Cinco empresarios detenidos por corrupción internacional y contratar a Villarejo para reventar la investigación
Agentes de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía han detenido esta mañana a cinco empresarios en el marco del caso Villarejo. La operación responde a un caso de corrupción de empresarios españoles en Guatemala y a la presunta contratación del comisario ya jubilado para reventar la investigación y posible extradición de algunos de ellos al país centroamericano.
El naviero Ángel Pérez-Maura, uno de los detenidos este miércoles, está investigado en Guatemala por pagar presuntamente una comisión de 30 millones de dólares entre los años 2012 y 2015 al presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta entonces del país, entre otros, para que la mercantil Grup Maritim Terminal de Contenedores de Barcelona S.L, a través de su filial en Guatemala Terminal de Contenedores Quetzal S.A, obtuviera de forma ilícita la adjudcación para la construcción y explotación de una terminal privada de contenedores en Puerto Quetzal, informa la Fiscalía Anticorrupción española.
Junto a Ángel Pérez-Maura han sido detenidos su hermano Álvaro y los también empresarios Francisco Javier Soucherion Marcet y Enrique Mestre Cavanna. El quinto detenido es Adrián de la Joya, empresario del círculo del comisario Villarejo.
En el marco de las pesquisas también se investiga el pago de 10 millones de euros al entramado empresarial de Villarejo por parte de la mercantil A. Pérez y Cia S.L para impedir la detención y extradición de Angel Pérez Maura a las autoridades guatemaltecas, dictadas el 14 de abril de 2016, “así como para obtener su impunidad en los procedimientos penales que pudieran incoarse contra él tanto en Guatemala como en España”, precisa Anticorrupción. En aquel momento, Villarejo estaba destinado en la Dirección Adjunta Operativa de la Policía.
Por su parte, Adrián de la Joya ya fue detenido en el marco del caso Lezo por su presunta relación con una mordida que OHL habría pagado a Ignacio González. Según la investigación, De la Joya habría hecho de intermediario de 1,4 millones de euros que terminó quedándose alegando que el grupo de Villar Mir le debía dinero.
En su nota, la Fiscalía Anticorrupción “quiere hacer constar que la investigación no atañe a la actual ministra de Justicia en funciones, fiscal de la Audiencia Nacional en aquellos momentos, quien no consta tuviera intervención alguna en el citado procedimiento de extradición, como ya se hizo constar en la nota que en su día emitió la Fiscalía de la Audiencia Nacional”.
