Clara Ponsatí recibe el apoyo de la comunidad académica de la Universidad de St. Andrews

La exconsejera Clara Ponsatí, que afronta en Escocia una petición de extradición a España por el proceso de independencia de Cataluña, ha recibido el apoyo de la Universidad de St. Andrews y parte de la ciudadanía escocesa, que se ha movilizado en contra de su procesamiento.

Después de entregarse voluntariamente el pasado miércoles en una comisaría de Edimburgo, donde fue detenida en aplicación de la euroorden emitida por la Justicia española, Ponsatí quedó en libertad, aunque se le retiró el pasaporte como medida cautelar.

La exconsejera catalana de Educación, que se reincorporó este mes a su puesto de directora de la Escuela de Economía y Finanzas en la Universidad escocesa de St Andrews, afronta cargos de rebelión violenta y malversación de fondos públicos por la organización de la consulta celebrada el 1 de octubre de 2017 en Cataluña.

Ponsatí ha tildado su procesamiento como una “persecución política” y ha rechazado la extradición con el argumento de que no hay garantías de tener un juicio justo en España.

Para seguir esta estrategia de defensa en el proceso de extradición que empezará el 18 de abril, Ponsatí cuenta con la asistencia legal de Aamer Anwar, un prestigioso abogado que es también el rector de la Universidad de Glasgow.

Su representante legal, elegido abogado del año en Escocia en 2017, es uno de los más mediáticos del Reino Unido por su larga trayectoria en defensa de los derechos humanos.

Desde que el Tribunal Supremo español emitió la orden europea de detención contra Ponsatí, la comunidad académica de St. Andrews, el centro de educación superior más antiguo de Escocia, ha expresado públicamente el respaldo a su profesora.

La vicerrectora de esta institución, Sally Mapstone, afirmó que la exconsejera “es una colega valorada”, por lo que están “comprometidos con protegerla y apoyarla”, y añadió que es “blanco” de la Justicia por “defender sus creencias políticas”.

Un grupo de alumnos de esta universidad ha creado la campaña “St Andrews Supports Clara Ponsatí”, que, como indican sus fundadores, tiene el objetivo de “expresar el apoyo de los estudiantes a Clara Ponsatí, quien afronta en España cargos motivados políticamente”.

Para el próximo lunes han organizado una manifestación en los alrededores del campus universitario de la localidad de St Andrews, situada al norte de Edimburgo.

Desde el movimiento independentista escocés el respaldo a Ponsatí ha sido unánime.

El Gobierno escocés de Nicola Sturgeon expresó su rechazo ante la posición del Ejecutivo español por “perseguir” a los políticos separatistas y aseguró que respetará la independencia judicial, pero los votantes de su formación, el Partido Nacionalista Escocés (SNP), se han movilizado.

La simpatía que la defensa de Ponsatí genera entre parte de la ciudadanía escocesa se pudo apreciar el pasado miércoles, cuando compareció ante un tribunal de primera instancia.

A las puertas del tribunal, se concentraron decenas de manifestantes entre los que había catalanes residentes en Edimburgo y escoceses como Patricia Campbell.

“Estamos aquí para mostrar nuestra solidaridad con Clara, porque enseña en St Andrews y ha estado viviendo en Escocia desde hace tiempo. Creemos que la orden de detención se debe a razones políticas y es simplemente intolerable”, dijo Campbell.

David Steward, un edimburgués que se identifica como independentista, afirmó simpatizar con el movimiento que persigue el mismo fin en Cataluña y consideró que la actuación de las autoridades españolas es “inhumana”.

“Espero que los tribunales, de acuerdo con las leyes escocesas, vean que las órdenes europeas de detención deben usarse contra criminales y que el delito de rebelión que se le imputa no existe en este país”, opinó Steward en declaraciones a Efe.

Ponsatí puso en marcha el día de su entrega voluntaria una campaña de microfinanciación para sufragar los gastos de su defensa, que hasta ahora ha recaudado unas 222.600 libras (más de 253.400 euros) a partir de las donaciones de más de 7.300 personas.