El abogado del PP y la élite de las togas reversibles

De todos los movimientos sísmicos que tuvieron su epicentro en el antiguo edificio de la Audiencia Nacional hay uno que se originó en aquella frase de Jesús Santos Alonso. Era cerca del mediodía del 23 de mayo de 1996 cuando los periodistas que aguardaban en el recibidor de la primera planta se percataron de que el teniente fiscal estaba pasando un trago amargo: acababa de solicitar prisión incondicional para el general de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo por el asesinato de los miembros de ETA José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala.

La explicación de su expresión compungida y de lo que suponía tal decisión puede estar en el comentario con el que el hoy abogado del PP acompañó el anuncio: “Se equivocan quienes tratan de presentar a la opinión pública que en este procedimiento se investiga a una institución como la Guardia Civil. Tanto la Fiscalía como los jueces de instrucción de la Audiencia Nacional solo tienen palabras de gratitud y reconocimiento a la gran y sacrificada labor desarrollada contra el terrorismo de ETA”.

Quienes le frecuentaron entonces y lo siguen haciendo ahora creen que 25 años después ha cambiado radicalmente el decorado pero no el protagonista. Procedente del Cuerpo jurídico militar, padre de familia numerosa y miembro supernumerario del Opus Dei, Jesús Santos es socio del prestigioso, y caro, despacho Baker & Mckenzie. Desde 2012 entra y sale de la Audiencia Nacional acompañado de clientes como el expresidente del BBVA Francisco González, el magnate ruso Mijail Friedman o el futbolista Neymar.

Ha sido, sin embargo, el hecho de unir su trayectoria de abogado al Partido Popular lo que ha terminado con Jesús Santos en la situación que ningún abogado de su posición desea, que se sepa de él por lo que hace fuera de la sala de vistas. Los doce encuentros con un amigo íntimo de Bárcenas, por mediación del entonces juez en activo de la Audiencia Nacional Enrique López, le han obligado a dar un comunicado y a hablar de sí mismo. 

Por convicción o por devoción al PP, Santos difundió un comunicado el martes por la noche en el que aseguraba que nadie en el partido le había “encomendado ni autorizado a negociar con Luis Bárcenas”. A la mañana siguiente, advertido por la Cadena SER de que podía estar infringiendo el código deontológico, matizó que sí había informado a su cliente de las citadas reuniones. 

El momento no ha podido ser más inoportuno para que trascendieran esos contactos: Bárcenas había vuelto hablar de los ofrecimientos que el Gobierno de Rajoy le hizo a cambio de su silencio y en unas declaraciones a El Mundo extendía esas negociaciones a dos personas “muy vinculadas” a la actual dirección del PP.

“El espectáculo”, como coinciden en definir lo sucedido jueces, fiscales y abogados consultados, reside sobre todo en la participación del entonces magistrado en ejercicio y actual responsable de Justicia del PP, Enrique López, el mismo que se resistió a ser apartado del tribunal que iba a juzgar a la formación política en Gürtel y caja B, lo que finalmente impidieron sus compañeros de la Sala de lo Penal al aceptar su recusación por “apariencia de falta de imparcialidad”.

Pero al mismo tiempo vuelve a poner encima de la mesa una vieja normalidad que parece asentada en la justicia española, con mayor o menor resignación según a quien se pregunte: la figura del ex fiscal o del antiguo juez trabajando para despachos de abogados de postín y tarifas al alcance solo de grandes empresas o particulares adinerados. Casi todos en público dicen que su experiencia al otro lado revaloriza sus conocimientos jurídicos. Casi nadie en privado niega que sus servicios cuestan lo que pesan sus contactos.

A Jesús Santos, como a otros muchos que cambiaron de toga, se le puede ver comiendo en restaurantes de la zona noble de Madrid con comisarios en activo o esperando en el hall de la Fiscalía Anticorrupción a que sus antiguos compañeros de carrera le reciban, ahora que son los fiscales de los casos de sus afamados clientes. 

En su defensa podría decirse que es la práctica habitual de cualquier abogado. ¿Pero reciben el mismo trato de jueces y fiscales? “Desde luego, en la Audiencia Nacional, no. Santos fue un peso pesado de esa casa”, afirma uno de los letrados de la acusación popular en la caja B, el grupo de abogados contra los que el defensor del PP cargó en la segunda sesión por tener, según él, “una finalidad espuria, política”, en la causa. 

Un expolítico de formación jurídica, Francisco Martínez, conocedor de las bambalinas del poder como número dos de Interior, también sabe lo que vale un abogado con pasado en la Audiencia Nacional. En uno de los mensajes en su teléfono, el acusado de coordinar la Operación Kitchen desde su puesto de secretario de Estado de Seguridad, afirma: “Hay personas con una relación muy estrecha con el titular del Juzgado (ejemplo, Zoido). También debería haber personas con capacidad de llegar a los fiscales que están OBSESIONADOS con esta pieza, por venganza, por afán de notoriedad (Jesús Santos fue el preparador del fiscal Stampa)”. 

