El pueblo 'rojo' que se enfrentó a Aguirre en los tribunales y ha ganado a los bancos
Rivas-Vaciamadrid parece una más de las ciudades dormitorio del extrarradio de Madrid. Un municipio en el sureste de la región que ha acogido durante décadas a familias de clase trabajadora que no encontraban su sitio en la capital. Pero Rivas no es una localidad más. Está gobernada por IU desde los años 90 de forma ininterrumpida y hace gala de la política de vivienda pública que desarrolla desde hace años. Una política que les llevó en 2011 a enfrentarse al Gobierno regional de Esperanza Aguirre. Siete años después, el Tribunal Supremo ha dado la razón al Consistorio y, al menos durante un día, ha tensado a la gran banca española.
Rivas es el municipio que ha ganado en el alto tribunal un recurso que podría significar que uno de los impuestos que grava la compraventa de una vivienda, el de Actos Jurídicos Documentados, lo tienen que pagar las entidades crediticias y no los clientes. Podría, porque el Supremo dictó hace unos meses una sentencia en sentido contrario. Ahora, el Pleno del órgano deberá resolver un galimatías jurídico que pone en juego el destino de una cantidad indeterminada de dinero que podría sumar varios millones de euros.
La cantidad que motivó que Rivas llegara a los tribunales fue mucho menor: 2,5 millones que la Hacienda madrileña reclamaba al municipio por las alrededor de 4.000 hipotecas firmadas por la Empresa Municipal de la Vivienda de la localidad.
El Ayuntamiento se convirtió en un promotor de pisos que sacar al mercado del alquiler a un precio bajo para las personas que cumplieran determinados requisitos, explica el actual regidor, Pedro del Cura, en conversación con eldiario.es. El Gobierno municipal presidido entonces por José Masa reclamó al Gobierno regional del PP la misma exención fiscal de la que disfrutan otras administraciones, como la propia Comunidad de Madrid. Pero el Ejecutivo que ya comandaba Esperanza Aguirre rechazó la petición, al considerar que los pisos de protección eran más grandes de lo que debían.
Agotados los recursos administrativos, el Gobierno municipal de IU recurrió a los tribunales. El Superior de Justicia de Madrid, en 2015, no le dio la razón. El Supremo, en 2018, sí.
“Estábamos reclamando 2,5 millones de euros de los vecinos que nos negábamos a tener que pagar porque entendíamos que lo tenían que pagar ellos”, asegura Del Cura. El alcalde del municipio más grande que gobierna IU, en coalición con la marca de Podemos en la localidad, considera la sentencia “un éxito del municipalismo”. “Los vecinos solos no hubieran podido”, apunta. El pleito se ha llevado con los servicios jurídicos propios del ayuntamiento. “Los costes han sido pocos, 10.000 o 15.000 euros”, explica el regidor.
La disputa, asegura Del Cura, comenzó por una decisión política de Esperanza Aguirre. “Cuando el Gobierno del PP promocionaba vivienda libre y subía tanto el precio, nosotros hacíamos lo contrario”, recuerda Del Cura, que ya formaba parte del Consejo de Administración de la EMV antes de llegar a alcalde. “Casi todas las políticas eran contrarias a las del PP”, añade. “Recalificaban para hacer vivienda libre y nosotros protegidas. Hicieron todo lo posible por boicotearlo”, zanja.
Durante lustros, Rivas ha sido uno de los pocos municipios gobernados por IU en la región. Y el único con una población importante. Si en los años 70 los habitantes apenas sumaban el medio centenar, ahora sobrepasan los 80.000, cuya renta disponible supera en poco los 25.000 euros anuales.
El crecimiento tuvo su punto de inflexión al inicio de la democracia y se ejemplifica uno de los barrios de Rivas. Su nombre es Covibar, acrónimo de Cooperativa de Viviendas Baratas. Fue el inicio de una experiencia y de una forma de hacer que ha llegado hasta hoy.
Pese a una grave crisis interna que tuvo su epicentro precisamente en la EMV y que llevó al anterior alcalde a ceder el bastón de mando un año antes del final de su mandato, en 2015 IU revalidó la Alcaldía de la mano de una candidatura conjunta con Equo liderada por Del Cura. La marca de Podemos dio primero su apoyo externo aunque con el tiempo terminó entrando en el Gobierno municipal.
Históricamente, Rivas se ha enfrentado al Gobierno central de Madrid, controlado por el PP desde 1995. La incidencia en el entorno del vertedero e incineradora de Valdemingómez, los accesos a la autovía de circunvalación M50 o la situación de la Cañada Real, uno de los conjuntos de edificaciones ilegales más grandes de Europa que alberga un hipermercado de la droga, han sido algunos de los litigios habituales.
La inquina que, dice Del Cura, había contra su ciudad se ha acabado revolviendo contra quienes la promovía. “El PP, por ir contra Rivas, ha acabado yendo contra todo el sistema financiero”, apunta con ironía. Siempre y cuando el Tribunal Supremo opte por convertir en jurisprudencia una sentencia que, en el caso concreto de este municipio, ya es inamovible.
