Ábalos, ante el juez: las prebendas que le atribuyen Aldama y la UCO y que marcarán su interrogatorio en el Supremo

José Luis Ábalos se sienta al fin este jueves delante de un juez para rendir cuentas por su supuesta implicación en lo que se apunta a ser el caso de corrupción más grave del mandato de Pedro Sánchez. El que fuera ministro de Fomento y Transportes y secretario de Organización del PSOE —expulsado del partido y del grupo parlamentario desde que estalló el escándalo el pasado febrero— comparece por primera vez en sede judicial tras ser acusado de cobrar mordidas a cambio de contratos públicos. Lo hace ante el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, que le ofreció prestar declaración de forma voluntaria. 

Ábalos, que intentó sin éxito posponer esta comparecencia como investigado, tiene por delante el reto de tratar de desmontar los indicios recogidos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que en meses de investigación ha documentado parte de las prebendas que el exministro recibió presuntamente de Víctor de Aldama, el empresario que se benefició de millonarios contratos de mascarillas en lo peor de la pandemia. Pero también deberá hacer frente a las acusaciones de este último, que ha elevado las sospechas sobre el exministro al asegurar que también recibió mordidas por amaños en contratos de carreteras licitadas por el departamento que dirigió entre 2018 y 2021. 

650.000 euros en mordidas. En su declaración voluntaria ante uno de los dos jueces que lo investigan, Aldama puso cifras a las mordidas supuestamente cobradas por Ábalos y que, hasta el momento, la UCO no había conseguido acreditar, pues no ha realizado una investigación patrimonial del exministro y su entorno. Según la versión del comisionista, Ábalos habría recibido unos 650.000 euros en metálico. A los 250.000 que le habría entregado en comisión por los más de 53 millones vendidos en mascarillas a diferentes administraciones públicas habría que sumar otros 400.000 en muchos otros abonos “por otros conceptos”. 

Algunos de estos pagos no habrían tenido “vinculación a actos administrativos concretos”, pero otros sí estarían relacionados con la adjudicación de determinados contratos de obra pública. Como supuesta prueba, el empresario aportó un listado de obras de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Transportes donde figura una relación de contratos que estaban “pre-adjudicados” a determinadas empresas que “habrían adquirido el compromiso de pago de comisiones si resultaban adjudicatarias”. 

En una intervención en el Congreso, el actual ministro de Transportes, Óscar Puente, aseguró este miércoles que de las 37 obras de carreteras señaladas en ese documento como amañadas a cambio de mordidas, 18 están sin licitar todavía a día de hoy y solo seis corresponden a la etapa de Ábalos. Además, calificó de “papeluco sin el más mínimo sentido” el escrito presentado por Aldama. Puente afirmó también que su departamento está preparando un informe sobre esos contratos que hará llegar al juez. 

Para tratar de “avalar” la versión de la existencia de pagos en efectivo, Aldama recuerda que la UCO ya ha acreditado en dos de sus informes que el patrimonio del exasesor Koldo García experimentó un “incremento no justificado” y la existencia de “recurrentes ingresos de efectivo, que aumentaron de forma significativa a partir de 2020”. Los investigadores también se incautaron de un documento en el que se reflejan ingresos periódicos de 10.000 euros en metálico a favor de Koldo García. Según Aldama, hizo pagos en efectivo al exasesor “para sí y para ulterior reparto con el entonces ministro”. 

El fallido piso de la Castellana. En su escrito con las supuestas pruebas, Aldama también asegura que pactó regalar a Ábalos un inmueble valorado en 1,9 millones de euros. Para ello, aportó un contrato de “arrendamiento con opción de compra” a favor de Ábalos de una vivienda propiedad del empresario en el número 164 del Paseo de la Castellana, una de las principales arterias de la capital. Supuestamente, el contrato se inició el 24 de abril de 2019 y expiraba el 14 de febrero del 2024. 

