Planes y comisiones de reconstrucción: las autonomías avanzan en los pactos para la reactivación económica

Una vez que España ha dejado atrás el momento más duro de la emergencia sanitaria, doblegada la curva de contagios y controlada la expansión de la COVID-19, los responsables públicos fijan los esfuerzos en cuadrar los números para hacer frente a la crisis económica y social que deja la pandemia. La mayoría de comunidades autónomas han puesto en marcha comisiones de reconstrucción o planes de reactivación dialogados con los agentes políticos, económicos y sociales, a excepción de Euskadi y Galicia, que se encuentran en plena precampaña electoral. Cinco autonomías han logrado cerrar ya acuerdos entre varias formaciones políticas, de los que Vox se ha quedado fuera en Aragón y Castilla y León, y el PP, en Castilla-La Mancha. PSOE y Adelante Andalucía se han levantado de la comisión después de que PP y Ciudadanos le dieran la presidencia al partido de extrema derecha en Andalucía.

Más allá de la crispación instalada en la política nacional, las autonomías avanzan en términos generales hacia planes de reconstrucción con un amplio consenso en la línea en la que los partidos que sustentan el Gobierno de Pedro Sánchez aspiran a que suceda en el Congreso. El grueso de comunidades han creado comisiones parlamentarias semejantes a la impulsada en la Cámara Baja o han puesto en marcha mesas o mecanismos de diálogo para elaborar planes para el día después que cuenten con el respaldo de la oposición y los agentes sociales.

Uno de los más rápidos fue el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que planteó a PP y Ciudadanos -junto al PSOE los únicos con representación parlamentaria- la necesidad de buscar un acuerdo, pese a que gobierna con mayoría absoluta, para hacer frente a las consecuencias de la pandemia. El 29 de mayo cerró un pacto con Ciudadanos con un paquete de medidas por un importe de 1.000 millones de euros. Fuentes del Ejecutivo regional aseguran que, tras varias reuniones con el PP, fue imposible alcanzar un acuerdo por la falta de propuestas concretas, aunque los firmantes aseguraron que el texto está abierto a aportaciones.

Casi en paralelo, el presidente canario, Ángel Víctor Torres (PSOE), logró sumar a los socios del Gobierno y también al principal partido de la oposición, Coalición Canaria, a un acuerdo de reconstrucción del archipiélago. PP y Ciudadanos se desmarcaron y Coalición Canaria ha pedido desde entonces concretar ese pacto con las correspondientes fichas financieras.

Poco después, Javier Lambán también lograba casi unanimidad para la Estrategia para la Recuperación Económica y Social de Aragón. En ese caso, solo Vox se descolgó tras haber participado en las primeras reuniones de la negociación del texto, que incluye 273 medidas que también suscriben patronal y sindicatos.

La fórmula es similar a la que se ha seguido en Castilla y León, donde el bipartito de PP y Ciudadanos priorizaron las negociaciones con el PSOE, partido mayoritario en las Cortes, y sumaron también a Podemos. Vox y Unión del Pueblo Leonés rechazaron el pacto, a pesar de que todos los grupos con representación parlamentaria participaron en el grupo de trabajo.

En Cantabria, sin embargo, el acuerdo se ha logrado por unanimidad en la comisión parlamentaria creada en abril para el estudio y seguimiento de la situación derivada de la crisis sanitaria. Se aprobaron 138 propuestas con el objetivo de “reconstruir” la región. Ahora le toca al Gobierno de Miguel Ángel Revilla implementarlas e informar dentro de seis meses del desarrollo de las mismas.

Diálogos a varias bandas

En Asturias y Baleares, los gobiernos están trabajando en planes con los agentes sociales y en los que pretenden contar con la oposición, pero sin el marco de una comisión parlamentaria. En el Principado todas las formaciones, a excepción de Vox, alcanzaron un acuerdo para un planteamiento común respecto a la financiación autonómica. En paralelo, el Gobierno de Adrián Barbón trabaja en un acuerdo de “concertación social” con sindicatos y empresarios que prevé tener listo en julio. Además, planteó los “pactos de Fruela” -por la calle donde está el Parlamento- para los que por ahora se ha mantenido una ronda con los grupos parlamentarios. “La idea es coger como base el acuerdo de concertación”, expresan fuentes del Ejecutivo asturiano, que aún no saben si la negociación se llevaría a cabo en una comisión, aunque se inclinan por hacerlo “más amplio”.

En el caso de Francina Armengol, que ha impulsado la experiencia piloto para el sector turístico, el Govern balear está ultimando un plan de reactivación basado en diez ejes (reindustrialización, servicios sociales, vuelta al colegio...) a partir del diálogo con los agentes y colectivos sociales y en el que pretende incluir algunas de las propuestas de la oposición, aunque no se ha enmarcado en la negociación parlamentaria.

