Villarejo aseguró al juez que el móvil robado a la asesora de Iglesias acabó en manos del jefe de la policía política del PP

El excomisario José Manuel Villarejo aseguró ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que entregó al por entonces número dos de la Policía Nacional, Eugenio Pino, la información del teléfono móvil robado a una colaboradora de Pablo Iglesias y cuyo contenido acabó publicado en Ok Diario tras la repetición electoral de junio de 2016. El tribunal investiga si el robo del teléfono a una asistente de Pablo Iglesias fue un encargo del Ministerio del Interior bajo el Gobierno de Mariano Rajoy.

Un mes antes de que el medio dirigido por Eduardo Inda lanzara toda una batería de noticias obtenidas del dispositivo cuya sustracción y distribución investiga el tribunal como un presunto delito de revelación de secretos, Villarejo y el periodista se reunieron, según las notas manuscritas del excomisario que figuran en el sumario y al que ha tenido acceso eldiario.es. A la cita también acudió el por entonces periodista de El Español Esteban Urreiztieta, actualmente en El Mundo, quien no llegó a publicar ninguna información de la recogida en el teléfono sustraído.

La declaración de Villarejo en calidad de investigado tuvo lugar el 28 de marzo de 2019. Un año antes, la Policía encontró durante un registro en su domicilio una copia de la información del teléfono móvil de la que fuera asistente de Pablo Iglesias en el Parlamento Europeo, Dina Bousselham, y que le fue robado en noviembre de 2015, justo un mes antes de las primeras elecciones generales a las que se presentaba Podemos.

La Audiencia Nacional instruye una macrocausa que acumula hasta 25 piezas diferentes y que intenta desentrañar los negocios de Villarejo durante su paso por la Policía Nacional y su implicación en la llamada “brigada política”, una estructura policial puesta en marcha por el Ministerio del Interior que dirigía Jorge Fernández y cuyo cometido era la investigación de rivales políticos del PP de Mariano Rajoy, ya fueran otros partidos, como Podemos o la extinta CiU, o incluso el extesorero del partido, Luis Bárcenas. La pieza número 10, bautizada como DINA, está centrada en el robo del dispositivo de la trabajadora de Podemos, hoy diputada autonómica en Madrid.

A preguntas del fiscal de Anticorrupción Ignacio Stampa, Villarejo asegura en el arranque de su declaración ante el juez García Castellón que los máximos responsables de la Policía Nacional le encomendaron en 2014 y 2015 que investigara, con cargo a los fondos reservados del Ministerio del Interior, la supuesta financiación ilegal de Podemos. El entonces director general Ignacio Cosidó, y el Director Adjunto Operativo (DAO), Eugenio Pino, le pidieron, según dicho testimonio en la Audiencia Nacional, que siguiese una supuesta pista sobre Venezuela.

Finalmente, siempre según el relato de Villarejo que consta en el sumario, el encargo recae en el inspector jefe de la Policía José Ángel Fuentes Gago. Es él, dice a preguntas del fiscal, quien redactó el Informe PISA, un documento sin firma y que fue rechazado en todos los tribunales donde se presentó y que relataba la supuesta financiación ilegal de Podemos. Ese informe apócrifo fue publicado por primera vez también en OkDiario y en El Confidencial, en enero de 2016, mientras se constituían las Cortes Generales tras las elecciones del 20 de diciembre.

Otro policía, Enrique García Castaño, dijo ante el mismo juez que el autor del informe PISA fue otro miembro de la brigada política, Andrés Gómez Gordo, un agente de la máxima confianza de la entonces secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, de la que fue asesor.

En la Audiencia Nacional Villarejo se desentiende del contenido de dicho informe, cuya autoría está todavía sin confirmar. Pero el excomisario, que ha mantenido un trato continuo con muchos periodistas en Madrid, no se apartó completamente del asunto. “Varios medios de comunicación me dicen que hay una señora que ha tenido una relación sentimental con el señor Iglesias, que le había prometido que se iba a casar, y que está despechada y está dando una copia de su teléfono para que vean que es un machista y a lo mejor puede haber algo que tenga interés”, declara el polémico excomisario ante el juez.

Esa “señora” se trataría de Bousselham, quien en en noviembre de 2015 había denunciado ante la Policía Nacional el robo de su teléfono móvil en un centro comercial de Madrid. Entre la información que contenía el dispositivo había documentos de trabajo de Podemos, que acabaron publicados en medios como El Confidencial; pantallazos de chats entre dirigentes del partido o vídeos de carácter privado, que fueron publicados por Ok Diario; y fotos personales de la víctima, que llegaron a la revista Interviú, hoy cerrada y cuyos máximos responsables optaron por no publicar.

Es precisamente el por entonces director de Interviú, Alberto Pozas, a quien señala Villarejo como la persona que le proporcionó a él la información contenida en el teléfono robado. Pozas está investigado en la pieza y tuvo que dimitir de su cargo como número dos de comunicación de La Moncloa en abril de 2019, cuando trascendió su implicación en la distribución del material en su época de responsable de la revista.

Villarejo sostiene ante el juez García Castellón que el contenido del móvil “no tiene interés político, policial ni judicial” y que él no participó de la supuesta sustracción. Pese a ello, el excomisario se quedó una copia de la información en su ordenador personal, aunque en su relato en la Audiencia Nacional no es capaz de explicar el motivo. El excomisario testifica que le proporcionó una copia a la Dirección Adjunta Operativa de la Policía Nacional que dirigía Eugenio Pino, quien se jubiló en 2016 con la máxima distinción que concede Interior y que también se sentará en el banquillo por intentar introducir información robada en el caso de los Pujol y figura como investigado en la pieza separada número 7 del caso Villarejo, la que investiga el espionaje a Bárcenas.

Según el relato de Villarejo, fueron “varios periodistas” los que le comentaron la existencia del contenido del móvil de Bousselham. “¿Con OKDiario?”, le inquiere el fiscal. Villarejo reconoce que lo habló “con Eduardo Inda y con alguien más”. “El nombre de Inda no se me olvida porque con él sí que he tratado mucho más que con el director de Interviú”, añade.

La conversación que refiere Villarejo con Inda se produjo después de la publicación del contenido del móvil. Pero el sumario recoge varios encuentros del excomisario con diferentes periodistas en las semanas previas a la filtración de la información del dispositivo.

Según un oficio de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional que abre el sumario de la pieza DINA, en las notas manuscritas de Villarejo figuran reseñas sobre diferentes reuniones con periodistas. En una de ellas, celebrada el 29 de junio de 2016, participan Inda y Esteban Urreiztieta, por entonces en El Español y hoy en El Mundo. En sus notas, el excomisario indica que durante esa cita con los dos periodistas Urreiztieta le reclama “los datos de Podemos”.

Esas notas sirven a la Policía Nacional para dar por acreditado “el contacto o vínculo con Ok Diario”. Pese a las insistentes peticiones por parte de los abogados de Iglesias y Bousselham, tanto la Fiscalía como el juez se oponen de forma reiterada a llamar a declarar en calidad de investigado a Eduardo Inda por considerarlo “prematuro”.

Quienes sí han prestado declaración han sido el propio Pozas, director de Interviu cuando sucedió el episodio del móvil, y quien era su número dos en la revista, Luis Rendueles, ambos como imputados. Como testigos acudieron el por entonces director editorial del Grupo Zeta, Miguel Ángel Liso, y el presidente del grupo, Antonio Asensio.

Fue precisamente Asensio quien entregó a Iglesias una tarjeta con el contenido que previamente les había llegado a ellos de una forma que el tribunal todavía intenta desentrañar. En su declaración ante el juez, el secretario general de Podemos agradece al presidente de Zeta el gesto y señala que cuando OkDiario publicó las noticias, pudo comprobar que los documentos, imágenes y demás contenido era textualmente lo que contenía la tarjeta que él había recibido de Asensio.

Dicha tarjeta SD, un dispositivo de memoria para móviles, fue presentada como prueba en el proceso, pero la Policía Nacional asegura en un informe que el soporte está dañado y que, por tanto, no se han podido extraer los metadatos que podrían identificar cuándo y en qué dispositivo se produjo la copia, lo que podría haber acotado la búsqueda.

En la declaración como perjudicado de Pablo Iglesias, que se produjo un día antes de la de Villarejo, el secretario general de Podemos sostiene que el robo del móvil es un encargo y que la publicación de su contenido se produce en momentos políticos clave de 2016, como las negociaciones con el PSOE o el preludio de la repetición electoral.

El propio juez instructor asegura: “En el procedimiento que aquí se sigue que usted conocerá por la prensa, respecto al señor Villarejo aparecen implicaciones con el Ministerio del Interior muy serias”. García Castellón zanja que “efectivamente” las implicaciones estaban por encima de Villarejo.