Sánchez se come a la Fiscalía, aunque quizá necesite una caja de Almax para digerirla

A cinco minutos del final de la Supercopa, un jugador del Atlético de Madrid corría embalado hacia la portería rival hasta que fue derribado por detrás con una doble y peligrosa patada de Fede Valverde, que fue expulsado. Fue una acción antideportiva, pero valiosa, porque evitó un posible gol y resultó crucial para la victoria del Real Madrid. Tras el partido, su entrenador, Zinedine Zidane, no tuvo dudas: “Es una falta grosera, pero había que hacerla en ese momento. Lo ha hecho bien”.

Al día siguiente, Pedro Sánchez nombró fiscal general del Estado a la ya exministra de Justicia, Dolores Delgado.

Como en el deporte, en política “ganar no lo es todo, es lo único que importa”.

El PP montó en cólera. “Ataca directamente la separación de poderes y el Estado de Derecho”, dijo Pablo Casado. Hay que recordar que el PP lleva acusando al PSOE de ensuciar la tumba de Montesquieu desde los tiempos de Felipe González. Parece mentira que la democracia haya sobrevivido tanto tiempo.

El PSOE y el PP se han beneficiado durante décadas de la singular descripción que las leyes hacen del trabajo de los fiscales, a los que asignan dos condiciones aparentemente contradictorias: la dependencia jerárquica y el principio de independencia. La política se mueve a veces en territorios marcados por la ambigüedad, y sí, también la arbitrariedad, y los dos grandes partidos han chapoteado a gusto en esas aguas no precisamente cristalinas. Y cuando había problemas, siempre se podía recurrir a la Fiscalía General del Estado como flotador.

Sánchez tiene prisa por evitar que la conjunción astral de las palabras 'Catalunya' y 'Justicia' hunda su barco antes de que salga del puerto. De ahí que se haya dejado de escrúpulos y haya optado por Delgado –fiscal de la Audiencia Nacional en excedencia–, que no es militante del PSOE, pero que ha sido totalmente leal a Sánchez como ministra y fue elegida diputada en las listas del partido en noviembre.

Una tradición arraigada en el tiempo

¿Dónde queda la apariencia de independencia?, se preguntaba el lunes un miembro de la Fiscalía del Tribunal Supremo. Exactamente en el mismo sitio en que estaba con la mayoría de los nombramientos anteriores para ese cargo. En algún lugar perdido de las fantasías políticas, al final del arcoíris, allá donde otros ponen esperanzas que nunca se cumplirán. Lo que ahora se llama las fuerzas constitucionalistas ha hecho un amplio uso de la figura del fiscal general. Y cuando no podían controlarlo, tenían muy fácil forzar su dimisión. Así se las gasta el constitucionalismo.

González ya nombró para el puesto a un exministro, Javier Moscoso. Después a un exdiputado socialista y exvicepresidente del Congreso, Leopoldo Torres. En 1994 le tocó el cargo a Eligio Hernández, exdelegado del Gobierno en Canarias (dos años después el Tribunal Supremo anuló el nombramiento por no tener años suficientes de experiencia como jurista). La rebelión de un grupo de fiscales de la Audiencia Nacional conocidos por sus posiciones conservadoras y con protección en el PP provocó que el mandato de Juan Ortiz Úrculo, nombrado por Aznar, durara sólo ocho meses. Le sustituyó Jesús Cardenal, un nombre que agradó sobremanera al ala derecha del PP. En una memoria de la Fiscalía había denunciado el “clima de pluralismo” que amparaba el divorcio, el aborto, la homosexualidad, los anticonceptivos y la pornografía. Cardenal era claramente independiente de la realidad y de la pornografía, pero no del Opus Dei.

Conde Pumpido tenía una excelente relación personal con Zapatero y los socialistas. Rajoy nombró fiscal general a Torres Dulce por estar en la órbita conservadora, pero las discrepancias de este con el Ministerio de Justicia acabaron con su dimisión/cese (elija la opción más elegante). Le sustituyó Consuelo Madrigal, cuya independencia fue tan respetada por el Gobierno que le buscaron sustituto muy pronto. No estaba por la labor de cambiar a los responsables de la Fiscalía Anticorrupción y de la Fiscalía de la Audiencia Nacional cumpliendo las necesidades del partido de Rajoy, sitiado por los escándalos de corrupción. El PP necesitaba manos amigas en la Fiscalía. Ese sitio donde te afinan las cosas, en expresión de su ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.

