La investigación de los privilegios al PP en la Rey Juan Carlos cerca a Casado

“¿Han comprobado ustedes otros años de ese mismo máster? Mire, lo que yo me pregunto es si esto solo pasó en el curso 2011-2012 y si se dio la misma circunstancia en otros”. Esta pregunta es el origen de la investigación judicial que cerca hoy al nuevo presidente del PP. Fue formulada por la jueza del caso Cifuentes, Carmen Rodríguez-Medel, al director de eldiario.es en la mañana del 14 de mayo de 2018, cuando Pablo Casado ni siquiera sonaba como aspirante a suceder a Mariano Rajoy. La respuesta del testigo Ignacio Escolar provocó que, esa misma tarde, la magistrada dictara una providencia ordenando la apertura de una pieza separada “en relación con el máster cursado por don Pablo Casado”.

Lo que ocurre en el Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid en los instantes anteriores y posteriores a esa pregunta explica el verdadero alcance de la investigación y su principal objetivo: conocer si la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid disponía de un sistema de engorde artificial de los expedientes académicos de alumnos VIP que trascendiera el caso de la expresidenta madrileña.

Justo antes de la citada pregunta, la magistrada se interesa por una información publicada por eldiario.es el 11 de abril de 2018 sobre otros alumnos del máster de Derecho Autonómico y Local que impartió el Instituto de Derecho Público de la URJC en el curso 2011/12, el que supuestamente siguió Cifuentes. Son diez alumnos que aprobaron tres asignaturas con firmas falsificadas. Todos están vinculados al Partido Popular o a la propia Universidad Rey Juan Carlos. Escolar explica a la jueza que se había detectado “un patrón”, que todos ellos “tenían en común varias cosas”, como que el resto de los alumnos no les habían visto el pelo por clase.

Es entonces cuando la jueza se interesa por casos similares en otros años y el periodista habla de varias informaciones publicadas sobre Pablo Casado. “El dio una rueda de prensa que tuvo mucho tiempo para preparar porque sabía que tarde o temprano esa marea llegaría hasta su despacho”, afirma el director de eldiario.es. Esta misma semana, la jueza ha librado un oficio a RTVE para que le entregue copia de aquella comparecencia ante los medios, en la que, entre otras cosas, Casado enseña la portada de los cuatro trabajos con los que superó el máster. Corresponden a las únicas cuatro asignaturas que cursó, ya que las 18 restantes le fueron automáticamente convalidadas por su licenciatura en Derecho.

El periodista habla de esas cuatro asignaturas y de que Casado no pactó con los profesores los trabajos sino con Enrique Álvarez Conde, imputado en el caso Cifuentes, imputado en el caso Casado, y entonces director del Instituto de Derecho Público que la Universidad Rey Juan Carlos acaba de disolver. Pablo Casado, por entonces líder de Nuevas Generaciones y diputado autonómico, saca cuatro sobresalientes sin ir a clase mientras otros alumnos se tienen que batir el cobre en 600 horas de clase.

La jueza ha pedido documentación a la propia Universidad y a la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), dependiente del Ministerio de Educación. Quiere conocer al detalle si a Casado se le aplicó el Real Decreto que estaba vigente en materia de convalidaciones o el que más le convenía. También sigue a la espera de conocer quién componía esa comisión de convalidaciones que la URJC no encuentra por ningún sitio y el acta en el que reflejaron que Casado convalidaba 18 asignaturas de 22.

En el sumario hay un documento que constata las irregularidades en las convalidaciones. En él se puede observar que se dan por buenas 18 convalidaciones, el máximo legal permitido en ese momento, sin que conste de dónde viene ese conocimiento que el alumno dice ya tener.

