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El PP se aferra a la prisión permanente revisable para no perder la iniciativa política

Reunión de coordinación con los secretarios ejecutivos del PP.

Rodrigo Ponce de León

El Partido Popular ha tomado la prisión permanente revisable como un salvavidas al que aferrarse en momentos de zozobra política. Tras la crisis interna que ha supuesto el descalabro de las elecciones autonómicas catalanas del 21D, las llamadas a la acción por parte del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para no ceder espacio a Ciudadanos, ha movido a los populares ha lanzar dos propuestas en defensa de la medida penitenciaria para mantener la iniciativa política.

Hace dos días el vicesecretario de Política Autonómica y Local del PP, Javier Arenas, sacaba en la reunión de coordinación de secretarios generales de la formación la propuesta de llevar a los ayuntamientos una moción de apoyo de la la máxima pena privativa de libertad que recoge el Código Penal.

Este jueves ha sido en la reunión del Consejo de Dirección del Grupo Parlamentario Popular donde se ha acordado “presentar una Proposición no de Ley para pedir a los grupos de la oposición que rectifiquen y se mantenga la prisión permanente revisable”, según explicó el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando.

El batacazo de los populares en los comicios catalanes ha provocado una llamada de atención del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para emprender acciones “muy pegadas a la calle”, según fuentes del PP, para que el partido recupere el dinamismo perdido y frene al empuje de la formación de Albert Rivera. Estas medidas serán explicadas por el propio Rajoy en la Junta Directiva Nacional que los populares celebrarán el próximo 15 de enero.

En esta ofensiva política, la prisión permanente revisable ha sido un arma que ha utilizado el PP, aprovechando la resolución del asesinato de Diana Quer con la detención del presunto asesino, contra toda la oposición pero especialmente contra Ciudadanos. Los populares pretenden poner en un compromiso a esta formación por su abstención ante la proposición de ley del PNV para la derogación de la figura penal que salió adelante con el voto a favor de PSOE, Unidos Podemos, ERC, PDeCAT, y Bildu el pasado octubre.

Entonando un mea culpa no explícito en el escrito de la proposición no de Ley que ha registrado el PP se recoge que es un “debate que no debe alejarse del rigor para dar paso al populismo”, además de apuntar directamente a Ciudadanos al exigir que las formaciones políticas no deben “dejarse llevar por tacticismos electorales que se esconden tras la abstención”, como votó entonces el partido de Albert Rivera.

Hernando no tuvo dudas de nombrar casos que han impactado en la sociedad española para defender la iniciativa. “Hay determinados crímenes que se convierten en verdaderas torturas para las familias, como pueden ser los casos de ocultación del cadáver, como se ha visto en los casos de Diana Quer y Marta del Castillo”, apuntó el dirigente popular.

Los populares esgrimen en su propuesta la utilidad de la medida penitenciaria como defendía el pasado martes el ministro de Justicia. Rafael Catalá apuntó que este tipo de condena “se incorporó en la reforma de nuestro Código Penal en el año 2015 en el convencimiento de que es un instrumento que tiene utilidad porque cuando una persona comete delitos gravísimos parece muy conveniente constatar si se ha producido la rehabilitación. La rehabilitación no se produce solamente por el transcurso del tiempo sino que parece razonable acreditar que una persona que ha sido capaz de cometer delitos gravísimos ha cumplido con ese fin de resocialización”.

La propuesta de los populares termina señalando: “es nuestro deber no confundir a los ciudadanos y llevar a cabo un debate honesto, útil y responsable que no dé la espalda a las víctimas y dé respuesta al sentir mayoritario de la sociedad española”.

Como la proposición no de Ley es una herramienta puramente política, no es vinculante y solo sirve para establecer la opinión del Congreso o instar al Gobierno para que actúe en una determinada dirección, los populares no han descartado presentar más adelante una iniciativa legislativa para “actualizar y fortalecer” la norma aprobada en 2015 para incluir la figura del delincuente que confiesa la localización del cadáver.

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