Qué hay detrás de la carta que enseñó Pedro Sánchez en el debate sobre los trabajadores de violencia de género de Andalucía
- La misiva que mostró el presidente tiene su origen en una petición de un particular que usó la solicitud de Vox para intentar obtener los nombres y apellidos de los profesionales de Sevilla, tal y como adelantó eldiario.es
Avivar el miedo a Vox y a un posible pacto de Gobierno al estilo andaluz fue una de las bazas utilizadas por Pedro Sánchez durante el segundo debate electoral. Entre otras cosas, lo hizo a cuenta de la violencia de género, para lo que en un momento dado enseñó una carta que, aseguró, “acaban de recibir” los trabajadores de violencia de género de Andalucía “porque se están haciendo ya las listas negras impulsadas por el PP y Ciudadanos”. Lo cierto es que la afirmación no es del todo correcta: tal y como adelantó eldiario.es hace unas semanas, las cartas existen y han sido enviadas a los trabajadores, pero no son “listas negras” promovidas por ambas formaciones. Entonces, ¿qué hay detrás de estas misivas?
El papel que mostró el presidente del Gobierno es una copia de la comunicación que a principios de abril comenzó a llegarles a los psicólogos, trabajadoras sociales y médicos forenses de las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género (UVIVG) y de los equipos psicosociales de los Juzgados de Familia y de Menores de Sevilla. En ella, la Consejería de Justicia les traslada una petición que solicita un listado de sus nombres, apellidos y número de colegiados y les da un plazo de 15 días para hacer alegaciones. Pero, ¿cuál es el origen de esta reclamación?
Se trata de una petición de información registrada por un particular algunos días después de que se hiciera pública la misma solicitud por parte de Vox en su intento por “depurar casos ideológicos”. De hecho, el texto de la petición es exactamente el mismo que el de la formación de extrema derecha. El hombre, que se define como “un ciudadano afectado por resoluciones judiciales intrínsecamente ligadas a informes y dictámenes de equipos psicosociales”, esgrime que su objetivo es “poder constatar si dichos perfiles profesionales cumplían y cumplen con los requisitos de cualificación y colegiación obligatoria”.
El particular, que en conversación con este diario aseguró no tener ningún vínculo con la formación y haber copiado el texto por parecerle adecuado, registró la demanda en el Consejo de Transparencia de Andalucía unas horas antes de que el Parlamento andaluz impugnara la solicitud de Vox por entender que vulneraba la protección de datos. El organismo tuvo que derivar la petición a la Consejería de Justicia, tal y como establece la ley, donde entró el pasado 11 de marzo, según la documentación a la que tuvo acceso eldiario.es. A partir de ahí, la Delegación Territorial de Justicia dio traslado de la misma a los trabajadores de Menores y el Instituto de Medicina Legal a los de Familia y Violencia de Género.
El escrito asumía el plazo para que los trabajadores se expresen en base al artículo 19.3 de la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, algo que aparece fundamentado en el propio escrito que recibieron. La norma prevé que cuando la información solicitada “pudiera afectar a derechos o intereses de terceros” se les concederá un plazo de dos semanas para hacer las alegaciones oportunas.
Cascada de peticiones a raíz de Vox
Los profesionales, cuya función es elaborar informes para ayudar a los jueces a decidir sobre órdenes de protección y medidas civiles en violencia de género y custodias y regímenes de visitas en procesos de divorcio, recibieron con sorpresa la comunicación y se sienten abandonados por la Administración, una denuncia a la que se suma USTEA (Unión de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores en Andalucía), que ha redactado las alegaciones que ya han comenzado a entregar los empleados oponiéndose a la cesión de sus datos. “Estamos hablando de ámbito laboral. No son terceros como tal, son empleados públicos que se deben a la Administración”, explicaban fuentes del sindicato.
Las alegaciones también se han hecho respecto a un segundo escrito recibido, en este caso, por los empleados de Familia y Violencia de Género, es decir, los que dependen del Instituto de Medicina Legal. En esta otra petición, una mujer solicita un listado de “psicólogos acreditados como peritos judiciales para realizar informes psicosociales” a través de una reclamación a la que también ha tenido acceso eldiario.es que tuvo entrada en la Consejería de Justicia el pasado 20 de marzo.
Estas dos peticiones forman parte de un grupo de siete solicitudes en el mismo sentido, según ha confirmado la Junta de Andalucía. Fuentes de USTEA explican que en una reunión mantenida estos días, la Consejería de Justicia ha asegurado que no ofrecerá información de los trabajadores a los ciudadanos que han hecho sus peticiones porque así se recoge en la Ley de Protección de Datos y que están pendientes de un informe jurídico para saber cómo dar respuesta a las demandas.
La cascada de solicitudes se produjo a raíz de la petición de Vox presentada de manos del diputado Francisco Serrano y que rechazada. Posteriormente, el Parlamento andaluz sí aceptó otra reformulada en la que pedía el número de efectivos y su vinculación profesional. La Consejería de Justicia, por su parte, ha hecho públicos los resultados de un informe que revela que casi la mitad de los trabajadores adscritos a la UVIVG y los juzgados de Familia no estaban colegiados y les ha ordenado hacerlo.