En otras comunidades autónomas se está trabajando en paralelo en comisiones creadas en los parlamentos y con los agentes sociales. El presidente valenciano, Ximo Puig, va manteniendo reuniones con los principales sectores y ha organizado un acuerdo por la reconstrucción económica con patronal y sindicatos, siguiendo el esquema de la mesa de diálogo social. Con los municipios y diputaciones se ha acordado abrir doce mesas de diálogo para tener listas una serie de propuestas en julio con perspectiva municipalista. En las Cortes valencianas se ha constituido también una comisión de reconstrucción que pretende tener las conclusiones el 20 de julio.

En esa misma línea, el Parlamento murciano aprobó por unanimidad la creación de una comisión a instancias del PSOE mientras el Gobierno de Fernando López Miras ha llegado a sendos entendimientos con patronal y sindicatos, por un lado, y con las organizaciones de la Economía Social, por otro, para la reactivación de la región.

El Gobierno de María Chivite ha impulsado el Plan Reactivar Navarra 2020-2023 que se está negociando con la participación ciudadana, empresarial, sindical y de los ayuntamientos. También en el Parlamento se ha creado una comisión especial en la que los partidos hacen sus aportaciones: en total, 168 propuestas que han empezado a ser debatidas con la intención de que el 24 de junio se vote en comisión el dictamen con las propuestas que hayan sido aprobadas y dos días después el plan definitivo se apruebe en el Pleno. En esa misma línea, en La Rioja se ha formado una mesa de reconstrucción en la que participan sindicatos, empresarios y los grupos parlamentarios (PSOE, Ciudadanos, IU y Podemos) a excepción del PP. Los participantes se han comprometido a llevar las conclusiones -se espera un acuerdo inminente- a la comisión constituida en el Parlamento sin mucho éxito.

El presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, ha iniciado un proceso para la reactivación económica y social abierto a la sociedad civil con una mesa de diálogo en la que se recogerán propuestas que se presentarán a patronal y sindicatos y se llevará a la Asamblea para que los partidos discutan la batería de propuestas, según explican fuentes socialistas. Además, la Asamblea regional dio luz verde a una comisión en la que se analizan medidas, como el impulso a un nuevo modelo de residencias geriátricas más medicalizadas.

En Andalucía y Madrid se resiste el acuerdo

El Parlament de Catalunya constituyó recientemente una comisión sobre la reconstrucción impulsada por los grupos de la oposición tras las reticencias iniciales del Govern, que ha creado su propio comité de expertos en el que ha reunido a una treintena de personas con el objetivo de “repensar” cómo debe ser Catalunya en el año 2022 bajo diferentes perspectivas. En un escenario preelectoral, tanto por parte del PSC como de los 'comuns' se ha tendido la mano al Ejecutivo para colaborar en el reimpulso social y económicamente la comunidad tras la pandemia, mientras que Ciudadanos, el PP o la CUP han mostrado una postura más crítica.

Pero aún más se resiste cualquier tipo de entendimiento en Andalucía y la Comunidad de Madrid. El presidente Juan Manuel Moreno llamó a todos los grupos políticos y a los agentes sociales a formar una “gran alianza”. Pero el consenso político reventó en la primera sesión de la comisión creada a tal efecto, después de que PP y Ciudadanos entregaran la presidencia de la comisión a Vox, el único partido que había votado en contra de su creación. PSOE y Adelante Andalucía la han abandonado y solo participan los tres partidos de derechas que sustentan a la Junta. Los primeros trabajos de este órgano han servido para aprobar una lista de más de cien comparecientes. En la lista, pactada por PP, Ciudadanos y Vox, hay tres ministros (Salvador Illa, María Jesús Montero y Yolanda Díaz), además del director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, o el actor Antonio Banderas.

En la Asamblea de Madrid PP y Ciudadanos han terminado aceptando la creación de una comisión que planteó el PSOE el 22 de abril, justo después de que Pedro Sánchez ofreciera el apoyo de los socialistas “gobierne quien gobierne”. No comenzarán los trabajos hasta julio. La relación con los grupos de la oposición fue uno de los choques más sonados dentro del bipartito de Isabel Díaz Ayuso ya que su vicepresidente, Ignacio Aguado (Ciudadanos), se reunió con la oposición al margen de la presidenta, que finalmente cedió pero citando por separado a los portavoces. Del encuentro con Ángel Gabilondo salió la aceptación de crear esa comisión, aunque la jefa del Ejecutivo, que se ha convertido en el principal azote a Sánchez desde la Puerta del Sol, siempre se ha mostrado reticente a llegar a entendimientos “con el desastre”.

Con información de Laura Martínez, Daniel Salgado, Rodrigo Saiz, Rubén Alonso, Arturo Puente, Antonio Vega, Daniel Cela, Alexis González y Francisca Bravo.