Maza, el fiscal perfecto

Pocos fiscales generales fueron tan comprensivos con el PP como José Manuel Maza, el sustituto de Madrigal. El problema para el partido se resolvió de inmediato. No tuvo inconveniente en nombrar para la Fiscalía Anticorrupción a Manuel Moix, que tenía la poco halagadora condición de ser el candidato favorito del presunto corrupto Ignacio González, como revelaron las grabaciones de sus conversaciones con Zaplana. No tenía experiencia en investigaciones contra la corrupción, pero sí los antecedentes necesarios: el PP de Madrid siempre estuvo encantado con Moix.

Maza tuvo una presencia clave en los primeros pasos de la investigación judicial contra el procés. En una gloriosa entrevista en la Cadena SER, dejó entrever que la Fiscalía había promovido una respuesta política al desafío independentista. Afirmó que si los acusados hubieran acatado la Constitución en su declaración en la Audiencia Nacional, la decisión del fiscal y la jueza podría haber sido otra: “A lo mejor alguna cosa hubiera cambiado”. A lo mejor.

“Los que han criticado que planteemos la rebelión deben recordar que una querella no es un escrito de acusación. No se hila tan fino. Incluye todos los posibles delitos. No afirmamos que haya rebelión, sino que es posible”, dijo Maza. Había que frotarse los ojos y los oídos para confirmar que se había entendido bien al fiscal general. Una medida que tuvo claras consecuencias políticas se tomó porque ese delito “era posible”.

Si hay medios de comunicación escandalizados por la elección de Dolores Delgado, hay que preguntarse dónde han estado en los últimos 40 años.

No se puede negar que Pedro Sánchez ha descartado emplear el juego de las apariencias sobre la apariencia de imparcialidad del fiscal general. Todo es claro y transparente. La elección de Delgado se ha dado a conocer antes de que el nuevo ministro de Justicia entre en su despacho. Es el dedo de Moncloa el que brilla en el cielo sobre la sede la institución.

Delgado tiene como principal misión controlar a la Fiscalía del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional en las guerras jurídicas del procés. Los fiscales del Supremo recibieron un tremendo varapalo con la sentencia del procés, y no tanto por el hecho de que la condena fuera por sedición, y no por rebelión, sino por los argumentos tajantes con que los magistrados desdeñaron sus alegatos apocalípticos sobre la situación de Catalunya que habían enarbolado en sus conclusiones finales de la vista.

La Fiscalía ha sido una pieza clave en la estrategia jurídica del PP sobre Catalunya –es posible que a veces yendo incluso más lejos que lo que necesitaba Rajoy– y Moncloa no va a permitir que eso siga ocurriendo. Sánchez ha tropezado varias veces en entrevistas con algunas promesas relacionadas con Catalunya. “Es que la Fiscalía ¿de quién depende?”, dijo en RNE en noviembre. Ahora está claro que iba en serio. Depende de mí y va a quedar claro muy pronto.

Todo tiene su revés: ahora Sánchez lo tendrá más difícil para decir a los independentistas que no puede ordenar a los fiscales que hagan lo que a él le apetezca. Cada vez que un fiscal tome una medida jurídica contra políticos de ERC o JxCat, ya sabemos lo que se escuchará en Barcelona.

El tertulianismo decía hace unos días que Pablo Iglesias se iba a comer crudo a Sánchez. Seguro, con cuchillo y tenedor. De momento, el presidente ya se ha comido a la Fiscalía. No debe olvidar que esa digestión ha resultado un tanto incómoda a algunos gobiernos anteriores. También es verdad que el estómago de un Gobierno es mayor que el de una vaca.

Fede Valverde pidió perdón por la patada que fue tan importante para el triunfo de su equipo: “Quiero pedir disculpas a Morata. No podía hacer otra cosa, no llegaba”.

Es posible que Sánchez piense que necesita a alguien como Delgado en el cargo de fiscala general y que no va a llegar muy lejos sin tener cubierto ese flanco. Lo que está claro es que no va a pedir disculpas por el nombramiento. Pensará que si no enseña los dientes, terminarán comiéndoselo a él. Y estamos en un momento muy carnívoro de la política española.