El abogado de Bárcenas pedirá un careo con Rajoy si hay “contradicciones” en el juicio

La defensa de Luis Bárcenas ha adelantado en el trámite de cuestiones previas del juicio sobre los papeles del extesorero que ha empezado este lunes en la Audiencia Nacional la posibilidad de solicitar al tribunal un careo entre su cliente y Mariano Rajoy. Según ha anunciado, lo pedirá si hay “contradicciones” entre el testimonio de Bárcenas sobre la existencia de una contabilidad paralela en la formación y la declaración del expresidente del Gobierno y exlíder del PP en esta vista, en la que se juzga el pago de una parte de la reforma de la sede de Génova con dinero negro de la caja B y si el PP cometió delito fiscal por no tributar los 1.055.000 euros que recibió de supuestas donaciones de empresarios en 2008.

El letrado del extesorero, Gustavo Galán, había avanzado previamente que se sumaba a la petición de que Rajoy comparezca como testigo en este juicio, una solicitud ya acordada por el tribunal al haberla solicitado varias acusaciones. “No es que me guste generar circo. Pero en coherencia procesal teniendo en cuenta el escrito [presentado a la Fiscalía Anticorrupción] no sería lógico que no solicitara su testifical”, ha afirmado el letrado. Precisamente de “circo mediático” calificó después el abogado del PP, Jesús Santos, el último en intervenir, la posibilidad de un careo que, a su juicio, solo busca el “escarnio del adversario político”.

Hasta el momento, Mariano Rajoy ha negado siempre haber conocido la existencia de una financiación irregular o haber recibido dinero negro. Pero en el escrito a Anticorrupción, Bárcenas le vuelve a señalar como “perfecto conocedor” de la caja B de la formación y revela un pacto con su antiguo partido que se materializó en no confesar más allá de lo declarado en junio de 2013 a cambio de que su mujer, Rosalía Iglesias, no entrara en prisión. Precisamente este lunes, la Fiscalía ha difundido una nota en la que minimiza la confesión del extesorero y afirma que su escrito contiene “escasas novedades” y que ninguna de ellas es “sustancial”.

En esta primera sesión de la vista, la defensa de Barcenas ha aludido a ese escrito y ha reiterado la voluntad del extesorero de colaborar con la Justicia. No obstante, ha reconocido tener problemas para probar sus afirmaciones sobre la existencia de esa contabilidad paralela, algo que ha atribuido al operativo “parapolicial” de espionaje al extesorero que puso en marcha el Gobierno del PP y que se está investigando en la Audiencia Nacional, la llamada operación Kitchen.

Así, el letrado ha afirmado que “ingente documentación, papeles, grabaciones y pendrive” que Bárcenas tenía en su poder sobre la caja B del PP fue “sustraída” en el marco de esa operación, en la que están implicados miembros del Ejecutivo del PP y mandos policiales. Y ha admitido que esa “sustracción” supone un “déficit” a la hora de valorar la credibilidad de su cliente, que en su escrito a Anticorrupción muestra su disposición a confirmar el pago de las reformas de la sede de Génova con los fondos de la caja B, así como el resto de hechos que se juzgan en la vista que ha arrancado este lunes, y a colaborar en cualquier otra investigación.

De hecho, la única prueba que, por el momento, ha anunciado que va a aportar es la declaración como testigos de varios periodistas que podría tener información sobre la caja B. Entre ellos, Francisco Mercado, quien realizó en 2013 la grabación en la que el extesorero del PP Álvaro Lapuerta supuestamente reconoce los sobresueldos que recibían dirigentes del PP a cargo de esa caja B y cita a Rajoy. Lapuerta, que fue procesado en esta causa y falleció en 2018, denunció a Mercado por aquella publicación, pero la querella fue archivada. Galán también ha pedido que declaren los periodistas Ernesto Ekaizer, Marisa Gallero y Eduardo Inda.

La defensa del PP, que también ha cuestionado la presencia de esos tres periodistas “para que declaren sobre una presunta grabación que no se sabe dónde se encuentra ni en qué momento se va a aportar”, y ha dejado claro que intentará rebatir ante el tribunal la confesión de Bárcenas. Para ello, ha aportado más de una decena de resoluciones que recogen diferentes declaraciones del extesorero sobre la caja B y a las que, según la versión de su letrado, los tribunales no han dado la más “mínima credibilidad”. Entre ellas, la sentencia de la primera Época de Gürtel o la relativa a la destrucción de sus ordenadores.

El abogado del PP carga contra las acusaciones populares

Muy duro ha sido el abogado del PP, que ha intervenido en último lugar, con las acusaciones populares, contra las que ha cargado por tener “una finalidad espúrea” en este procedimiento. Santos ha arremetido contra ellas por sus vínculos políticos obviando que la prohibición de que los partidos políticos participen en la acusación popular está en el anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal aprobado por el Gobierno, pero que aún está en vigor el texto legal que los habilita.

En este sentido, ha destacado que uno de los portavoces parlamentarios de Unidas Podemos, Enrique Santiago, participó durante la instrucción en la acusación popular de IU o ha destacado que Ángel Luna, exalcalde de Alicante por el PSOE, participó igualmente en la instrucción dentro de otra acusación popular. También ha vinculado a Adade con los socialistas y a Observatori Desc con “Podemos en Catalunya y Junts” y ha aludido al “compañero” que representa a esta asociación en el juicio, Gonzalo Boye, del que ha recordado que es “el actual defensor de Carles Puigdemont”.

Previamente, otras defensas habían solicitado el sobreseimiento para sus clientes y varias habían hecho referencia a la jurisprudencia de la llamada doctrina Botín, que establece que no cabe sentar en el banquillo con solo la acción popular. También la Fiscalía ha considerado que no debe ser objeto de enjuiciamiento el presunto delito fiscal cometido por el PP con el impuesto de sociedades de 2008, ya que ni el Ministerio Público ni la Abogacía del Estado acusan por ello.

El fiscal anticorrupción Antonio Romeral también ha rechazado que se enjuicien delitos electorales —como proponen varias acusaciones populares— y que Bárcenas pueda ser juzgado por apropiación indebida del dinero de la caja B como cooperador necesario de Lapuerta, pues ese asunto se vio en el juicio por la primera etapa de Gürtel y está prescrito. 

Este martes está prevista una nueva sesión en la que el tribunal resolverá las cuestiones previas formuladas por la Fiscalía y las defensas, pues ni las acusaciones populares ni la Abogacía del Estado han formulado. La suspensión del juicio hasta la semana que viene está en el aire después de haberlo solicitado la defensa de uno de los acusados, Cristóbal Páez, que está aislado con síntomas de COVID-19.