Sánchez se compromete a una reforma legislativa para cogobernar con las autonomías tras el estado de alarma

Ya no son solo los presidentes del PP o los nacionalistas. El malestar por la desescalada ha llegado también a las Comunidades gobernadas por el PSOE. La más molesta, sin duda, la Generalitat valenciana, que siente haber sido maltratada por el Gobierno. Y de ahí que defienda que la decisión de mantener prácticamente a toda la Comunidad en fase 0 haya sido más política que técnica y no entienda cómo Euskadi, por debajo de los marcadores valencianos en casi todos los parámetros -contagiados, UCI, fallecidos, prevalencia y recursos- este lunes vaya a entrar en fase 1. La respuesta: en el apoyo in extremis del PNV a la prórroga del estado de alarma. Ante las reiteradas críticas por las sucesivas prórrogas al estado de alarma, el presidente se comprometió a afrontar una reforma legislativa para cogobernar con las Autonomías cuando regrese la normalidad.

Así las cosas y antes de que intervinieran los presidentes autonómicos en la novena cita telemática con Pedro Sánchez desde que empezó la crisis del coronavirus, el jefe de Gobierno reconoció que ésta “ha sido una semana intensa” y recordó que el equipo de desescalada ha tenido 15 bilaterales en un tiempo muy corto de tres días. “Nuestras decisiones, con empatía, se han basado en dos criterios: el de los expertos y el de la prudencia. Y son los que tienen que imperar. Es lo único que nos importa, defender la salud pública y salvar el mayor número de vidas posibles en este escenario tan complejo”.

Recordó, después, que cuando el mayor número de territorios estuviera en fase 1 decretaría el luto oficial que viene demandando desde hace semanas la derecha y que ya en la normalidad se celebrará un funeral de Estado “como corresponde a esta situación inédita”. Serán la vicepresidenta Carmen Calvo y la ministra de Política Terrritorial, Carolina Darias, las encargadas de coordinar el acto con las Autonomías porque Sánchez desea que haya en el funeral representación de todos los territorios.

El presidente se refirió también a la situación laboral de miles de españoles y recordó que las empresas que hagan ERTE por fuerza mayor no podrán repartir dividendos durante el ejercicio fiscal salvo que devuelvan la parte correspondiente a la exoneración aplicada. Tampoco podrán acogerse a ellos las sociedades que tengan su domicilio en paraísos fiscales. En total, el coste para el Estado de los ERTE será superior a los 4.500 millones de euros al mes, según ha explicado.

En relación a las críticas por las prórrogas al estado de alarma, se comprometió a afrontar una reforma legislativa para un acuerdo de gobernanza con las Autonomías una vez decaiga el decreto en vigor. “Si estuvierais en mi lugar querríais cuanto antes levantar estado de alarma. Vamos a plantear a los grupos parlamentarios, cuando hayamos controlado la epidemia, una fórmula de gobernanza que llevará implícita la modificación de leyes (salud pública o sanidad). Un acuerdo de gobernanza donde estéis vosotros y nosotros. Pero ahora el instrumento que tenemos es el que tenemos”, afirmó. La intención del Ejecutivo es mantener el estado de alarma hasta que España entre en la fase de “nueva normalidad” -no antes de finales de junio- dado que sostiene que es el único instrumento jurídico que permite impedir la movilidad interprovincial -el cambio de una provincia a otra no está previsto en el plan de desescalada hasta ese momento- así como restringir el derecho de reunión.

Puig exige “transparencia y reglas objetivas”

Según asistentes a la reunión, el president Ximo Puig destacó la “contribución” de los profesionales sanitarios valencianos a esta etapa en la que “estamos mejor”. Entre otros datos, destacó que el sábado hubo más altas en la Valencia que todas las acumuladas desde el inicio de la pandemia hasta el 3 de abril, y resaltó que la tasa de incidencia es la tercera parte de la media de España. Por eso, ocupa el puesto 14 de 17 Autonomías. Y el puesto 12 de 17 en mortalidad. “Sin triunfalismo alguno”, afirmó que Valencia está controlando la pandemia, gracias, entre otras cuestiones, “a que es la que más ha aumentado la inversión en los últimos años en sanidad y servicios sociales”. Y esto a modo de introducción para recordar que desde el principio fue firme defensor de que la Conferencia de Presidentes fuera un espacio de corresponsabilidad y exigir que la cogobernanza “requiere transparencia, reciprocidad y reglas objetivas”. En ese sentido, trasladó al presidente del Gobierno que se alegraba de que la bilateralidad “haya funcionado con otras comunidades autónomas” y “desgraciadamente, no en el caso de Valencia”.

