la sede del Gobierno madrileño. Villarejo escribió a continuación en una nota interna que el político le había pedido tapar la investigación del origen de su lujoso ático en Estepona (Málaga). González, hoy acusado de graves delitos en la operación Lezo que le han hecho pasar varios meses en prisión, siempre ha asegurado que el comisario intentó chantajearlo.
El 8 de marzo de 2015, un breve extracto de esa conversación fue difundido en varios medios de comunicación con la versión de Villarejo. La publicación no provocó reacción alguna en sus superiores. Solo al día siguiente, cuando El País informó de que el comisario Villarejo acumulaba 12 sociedades por valor de 16 millones de euros, Interior anunció una investigación sobre posibles incompatibilidades del funcionario. Tuvieron que pasar otras 24 horas para que el director de la Policía, Ignacio Cosidó, explicara que la Policía también había abierto una investigación para aclarar el asunto de la grabación.
Siete días después de la publicación del audio, eldiario.es desveló que ambas investigaciones internas habían sido encargadas al inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, un policía de menor rango que Villarejo destinado junto a él en la Dirección Adjunta Operativa. Fuentes Gago era jefe de gabinete y mano derecha de Eugenio Pino, el artífice de la brigada política y jefe de investigador e investigado. Las unidades de Asuntos Internos y Régimen Disciplinario fueron apartadas de las pesquisas.
El resultado del trabajo de Fuentes Gago se plasmó en sendos informes en los que se concluía que los negocios del comisario no incurrían en incompatibilidad alguna con su puesto de funcionario y que tampoco había indicios de revelación de secretos porque el audio no estaba en poder de Interior. En la actualidad, Villarejo lleva casi 14 meses en prisión provisional por liderar una organización criminal con la que amasó una fortuna y por blanquear dinero a través de su estructura empresarial. Grabaciones como la que realizó a González han motivado la apertura de siete investigaciones judiciales por ahora.
2. Comisario Barrado: montaje y primera víctima interna
Apenas un mes antes de la publicación de la grabación a Ignacio González, el Ministerio del Interior había recibido un escrito firmado por Elisa Pinto, una prestigiosa dermatóloga de Madrid. La mujer pedía ayuda ante la situación que vivía, el presunto acoso del empresario Javier López Madrid que había denunciado trece veces en la comisaría de Chamartín sin que le hicieran caso. Pinto había sido agredida con arma blanca en dos ocasiones.
Al frente de la comisaría del distrito estaba Jaime Barrado, un comisario veterano de la Policía Judicial. Él asegura que nada supo de las denuncias de la doctora hasta ese momento. Y en primavera de 2015, un confidente vino a hablarle de Villarejo, siempre según su versión: de su supuesta implicación en una trama de blanqueo de ciudadanos indios y del caso Pinto.
El 19 de mayo, Barrado citó a la mujer y le mostró una foto de carnet de Villarejo mezclada entre una decena de hombres similares. Repitió la operación con una foto antigua del comisario. En ambas ocasiones, Pinto señaló sin dudar la que correspondía al hombre que el 10 abril de 2014 la pinchó en el costado en presencia de su hijo de diez años mientras le decía: “López Madrid quiere que cierres la boca”. Era Villarejo. Ese día comenzó a torcerse para siempre la carrera de Jaime Barrado.
El policía fue primero destinado desde Chamartín, un distrito de los que tiene mayor renta de la capital, a Carabanchel, mucho más conflictivo. Después, el director de la Policía, Ignacio Cosidó, firmó su suspensión de empleo y sueldo. Dos abogados de la organización de Villarejo se habían presentado en su despacho para tenderle una trampa. De allí se fueron a poner una insólita denuncia a la sede física de la brigada política, unas dependencias junto a la Dirección General de la Policía, al juzgado y al Colegio de Abogados. La Policía ya tenía una coartada para laminar a Barrado.
Pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid revocó la decisión administrativa del cese en un auto en el que daba a entender que Barrado podía haber sido víctima de una celada y obligaba a restituirlo en su puesto de Carabanchel, donde permaneció hasta su jubilación. En la investigación interna de la Policía se incluía un informe en el que se acusaba al comisario de “hiperactividad” en el caso de la doctora Pinto. El autor de ese informe fue el entonces inspector jefe Andrés Gómez Gordo, para el que Anticorrupción ha solicitado la imputación en la pieza del caso Villarejo que investiga el espionaje a Bárcenas.
3. Caso Pequeño Nicolás: Interior se decanta en la guerra de comisarios
En junio de 2016 salió a la luz un informe policial de 1.830 páginas que solicitaba la imputación del número dos de la Policía, Eugenio Pino, y de varios colaboradores, todos ellos conocidos a la postre como miembros de la brigada política. También se solicitaba la misma medida para varios periodistas. El motivo: conformar un complot para arruinar la investigación al comisario Villarejo por su implicación en el caso del Pequeño Nicolás.
