El juez del caso Villarejo garantizó a un comisario del clan que no ordenaría su arresto

El juez del caso Villarejo, Diego de Egea, garantizó al comisario Enrique García Castaño que no ordenaría su detención un mes y medio antes de que ésta se produjera por orden de la Fiscalía, sin el aval del instructor de la causa. “El magistrado-juez me ha comunicado que no existe intención por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de ordenar detención alguna”, manifestó ante notario el propio García Castaño ese 28 de mayo, según el acta a la que ha tenido acceso eldiario.es.

Fuentes de la Audiencia Nacional han confirmado este extremo y han explicado que en el Juzgado no constaban indicios de peso en ese momento contra García Castaño, una versión que niega la Fiscalía Anticorrupción. El comisario está acusado en la actualidad de organización criminal, blanqueo de capitales, revelación de secretos y cohecho. Los fiscales creen que utilizaba su puesto de mando antiterrorista para obtener información confidencial que luego vendía a Villarejo y que acababa en los informes que éste elaboraba para la élite empresarial del país a cambio de elevadas sumas de dinero.

El comisario García Castaño se presentó el 28 de mayo en la Audiencia Nacional para ofrecerse a declarar como testigo en el caso Tándem, nombre de la Operación que mantiene a Villarejo en prisión. Alegó que “unos periodistas” le habían informado de la investigación en su contra. El comisario pidió ver al juez y éste le recibió y le atendió “muy diligentemente”, según plasmó el policía en el acta notarial.

García Castaño iba a acompañado de dos abogados del despacho que le defiende y que dirige Baltasar Garzón, con quien el comisario colaboró intensamente en operaciones antiterroristas antes de que fuera expulsado de la carrera judicial. Durante el encuentro, García Castaño obtuvo la garantía de que no iba a ser detenido por parte del juez De Egea. En el momento en el que el magistrado hizo esa afirmación, la causa estaba bajo secreto de sumario y en ella habían aparecido ya varias indicios que apuntaban directamente al comisario.

El primero de esos indicios surgió en marzo, en la investigación de la pieza principal del caso Tándem. Son dos coches de alta gama que conducían la actual mujer de García Castaño y su hija y que habían sido adquiridos por Cenyt, una de las empresas del conglomerado que dirige el comisario Villarejo. 

La causa tiene varias piezas separadas, bautizadas con el nombre de los dosieres que Villarejo ponía a los trabajos que realizaba para distintos clientes. En abril, el rastro de El Gordo, como se conoce a García Castaño en ámbitos policiales, había surgido en la pieza denominada Iron, sobre la intervención de Villarejo en la guerra entre dos bufetes de abogados, afirman fuentes del caso. Un documento con el título “gestiones BIG” muestra nombres de socios del despacho espiado, Balder Ip Law, con sus teléfonos, lo que hace pensar a los investigadores que El Gordo había conseguido la titularidad de esos teléfonos para Villarejo. 

En mayo, antes de la visita al juez, aparece en la investigación de la pieza Land otra referencia a Big. En esta pieza se investiga la contratación de los servicios del comisario Villarejo por parte los dueños de la urbanización de lujo La Finca, en relación con una disputa por una herencia de la familia Cereceda. De este documento se desprende que Big ha ido más allá y ha conseguido el tráfico de llamadas de algunos espiados. Al tiempo, se encuentra una presunta gestión de Big o El Gordo para conseguir el modelo 347 del principal objetivo del informe Iron obtenido de forma irregular de la Agencia Tributaria.  

El juez consideró que esos indicios no eran lo suficientemente contundentes como para que le impidieran garantizar a García Castaño que él no iba a ordenar su detención. De Egea pensaba que un comisario principal del Cuerpo Nacional de Policía nunca iba a dejar de comparecer si se le citaba como testigo, según explican las citadas fuentes de la Audiencia Nacional. La Fiscalía Anticorrupción atribuye a este comisario principal un papel esencial en el “clan mafioso” que lideraba presuntamente el comisario Villarejo y que, a través de ambos, habría echado raíces en lo más alto de la “jerarquía” policial y en las “altas instancias” de la seguridad del Estado.

El Gordo ha sido durante dos décadas jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), enmarcada en la estructura antiterrorista de la Policía, pero que no solo trabaja para ella. La UCAO controla los instrumentos de vigilancias y escuchas y capta información de fuentes para la lucha contra la ETA, el yihadismo y también contra la corrupción o el narcotráfico. La UCAO y El Gordo no dirigían ninguna investigación, pero estaban en todas las importantes.

