El presidente de la Federación de los Colegios de Abogados de Europa, Lutz Simon, ha enviado una carta al rey y a Mariano Rajoy para mostrar su “grave preocupación” ante las reformas que el Gobierno está impulsando en materia de Justicia. En la misiva, remitida también a Alberto Ruiz Gallardón y al presidente del Tribunal Constitucional, asegura que la ley de tasas socava “elementos fundamentales del Estado de derecho, particularmente el derecho de acceso a la Justicia”.
Simon tacha de “injusticia flagrante” las tasas de Gallardón que, a su juicio, vulneran la Constitución al impedir el acceso a la tutela judicial efectiva. También considera que la tasa de 200 euros para los recursos de multas supone una “total impunidad del funcionario que pone la multa, ante cuyo eventual abuso de poder el ciudadano queda en la indefensión absoluta”. El representante de los abogados europeos asegura que las tasas suponen una vulneración del principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.
Además, recrimina la actitud del ministro porque “no se ha seguido ningún proceso negociador” y describe como “inconsistentes” los argumentos de Gallardón, que ha defendido siempre su medida como la única manera para salvar la justicia gratuita. Frente a las “tasas desorbitadas” que constituyen un “obstáculo insalvable al acceso a la justicia”, la abogacía europea solicita la derogación de la ley o la reducción de las tasas hasta “límites razonables”.
El rechazo de esta federación, que representa a 800.000 abogados en Europa, no es el único procedente del sector jurídico que han recibido las nuevas tasas judiciales. En España, partidos, asociaciones y sindicatos mostraron su oposición a la reforma y se han presentado 170.000 firmas en el Ministerio de Justicia contra la medida. Incluso el fiscal general del Estado, elegido por el Gobierno, también consideró “excesivas” las tasas y echó en cara a Gallardón que no contara con la opinión de la Fiscalía.
La normativa, que entró en vigor en diciembre, contempla las tasas para interponer una demanda o recurso en el orden civil y contencioso-administrativo que alcanzan hasta 1.200 euros en el caso de casación ante el Supremo. También se aplican en los juzgados de lo social, aunque sólo en el caso de recursos en segunda instancia de súplica o casación, mientras que queda excluido el orden penal. La regulación recoge los supuestos de bonificaciones de un 60% de la cuantía prevista para los casos de solución extrajudicial; de un 20% cuando se acumulen procedimientos; y un 10% para incentivar la utilización de medios telemáticos.
Carta de la Abogacía Europea enviada al rey: