Podemos ataca al Gobierno tras la imputación de un asesor de Sánchez por sus tratos con las cloacas desde Interviú
Podemos ha salido en tromba contra el Gobierno de Pedro Sánchez nada más conocer la noticia de la imputación del periodista Alberto Pozas, miembro del gabinete de comunicación de Moncloa hasta el pasado viernes, cuando dimitió al saber que sería citado como testigo en la Audiencia Nacional por su relación con el material del teléfono robado a una colaboradora de Pablo Iglesias siendo el periodista director de Interviú.
“El PSOE no es capaz de acabar con las cloacas del Estado y el que hasta hace una semana trabajaba en Moncloa nada más y nada menos como número dos de Comunicación, dependiente directamente del presidente del Gobierno, está imputado ahora por haber participado presuntamente de esa fabricación de pruebas falsas contra Pablo Iglesias”, denunciaba este lunes la portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Irene Montero, durante un debate organizado por El Confidencial.
“Las cloacas ya están limpias. En serio. Lo ha dicho Sánchez y también Marlaska. Limpísimas. De verdad. Como una patena. Circulen. Aquí no hay nada que ver. ¿No confían ustedes en las palabras del presidente del Gobierno y del ministro del Interior?”, ironizaba, por su parte, el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, a través de un tuit que acompañaba con un enlace a la información sobre la imputación de Pozas.
El caso por el que se ha imputado al ya exnúmero dos de Comunicación de la Moncloa, que ha motivado la apertura de otra pieza separada del caso Villarejo, indaga sobre el robo en noviembre de 2015 de un teléfono móvil a una colaboradora de Iglesias, del que se extrajo información que luego apareció publicada en algunos medios durante el verano de 2016.
De ese terminal salió por ejemplo el pantallazo de una charla privada de Iglesias en un grupo de conversación donde hablaba sobre sus deseos de azotar a la presentadora de televisión Mariló Montero. Esa información acabó publicada en Okdiario y estaba también entre los archivos que se incautaron en uno de los registros a las propiedades del comisario Villarejo, hoy en prisión por liderar una organización criminal que extorsionó a políticos, empresarios y jueces.
El contenido del terminal robado llegó a Interviú cuando Pozas aún era su director, pero no se publicó en la revista. El presidente del Grupo Zeta, Antonio Asensio, que también ha comparecido en la causa en calidad de testigo, afirmó que Interviú no vio relevancia informativa en esos mensajes y que procedió a entregarle el material a Pablo Iglesias.
¿Qué se está investigando?
Lo que se investiga ahora es si una copia de los archivos remitidos a la revista se envió desde Interviú al comisario Villarejo y cuál fue la participación de Pozas en todo este asunto. El periodista entró este lunes como testigo en la Audiencia Nacional y tras prestar declaración ha sido imputado por el magistrado Manuel García Castellón por revelación de secretos. El contenido de su declaración permanece en secreto, como la pieza separada en el marco de la cual se ha producido.
Podemos ha salido a la palestra para insistir en que la dimisión del asesor de comunicación de Moncloa es, a su juicio, la prueba de que el Gobierno de Sánchez no ha limpiado las cloacas. Esta tesis ya fue esgrimida el pasado viernes, cuando Podemos pidió el voto para que sea este partido el que gestione el Ministerio del Interior.
El sábado, antes incluso de la imputación de Pozas, que había dimitido de su cargo en Moncloa, Iglesias ya relacionaba al Ejecutivo con esas alcantarillas. “Las cloacas eran una máquina de mentir”, apuntaba el líder de Podemos en un acto en Sabadell, donde recordó que el actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, “dijo que no había cloacas, que lo habían limpiado todo”. “Pero, entonces, ¿por qué ha dimitido su número dos de Comunicación de la Moncloa si todo estaba limpio?”, se preguntaba.
El partido da por hecho que esas alcantarillas siguen funcionando también con el Gobierno socialista y su líder Pablo Iglesias prevé anunciar en Zaragoza una de las principales propuestas de Unidas Podemos para el 28A: la creación de “una unidad especial para investigar y desmantelar las cloacas del Estado” que a su juicio continúan trabajando con Pedro Sánchez en la Moncloa.
Para Garzón, “más grave que el Watergate”
También desde IU, que concurrirá a las generales en alianza con la formación de Iglesias en la coalición Unidas Podemos, cargaban contra el Ejecutivo y la justicia por su supuesta inacción ante la red de espionaje: “No se nos están dando las explicaciones pertinentes de un caso que es equivalente, o más grave, que el Watergate en Estados Unidos, es demasiado extraño”, aseguraba en una entrevista en RNE el líder de IU, Alberto Garzón.
Además de la imputación de Pozas por sus gestiones al frente de Interviú, los dirigentes de Unidos Podemos han dado a entender que algunos de los responsables de la trama criminal que operó en la Policía durante el mandato de Jorge Fernández Díaz siguen en puestos relevantes y que la cloaca no ha dejado de operar. Como ejemplo, citan la continuidad en el cuerpo de varios de esos funcionarios, que han sido expedientados y apartados de las responsabilidades que tenían con el Gobierno del PP.
Fuentes de la Dirección de la Policía alegan que para dejar fuera de servicio a los agentes imputados el Tribunal Supremo viene exigiendo que los jueces hayan adoptado contra ellos medidas cautelares de gravedad y que la mera prohibición de salir de España dictada en la Audiencia Nacional no ampara al Ministerio para suspender su actividad.
Así explican, por ejemplo, que José Ángel Fuentes Gago siga acudiendo cada día a la Jefatura Superior de Madrid, después de que el portal Moncloa.com publicara la grabación en la que ofrecía en abril de 2016 un acuerdo extrajudicial a un ministro de Hugo Chávez si este accedía a perjudicar a Podemos. Fuentes Gago conserva la placa y la pistola pero no las altas responsabilidades que ejerció en el Gobierno anterior. Como él otros cuatro policías investigados mantienen su actividad pero no los puestos asignados en Interior durante la gestión del PP.
'Hackeo' en la casa de Iglesias y Montero
Quien sí permanece fuera de toda actividad es el comisario Carlos Salamanca, investigado en las mismas tramas que Villarejo y que pasó en prisión durante diez meses y solo pudo salir en libertad tras pagar 100.000 euros de fianza. Salamanca no aparece vinculado a la guerra sucia contra partidos sino en una trama de sobornos para introducir ilegalmente ciudadanos guineanos en España y por colaborar con Villarejo en un dossier para una de las facciones de la dictadura guineana de Obiang.
Podemos mete también dentro de sus acusaciones al Gobierno por supuestas complicidades con la cloaca el hackeo de una cámara de seguridad que vigila el chalé de Iglesias y Montero en Galapagar, y cuyas imágenes durante un tiempo se llegaron a emitir en directo a través de una web.
El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, aseguró este lunes que la investigación del grupo de delitos telemáticos de la Guardia Civil tras la denuncia de Iglesias y Montero concluyó que el hackeo de esa cámara fue obra de “personas externas” a su Ministerio y que de momento “hasta ahí se ha podido llegar”.
“Se ha llegado hasta donde se ha podido llegar, que no parece que sea muy lejos, ni ganas tienen”, dijo en un tuit la diputada de Unidas Podemos Ione Belarra, tras escuchar las explicaciones del ministro.
“Mientras hay algunos [en alusión al Ejecutivo] que dicen que se han limpiado esas cloacas del Estado hay policías que han participado en la trama que siguen cobrando sueldos públicos del Estado”, denunciaba, por su parte, este lunes Echenique en rueda de prensa.
La existencia de una policía política durante el Gobierno de Mariano Rajoy es un asunto muy sensible en las filas de Podemos, objeto de graves ataques por parte de medios que amplificaron supuestos informes policiales sin sello ni firma para desacreditar a este partido y a Pablo Iglesias, igual que antes habían hecho con distintos dirigentes independentistas.
El propio exdirector de El Mundo David Jiménez acaba de publicar un libro, El Director, Secretos e Intrigas de la prensa narrados por el exdirector de El Mundo, en el que revela una campaña del establishment durante el año 2015, para evitar que Podemos llegase al Gobierno. Jiménez alude en su libro al informe PISA, un texto apócrifo sobre la supuesta financiación ilegal de Podemos que embarrancó en todos los juzgados donde fue presentado, y que el entonces director de El Mundo decidió no publicar, igual que hizo con otro similar, pero que acabó siendo difundido por El Confidencial y Ok Diario.
Las revelaciones de David Jiménez, que la pasada semana concedió una entrevista a eldiario.es donde ratificaba y daba detalles de algunos pasajes de su libro, son para Podemos la prueba definitiva de que es cierto lo que llevan años denunciando: que hubo una operación de los poderes fácticos para evitar su llegada al poder durante los años 2015 y 2016 cuando el partido de Pablo Iglesias despuntaba en las encuestas que llegaron a colocarlo como segunda fuerza por detrás del PP.
A tres semanas de las elecciones generales, el partido va un paso más allá y trata de vincular al Gobierno de Sánchez en la guerra sucia. Y todo en un momento en que Podemos cae en picado en las encuestas, solo mantiene a la mitad de los votantes que les apoyaron en las últimas generales y ve cómo el 25% de ellos elige ahora al PSOE.
No es la primera vez que dirigentes de Podemos tratan de vincular al Gobierno de Sánchez con las cloacas policiales. A raíz de la publicación en el digital Moncloa.com de una vieja conversación que tuvo lugar en 2009 de Dolores Delgado, hoy ministra de Justicia, cuando era fiscal de la Audiencia Nacional con Villarejo y la que era la cúpula policial del Ministerio del Interior y que fue grabada por el comisario, el partido de Pablo Iglesias ya reclamó la dimisión de la ministra alegando que nadie del Gobierno debía tener tratos con las cloacas del Estado.
Delgado explicó que había sido invitada a aquella comida con los mandos policiales antes de que aflorase todo lo relacionado con las alcantarillas del Estado y que no mantiene ningún tipo de relación con Villarejo y el resto de policías implicados. Podemos, que entonces negociaba con el Gobierno los Presupuestos Generales del Estado para 2019, reclamó insistentemente la renuncia de Delgado, que se mantuvo en el Ministerio, y acabó apoyando las cuentas de Sánchez.
Entonces alegó que una cosa era la inconveniencia de las relaciones que había mantenido la ministra (antes de serlo) y otra, hacer caer al Gobierno socialista.