Asuntos Internos se encontró la casa “limpia”

Los tentáculos de Villarejo y García Castaño en la Policía obligaron a blindar la investigación desde el principio. La Fiscalía Anticorrupción y la Unidad de Asuntos Internos lograron detener a Villarejo el 3 de diciembre sin que éste recibiera antes un chivatazo. Ahí radica el éxito por el material incautado al hoy comisario jubilado, casi 40 terabytes de grabaciones realizadas durante décadas. Con García Castaño no hubo tanta suerte. Cuando Asuntos Internos irrumpió en su casa el 11 de julio, el domicilio del comisario estaba “limpio”. Allí no se encontró una sola evidencia, describen fuentes del caso.

De hecho, el día que fue a visitar al juez, seis semanas antes de su arresto por orden de Anticorrupción, el Gordo ya sabía por qué se le investigaba, la presunta venta de investigación confidencial a Villarejo. Así queda de manifiesto en el escrito que lee al juez De Egea el 28 de mayo. “Entre las competencias propias que desarrollé como comisario jefe de la UCAO, en múltiples casos y siempre con conocimiento de mis superiores, suministré datos referidos a investigaciones siempre que me fue solicitada por las autoridades policiales, a través de las estructuras de la Comisaría General de Información, mediante sus cauces oficiales, circunstancia que puedo acreditar”, anticipa el comisario en el escrito. Este documento, al igual que el acta notarial, está incorporado al sumario de la causa que se sigue contra García Castaño.

En el siguiente punto del escrito se insiste en la legalidad de ese tráfico de datos y se cuida de incluir entre sus destinatarios a la la Fiscalía, el organismo que sostiene la causa contra él. “Toda la información del trabajo de las operaciones siempre ha sido entregada a las autoridades pertinentes y a los mandos correspondientes, entre ellos a la propia Fiscalía Anticorrupción”, se lee.

En este mismo escrito, El Gordo asegura que se dirigió al jefe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía en cuanto conoció, en noviembre de 2017, que Villarejo había sido detenido. Le informó, afirma, de que los dos vehículos que conducían su actual mujer y su hija fueron adquiridos por las empresas del comisario Villarejo para que no hubiera rastro de su verdadera titularidad por motivos de seguridad. También para ahorrar en impuestos.  

Pero el juez del caso y el jefe de la unidad policial investigadora, la blindada Asuntos Internos, no fueron las únicas instancias a las que acudió García Castaño semanas antes de su arresto. Según indica el acta notarial, y confirman en la Audiencia Nacional, fue el propio magistrado De Egea quien recondujo al comisario a la Fiscalía Anticorrupción, porque “sería recomendable” que se pusiera a disposición de los fiscales del caso.

Y a la sede de Anticorrupción acudió ese mismo día. “Los dos fiscales me han comunicado que se han visto sorprendidos de mi propósito, ya que la causa está secreta y que han quedado suficientemente informados de mi intención y predisposición”, narró ante notario García Castaño. El 11 de julio, durante el registro de su domicilio, el comisario trasladó su extrañeza por el hecho de ser detenido sin consentimiento del juez. Los fiscales le explicaron que no lo necesitaban. La defensa del comisario ha presentado varios escritos en los que solicita que se declare nulo el arresto. En los mismos aluden a la afirmación realizada por el juez en su despacho el 28 de mayo.

Los indicios que aprecia el magistrado contra García Castaño son tan endebles que decidió no formar pieza separada del caso Tándem y abrir unas diligencias nuevas que envió a reparto. La Audiencia Nacional se las devolvió por antecedentes, de tal forma que la causa contra el Gordo se instruye aparte y sus recursos son resueltos por una sección distintas de la Audiencia Nacional.

Archivado el caso del tercer comisario

Este martes, el juez De Egea rechazó reabrir la investigación contra el tercer comisario detenido en la Operación Tándem, Carlos Salamanca. Su archivo se produjo con la oposición de la Fiscalía Anticorrupción, que ha recurrido ante la Sala de lo Penal. Antes de que ésta se pronuncie, los fiscales presentaron nuevos indicios aparecidos en las grabaciones incautadas a Villarejo y que demostrarían la participación de Salamanca en sus negocios.

El juez alega, entre otras causas, que las acusaciones de Anticorrupción contra Salamanca se hacen “sin tener cuenta el conjunto de la conversación, así como el contexto en el que las mismas se llevaron a cabo”. Añade que son “estas conversaciones telefónicas los únicos elementos de imputación que han sido presentados por el Ministerio Fiscal hasta el presente momento procesal, sin que quedar ratificados por ningún otro indicio objetivo de criminalidad”.