Los hechos se remontaban a dos años atrás. Los investigadores apuntaban a Villarejo como el cerebro detrás de la grabación de una reunión entre tres policías y dos agentes del CNI encargados de las pesquisas sobre el Pequeño Nicolás. El pasado 27 de noviembre, la jueza propuso juzgar a Villarejo, su mujer y un periodista por grabar de forma remota la conversación y difundirla a los medios de comunicación. La instructora deja fuera al resto de mandos policiales y periodistas.
Con aquella grabación, habían concluido los investigadores, Villarejo y la cúpula del Ministerio del Interior pretendían anular la causa y salvar al comisario, al que el Pequeño Nicolás se refería en unas anotaciones halladas en el registro de su casa. El policía autor del informe era el número dos de Marcelino Martín-Blas, a quien en la policía se le vincula con el PP y jefe de Asuntos Internos en la época de Fernández Díaz.
A pesar de que Martín-Blas y Villarejo dependían directamente del comisario Pino y ambos habían participado, por separado, en la Operación Catalunya, acabaron enfrentados. El origen del choque está la investigación de Martín-Blas al comisario Salamanca, amigo de Villarejo, en la trama Emperador, y la mención en un informe de las actividades de un hijo del agente encubierto.
A pesar de la proximidad a Cosidó de Marcelino Martín-Blas, Interior se decantó por Villarejo y destituyó al otro comisario de su puesto en Asuntos Internos. El juez del Pequeño Nicolás recuperó a Martín-Blas y su equipo para que trabajaran en exclusividad para él, bajo el formato de “comisión judicial”. Así se alumbró el informe que denunciaba el complot para salvar a Villarejo. En él se destacaba la relación directa entre Villarejo y el número dos de Interior, Francisco Martínez, hoy diputado en el Congreso, con el que el comisario hablaba por teléfono frecuentemente.
4. Justificantes para evitar la rueda de reconocimiento en el caso Pinto
La jueza que investiga a López Madrid por el presunto acoso a la doctora Pinto requirió al comisario Villarejo para que participara en una rueda de reconocimiento en sede judicial. De este modo, la mujer podría ratificar la diligencia practicada con fotos en la comisaría de Chamartín. El 16 de julio de 2015, la Dirección de la Policía firmó un escrito en el que excusaba la presencia del policía en el juzgado por estar realizando una misión en el extranjero. La jueza lo intentó otra vez el 3 de septiembre de ese mismo año, pero obtuvo una respuesta similar.
Ambos escritos iban firmados por Miguel Ángel Bayo Herranz, un facultativo no agente encargado de cuestiones tan delicadas como la recogida de fondos reservados en el Ministerio del Interior y su traslado en un maletín a la Dirección Adjunta Operativa de Eugenio Pino. Esos fondos se utilizaron para misiones como la Operación Catalunya, que pretendía desacreditar a los partidos independentistas, o la Operación Kitchen, para tratar de tener vigilada a la familia de Luis Bárcenas y requisar documentación comprometedora del extesorero.
Cuando finalmente participó en la rueda, Villarejo fue identificado por la doctora Pinto como el hombre que la pinchó en el costado en abril de 2014. El comisario jubilado sigue imputado por estos hechos.
5. La maniobra ‘in extremis’: los informes contra la doctora
Antes de esa imputación, la brigada política realizó una última maniobra. En mayo de 2015, la doctora había reconocido en comisaría las fotos de Villarejo. Ese mismo mes, y con el argumento de la queja que había enviado la mujer a Interior, el comisario Pino ordenó que los servicios centrales realizaran una nueva investigación del caso. Entre tanto, se ganó tiempo con los escritos al juzgado diciendo que Villarejo estaba de viaje.
En diciembre de 2015, antes de que llegara una nueva citación, los nuevos investigadores concluían en varios informes que los mensajes amenazantes, la clave del caso de acoso, solo los podía haber escrito la doctora o su entorno. La citación de Villarejo para la rueda de reconocimiento se suspendió y en marzo de 2016, la jueza archivó la causa contra el comisario y López Madrid cuatro días después de que eldiario.es publicara los mensajes de apoyo de los reyes de España al empresario.
Ahora, la Audiencia de Madrid cuestiona uno de los informes utilizados para señalar a la doctora. Los jueces de la Sección 17 piden explicaciones a la Policía de cómo su Sección de Análisis de Conducta elaboró el informe psicológico que señala a la doctora sin haberla siquiera entrevistado. En este caso, la citada Sección se limitó a estudiar dos informes policiales previos incorporados al juzgado. De ahí saca el texto de los mensajes en el teléfono de López Madrid y concluye en nueve folios que tuvo que escribirlos la mujer.
