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Tramitar una queja ante un defensor del pueblo autonómico cuesta el doble que hacerlo ante Soledad Becerril
Sáenz de Santamaría ha detallado estos datos durante la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso en un debate sobre los trabajos de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), que propone a las administraciones racionalizar sus órganos autonómicos.
Ante las quejas del diputado de CHA Chesús Yuste, que ha defendido el buen funcionamiento del Justicia de Aragón y el Tribunal de Cuentas autonómico, la vicepresidenta ha recordado que se trata de medidas “voluntarias” para ser “más eficaces y ahorrativos”.
Así, ha demostrado este “margen para el ahorro” en el hecho de que tramitar una queja ante el Defensor del Pueblo de España, dirigido por Soledad Becerril, cuesta 419 euros, mientras que la media del mismo trámite ante los defensores del pueblo autonómicos supone un coste de 834 euros.
Sáenz de Santamaría ha recordado que los trabajos de la CORA no incluyen “imposiciones”, sino que sugieren “alternativas” pare reducir el coste de las administraciones públicas y su gasto. “Es una elección, una alternativa para el fin que debemos perseguir en tiempos de crisis y siempre de respetar los servicios públicos pagados con los impuestos de los ciudadanos y respetar la calidad de la administración”, ha justificado.
“APARENTAR” CONTROLES PARA ELIMINAR CONTROLES
La vicepresidenta ha recordado que hay nueve comunidades autónomas que no tienen defensor del pueblo autonómico y cuatro más que han eliminado esta institución. Además, sólo doce autonomías cuentan con tribunales de cuentas propios. “¿Cree que estas autonomías tienen menos derechos o controles que aquellas en las que sí existen?”, ha preguntado.
Frente a estos argumentos, el diputado de CHA ha defendido que el Justicia de Aragón es una figura “histórica, consolidada y muy querida por la sociedad aragonesa”, con un nivel de eficiencia “muy alto”. De la misma forma, la Cámara de Cuentas autonómica presenta un funcionamiento “ejemplar” y fue creada a raíz del retraso de los informes del Tribunal de Cuentas estatal.
“¿Quiénes se han creído que son para meterse en la organización interna de las comunidades autónomas?”, ha preguntado Yuste al Gobierno, al que ha acusado de “aparentar” medidas de ahorro para en realidad “eliminar controles para mayor comodidad de los gobiernos frente a las personas”.