El comisionista sostiene que esa operación encubría en realidad la “garantía” de las mordidas que presuntamente el entonces ministro iba a cobrar en el futuro de determinadas constructoras por obras que ya estaban preadjudicadas. El acuerdo era que, si no lograba cobrar esas comisiones, se quedaría con el piso. Según Aldama, el inmueble nunca fue ocupado por Ábalos y “no se pagó renta alguna”, pues “se trataba de un mero contrato de fiducia”. En una entrevista en El País, Ábalos afirmó que lo relativo a este inmueble “es todo mentira” y que, aunque no se acuerda si llegó a firmar ese contrato, era “imposible” de materializarlo y que en el piso había un inquilino. 

El chalet de Cádiz. La UCO también considera que existen “múltiples evidencias” de que Ábalos hizo un “uso real” de un chalé de lujo situado en la urbanización La Alcaidesa, en La Línea de la Concepción (Cádiz), comprado por Aldama a través de supuestos testaferros. Los correos analizados muestran cómo el entonces ministro llegó incluso a sugerir a su asesor durante los meses previos a esa compra varios inmuebles en la zona y cómo uno de los enlaces que le envió resultó ser el finalmente adquirido. La unidad policial asegura que el asesor se encargaba incluso de aquellos “pormenores” que podrían resultar del interés de su jefe, como el destino a dar al mobiliario. 

Según la UCO, Aldama trató primero de materializar la compra a través de unos ciudadanos venezolanos, pero la operación no salió adelante. Finalmente, el inmueble fue adquirido por la empresa Have Got Time, una comercializadora de hidrocarburos al por mayor administrada por Leonor González Pano, que fue pareja del comisionista tal y como él declaró ante el juez. No obstante, la UCO considera que la compañía era “controlada de manera real” por Claudio Rivas, propietario de la empresa Villafuel, y con quien Aldama puso en marcha el fraude millonario de los hidrocarburos que llevó a ambos a prisión. A cambio, pretendía recibir una licencia para la venta de combustible. 

El 10 de julio de 2021, un mes después de la firma de la compraventa de la casa, Ábalos fue destituido. Medio año más tarde, en diciembre, el Ministerio de Industria denegó la licencia a Villafuel. Esa decisión enfadó a Rivas, que advirtió a su socio de que el nuevo escenario iba a “traer problemas” y “muy serios”, según los mensajes incautados. Entonces, Ábalos ya había recibido un burofax en el que se le reclamaba el pago de varias mensualidades del chalet. Ese escrito también soliviantó a Koldo, que se quejó a Aldama y éste le hizo ver que el objetivo de ese burofax era “dar apariencia de legalidad” y “cubrirse”, pero que no debía darle importancia. “Acuérdate que te dije que eso llegaría se tiene que cubrir pero es solo por eso nada más tranquilo y lo hablamos en persona”, le escribió el comisionista. 

Ante el juez, Aldama dio una versión diferente. Aseguró que la empresa de la que su expareja era administradora estaba “funcionando muy bien” y que le interesaba hacer inversiones, por lo que él le propuso que adquiriera la casa y se la alquilara al entonces ministro con opción a compra. Según la versión de Aldama, a Leonor González Pano le pareció oportuna la propuesta y le dijo que “qué mejor que inquilino que tener a un ministro”. 

El apartamento de su expareja. El pago del alquiler de la vivienda de quien era su pareja es otra de las “contraprestaciones” que habría recibido Ábalos fruto de sus gestiones para la trama, según la UCO y Aldama. Las pesquisas de los investigadores han acreditado que el empresario abonó hasta 32 mensualidades de alquiler del apartamento en el que residía una mujer, llamada Jessica, que en esa época tenía una relación sentimental con el exministro. Se trata de un apartamento de lujo, situado en el edificio Torre de Madrid de la Plaza de España de la capital, y por el que se pagaban 2.700 euros al mes.

A través de un presunto testaferro y personas y sociedades bajo su control, el supuesto conseguidor abonó esa renta desde marzo de 2019 a septiembre de 2021. En total, 82.298 euros. Además, la mujer estuvo contratada como auxiliar administrativa en Ineco, empresa dependiente de Transportes, donde reportaba sus tareas a Joseba García, hermano de Koldo, y también colocado en esa empresa pública.