“Posible continuidad delictiva”

El 14 de mayo, cuando Escolar termina de responder, la jueza prosigue el interrogatorio con otro tema. Han transcurrido tan solo 3 minutos y 36 segundos desde que Rodríguez-Medel hace la pregunta sobre otros posibles casos similares al de Cifuentes. La magistrada dicta esa misma tarde una providencia con una batería diligencias que afectan al registro del tráfico de llamadas entre las profesoras del falso tribunal de Cifuentes, para cambiar fechas de citaciones…

En uno de los párrafos de esa providencia afirma: “Vistas las manifestaciones efectuadas en el día de hoy por el testigo don Ignacio Escolar, y en aras de esclarecer la posible continuidad delictiva, requiérase a la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid para que en el plazo de siete días remita a este organoz judicial (…) el expediente íntegro de don Pablo Casado, con toda la documentación relativa a las asignaturas convalidadas durante el citado máster. Para el esclarecimiento de los hechos relatados por el citado testigo señor Escolar, fórmese pieza separada”. Arrancaba formalmente el caso del máster de Pablo Casado.

Carmen Rodríguez-Medel es una jueza conservadora, si se puede inferir de ello que pertenece a la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), y antes de recalar en el Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid trabajó como asesora en el Ministerio de Justicia durante el Gobierno de Mariano Rajoy, según publicó elindependiente.com. Un hermano de la magistrada es coronel de la Guardia Civil.

En la providencia citada, Carmen Rodríguez-Medel dedica otro párrafo a la creación de una cuarta pieza, la D, y para su formación solicita “el expediente en línea de todos los alumnos con la correspondiente calificación, la documentación relativa a las eventuales convalidaciones y donde conste si las asignaturas fueron modificadas”. Y lo pide para el Máster de Derecho Público y Autonómico en todos sus cursos, desde 2009/10 hasta su extinción. Rodríguez-Medel ya no investiga a Cifuentes o el curso de Casado sino que quiere desentrañar la trampa instalada en una universidad pública para regalar títulos en función de quién se es y no del trabajo que se realice.

Para desenredar esa madeja, la jueza lleva una veintena de imputados, decenas de declaraciones de testigos, y esta semana la pieza C, la del máster de Pablo Casado, entra en una fase clave. Ante la magistrada declararán los dos profesores que pusieron sobresaliente a Casado con cuatro trabajos que, en total, sumaban unos noventa folios. Se trata de Álvarez Conde, el catedrático con una carrera labrada a la sombra del PP, y Alicia López de los Mozos, quien llama al primero “mentor” y que es una de las profesoras cuya firma aparece falsificada en el acta de defensa del Trabajo de Fin de Máster de Cristina Cifuentes. Ambos están imputados en los casos de la expresidenta y del máster de Casado. Ambos están citados para el 2 de agosto.

Ese mismo día hay otras tres declaraciones clave: tres alumnas del máster de Casado que comparten un par de aspectos relevantes con él. Las tres aprobaron con 18 asignaturas convalidadas, a pesar de que procedían de carreras muy diferentes. Y las tres tienen un pasado ligado al Partido Popular.

Informe sobre posible red de enchufes del PP

Para que conste, Rodríguez-Medel ha ordenado a la Guardia Civil que redacte un informe sobre los posibles vínculos políticos y académicos de Alida Mas Taberner, subsecretaria de la Conselleria de Cultura de la Generalitat valenciana; Mateo Feito ocupó un puesto como asesora de la Secretaría de Estado de Empleo y es hija de la asesora y amiga de Cifuentes que amenazó presuntamente a las profesoras para que falsificaran documentos; y María Dolores Cancio, profesora de la Rey Juan Carlos que ha escrito libros con Álvarez Conde.

Como garantía jurídica, la magistrada las ha citado en calidad de investigadas, y declararán asistidas por un abogado. Con Casado no puede actuar de igual forma. El diputado por Ávila es aforado ante el Tribunal Supremo, algo que ya se ha encargado de certificar formalmente la magistrada. En ellas, la jueza ve indicios de delito – presumiblemente cohecho impropio, malversación y falsificación de documento público- que deben ser aclarados y por eso las llama a declarar como investigadas.

En el caso de que aprecie lo mismo en el caso de Casado, la jueza deberá elevar una exposición razonada al Tribunal Supremo para que sea éste el que decida sobre el nuevo presidente del PP. Su mano derecha, Teodoro García Egea, nuevo secretario general del partido, dijo el pasado viernes en La Sexta que las informaciones acerca de la pieza separada del máster de Casado son “una brisa en un portaviones que avanza con paso firme”. Después aclaró que el portaviones al que se refería es el Partido Popular.