Carrera con el Gobierno del PP; contrato con el Partido Popular

Con fama de trabajador y riguroso en su periodo en la Fiscalía, a Jesús Santos siempre le ha ido bien con el Partido Popular. Cuando gobernaba Aznar fue nombrado número dos de la Audiencia Nacional frente al que todos creían que por antigüedad ocuparía ese cargo, Ignacio Gordillo, ahora con despacho propio. Eran tiempos de otro miembro del Opus Dei en la Fiscalía General del Estado, Jesús Cardenal, a quien se atribuye la decisión. Santos había llegado a la Audiencia Nacional en 1989 para ocupar la plaza que había dejado Carmen Tagle, acribillada a balazos por el asesino en serie de ETA Henri Parot. 

Uno de los dirigentes del PP al que Bárcenas acusa de cobrar sobresueldos, Ángel Acebes, nombró a Santos juez de enlace en Italia desde su puesto de ministro del Justicia en un Real Decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado el 1 de marzo de 2004, en plena campaña electoral. El de juez de enlace en Roma es uno de esos puestos reservados para los magistrados a los que se quiere premiar o alejar de su ocupación en Madrid, con poco trabajo, buena remuneración y oportunidad de vivir en una gran capital europea durante un tiempo. Santos fue cesado de forma fulminante en septiembre de 2011 por el ministro socialista Francisco Caamaño. Con la victoria del PP en 2012, su puesto en Italia lo ocuparía Manuel García-Castellón, al que el Ejecutivo de Aznar había enviado antes a París. 

De vuelta, Santos ya no regresaría a su plaza en la Audiencia Nacional y sería fichado por Baker & McKenzie. Comenzó a prestar servicios como abogado al PP al poco tiempo. En diciembre de 2013, el juez Pablo Ruz se cansó de que el partido no le remitiera la documentación requerida y ordenó el registro de la sede de Génova. Allí apareció el contrato como abogado de Santos, que se personó en las instalaciones del partido identificándose como letrado de la formación. El abogado había intentado personarse en la causa como acusación popular, pero Ruz, que había expulsado al PP de Gürtel por ejercer de defensor de Bárcenas, lo rechazó.

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, tenía plena confianza en él. Tanta que alguien con la minuta de Santos ejerció de abogado defensor del gerente del partido en Castilla-La Mancha José Ángel Cañas en una pieza derivada de la caja B: el presunto pago de 200.000 euros por Sacyr a la campaña autonómica de Cospedal en 2007 a cambio de un contrato de basuras. La Audiencia Provincial de Toledo archivó tiempo después la causa. 

No ha sido la única alegría que Santos ha llevado al PP. Con la inestimable colaboración de Luis Bárcenas, que retiró la acusación por la destrucción de los discos duros que se dejó en Génova, el abogado y su equipo de Baker & Mckenzie evitaron al Partido Popular convertirse en la primera formación política condenada en un proceso penal como persona jurídica, tras la reforma legal que lo posibilita. 

“Una buena persona, que diría Azorín”

Quienes trabajaron con Santos en la Administración de Justicia coinciden en hablar bien de él, pertenezcan o no a su espectro ideológico. Un antiguo juez dice que “Jesús es una buena persona, en el sentido de Azorín”. Otro va más allá y vincula esa forma de ser a su participación en las reuniones con el amigo de Bárcenas: “Estoy seguro que se acercó a Bárcenas o al emisario por una cuestión de humanidad. ¿Qué iba a negociar? No había ninguna posibilidad”.

El pasado martes, en el arranque de la vista de la caja B, Jesús Santos espetó a las acusaciones populares que quieren “traer a expresidentes, secretarios generales y altos cargos del PP para el desgaste y escarnio del adversario político” y que con su actitud solo contribuyen al “circo mediático”. Ni Aznar, ni Rajoy, ni ninguno de los otros dirigentes está acusado. Santos defiende al PP únicamente de la acusación de responsable civil subsidiario de los delitos cometidos por Bárcenas al pagar con dinero negro la reforma de Génova.

Los destinatarios de ese comentario de Santos hace tres días, algunos veteranos del juicio de la Primera Época y de los ordenadores de Bárcenas, le exigieron “respeto”. Tras aquel primer juicio de los inicios de Gürtel en el que se encontraron, el PP resultó condenado como responsable civil de la corrupción de la trama en los ayuntamientos de Majadahonda y Pozuelo y tuvo que pagar 245.000 euros. En la sentencia se aludía a la financiación irregular del partido durante casi dos décadas. El capítulo siguiente se llamó “moción de censura” y con él acabó la primera temporada.