Exigió, por ello, rigor en la toma de decisiones y, aunque confió plenamente en la honestidad de los técnicos y por supuesto en los responsables políticos, lamentó que frente al informe de 232 páginas presentado el miércoles por la Generalitat al Ministerio de Sanidad para la desescalada, acreditando el cumplimiento de las condiciones para pasar a la Fase 1, “no hemos recibido un papel”. “Las decisiones se toman desde la cultura escrita”, concluyó.

Moreno y el “daño reputacional” a Andalucía

Igual que Puig, el andaluz Juan Manuel Moreno Bonilla se quejó de que su región no haya pasado en su totalidad a la fase 1 y por el diferente trato respecto a otras Autonomías. Consideró “difícil de entender” que distritos sanitarios como la Costa del Sol, con 1.6 casos PCR por 100.000 habitantes, no puedan pasar a la fase 1 “otros con incidencias mucho más elevadas sí lo han hecho”. Así, acusó a Sánchez de causar un “daño reputacional” innecesario a marcas como la Costa del Sol o Costa Tropical de Granada con su decisión. Recordó que la propuesta de Andalucía de mantener en fase 0 a tres distritos sanitarios partía de la prudencia y ha solicitado al presidente del Gobierno que, en primer lugar, le traslade los motivos y, en segundo lugar, que se revise la decisión y se aplique a Andalucía el mismo criterio que a otras Comunidades.

Su enmienda fue más allá de las decisiones sanitarias, ya que cuestionó el criterio utilizado para repartir los 10.000 millones adicionales para gasto sanitario, al entender que el Ministerio de Hacienda ha modificado “de manera unilateral y no justificada” lo acordado con el Ministerio de Sanidad por todas las Autonomías, que era “más razonable” y que otorgaba a la población un peso mayor en la fórmula de reparto. Cuantificó en 561 millones la cantidad que Andalucía perderá por ese cambio de criterio. También defendió que Andalucía ha vuelto a ser “penalizada” al ser obligada a destinar 1.000 millones de fondos europeos para gasto sanitario y le ha pedido que sea el Gobierno de España el que reprograme parte de sus fondos europeos para Andalucía, ya que tiene 4.700 millones de los que sólo ha ejecutado el 13%. Al aludir a la “penalización” que sufre Andalucía, Moreno fue interrumpido por Sánchez para pedirle más brevedad, a lo que el presidente de Andalucía respondió que estaba utilizando el mismo tiempo que sus colegas y que, aunque para él no era agradable tener que usar la Conferencia de Presidentes para mostrar esta queja, es a lo que está obligado como máximo representante y defensor de los intereses de una Comunidad donde viven 8,4 millones de andaluces, según fuentes de la Junta.

Menos tensión hubo con la intervención del castellano-manchego Emiliano García-Page, que valoró positivamente la posición más conservadora del Ministerio, que debe ser siempre mayor “que la suma de 17 posiciones prudentes” después de que el Ministerio de Sanidad dejara tres de las cinco provincias de Castilla-La Mancha en fase 0. Eso sí, constató, la evolución favorable de los indicadores sanitarios e insistió en que hay provincias que pueden pasar a Fase 1 en un periodo muy breve de tiempo. Fuentes de el Gobierno regional enfatizan que en Guadalajara y Cuenca no se han registrado fallecimientos en las últimas 24 horas y que el hospital de Almansa es el primero de la región sin pacientes de COVID-19. García-Page hizo mayor hincapié en las cuestiones económicas, en especial en el reparto del Fondo no reembolsable para recordar que el primer tramo de 6.000 millones debe repartirse con el criterio con el que se le ha pedido a Europa. Es decir, que el dinero se reparta por la incidencia real del COVID, no por la incidencia potencial.

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, mostró su preocupación por “cierto relajamiento” entre la ciudadanía y propuso el uso obligatorio de mascarillas en los espacios públicos. Luego, igual que el lehendakari Iñigo Urkullu defendió que es “el momento de gastar”, ya que las Cámaras de Comercio catalanas han estimado una inversión de más de 12.000 millones de euros en Cataluña para evitar no haya cierre de empresas. “No le pondría límites a los ERTEs. Es necesaria una renta básica universal, no podemos permitir una crisis social y hay que parar cualquier derivada que nos pueda sumir en una crisis social más grave”, afirmó. También pidió transparencia y claridad en las ayudas sociales en una especie de ventanilla única para eliminar burocracia. “Todo lo que no gastemos en estos próximos tres meses se nos va a multiplicar por mucho. Mantener un puesto de trabajo hoy es más barato que pagar paro durante varios años. No podemos permitir que se nos hundan las empresas y perder puestos de trabajo. El plan de desconfinamiento tiene que ir ligado a un plan de salvamento de la economía”, sentenció.

Torra también planteó una mayor ayuda a las personas que tienen que hacerse cargo de menores durante el confinamiento a través de una suerte de “subsidio económico” para quienes no puedan ir a trabajar. Sánchez le ha respondido que la conciliación es una de las cuestiones que tienen que estudiar hasta septiembre y ha emplazado a las comunidades a abordar el asunto con las diputaciones y ayuntamientos dado que todo lo relacionado con cuestiones como los campamentos de verano generalmente están financiadas por las corporaciones locales. Respecto al mantenimiento del curso escolar cerrado, el Gobierno asegura que se abordará la cuestión en las próximas fechas a través de la ministra de Educación, Isabel Celaá.

El gallego Alberto Núñez Feijóo, demandó mayor anticipación en las decisiones del Gobierno de España para que las autonomías sepan lo que tienen que hacer en cada fase de la desescalada. Un criterio que evitaría incertidumbres, ya que incluso para las empresas “enterarse los sábados de lo que tienen que hacer los lunes provoca caos e inseguridad”. Coincidió con Torra en la necesidad de establecer la obligatoriedad en el uso de mascarillas y que se aplique un criterio de unidad, además de una rebaja del IVA

El presidente de la Xunta también se refirió a la renta mínima y planteó que se afronte de manera conjunta, ya que la mayoría de Comunidades ya tienen ayudas similares. De este modo, propuso que la ya existente en los distintos territorios se pueda ampliar en cuantía o beneficiarios. Fue Feijóo el primero en apuntar la necesidad dotar al Estado un Sistema Sanitario con rango de Ley Orgánica y tener una legislación específica que permita al Gobierno Central tomar decisiones para limitar la movilidad de los ciudadanos en lugar del estado de alarma.

Urkullu, menos crítico que en semanas anteriores, valoró también el acuerdo del Congreso de los Diputados que canaliza la cogobernanza que veníamos pidiendo y debemos saber aplicar. “Podemos ampliar la mirada, la etapa sanitaria se mantiene pero iniciamos otra, la de responder a la crisis socioeconómico que debemos afrontar. Estamos reordenando nuestros recursos y la inversión pública es una herramienta fundamental. Es el momento de invertir también en reactivación económica y el empleo”.

La madrileña Isabel Díaz Ayuso, que no se refirió en ningún momento a la dimisión de su directora general de Salud Pública por no compartir que Madrid pasara a la fase, 1 al no cumplir con los marcadores, defendió que por muchas medidas que se pongan en marcha, “no se podrá evitar que haya de vez en cuando rebrotes, como los habrá en otras partes de España”. La presidenta es partidaria de que acostumbrarse a convivir con el virus sin estar confinados, porque “la opción B es estar confinados eternamente hasta diciembre y arruinarnos”.

Ayuso insiste en pasar a la Fase 1 para “no arruinarnos”

Ayuso se quejó al presidente de la campaña emprendida por el PSOE “hacia mí y hacia la Comunidad de Madrid”, en relación a una tuit de la cuenta oficial del partido, en la que se le tachaba de ejemplo “de gestión ineficaz e irresponsable”. Se trata, en su opinión, de “ataques desmesurados e injustos” porque desde la primera videoconferencia he defendido “la salud y la vida”. En todo caso, insistió en que Madrid necesita pasar a la Fase 1 “porque aquí radican el 60% de las empresas y porque somos un motor económico que es bueno para que los demás sigan funcionando”.

“No nos vamos a quedar eternamente en casa. Tenemos que conjugar esa delgada línea defendiendo a los más vulnerables con la salida económica porque si no, nos vamos a arruinar eternamente como país. Claro que quiero dar pasos adelante y no equivocarme, pero hay que ir poco a poco apostando por salir, y por más desescaladas que hagamos y fases, no vamos a hacer más que caer todo el rato e incurrir en errores”, concluyó.

El presidente del Gobierno de Aragón agradeció, por su parte, que Sánchez haya puesto en el centro de la agenda políticas dirigidas a la España más despoblada, al tiempo que defendió que en el reparto de fondos estatales se tenga en cuenta el coste de prestación de servicios públicos en función de la demografía para no generar mayores desigualdades. Lambán considera que la flexibilización en determinadas zonas rurales contribuirá a reactivar la actividad económica con otros parámetros diferentes a los de las grandes ciudades. Y Sánchez se comprometió a estudiar un impulso del medio rural.