Los abogados de familia ganan la guerra a las 'divorcionetas' que ofertaban separaciones a 150 euros

Hace unos años, varias furgonetas con la palabra “divorcio” escrita en mayúsculas aparecieron en varias ciudades españolas. Se popularizaron bajo el nombre de 'divorcionetas' y ofertaban servicios de abogados para llevar procesos de separación matrimonial a cambio de 150 euros por cabeza. Ahora la Justicia ha rechazado la demanda que el letrado Alberto García Cebrián, precursor de las 'divorcionetas' publicitarias, interpuso contra la Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA), cuando su presidenta alertó que este tipo de promociones podían esconder publicidad engañosa y precios reales mucho más altos. Los jueces consideran que la asociación no aludió directamente a este abogado y añaden que la advertencia era completamente creíble: la factura de un proceso judicial de divorcio puede irse muy por encima de 150 euros.

Las furgonetas de García Cebrián aparecieron en las calles, las portadas y las televisiones en 2019. Eran vehículos que ofertaban asesoramiento legal para divorcios a 150 euros por cabeza con el lema “Juntos o separados, pero felices”. La promoción especificaba que esos 150 euros por cada cónyuge era el “precio final todo incluido”, aludiendo a un “exprés mutuo acuerdo”. Esta promoción y el sistema agresivo de publicidad no solo llamaron la atención de viandantes y medios de comunicación: también hicieron saltar las alarmas entre los abogados especializados en pleitos de familia, alarmados ante un precio tan bajo que no entraba en sus quinielas más optimistas.

María Dolores Lozano, presidenta de AEAFA, expresó sus dudas en una reunión telemática con Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, en febrero de 2021. Lo hizo sin citar explícitamente la campaña publicitaria de García Cebrián pero haciendo patente su “alarma” ante “el riesgo de publicidad engañosa en las campañas de divorcios a 150 euros o furgonetas rotuladas con precios irrisorios”. 

Ella advirtió entonces de que un proceso judicial de familia podía salir mucho más caro y constató que “muchos clientes se sienten engañados con las publicidades de divorcios a 150 euros porque, posteriormente, luego esta cantidad se dispara o el servicio jurídico es deficiente. Esas publicidades de captación no garantizan que ese será el precio definitivo, salga como salga el procedimiento”, relató Lozano.

El impulsor de las 'divorcionetas', que se ha representado a sí mismo en este proceso, decidió demandar a la presidenta de la asociación, pidiendo una indemnización de 3.600 euros al entender que su advertencia había vulnerado su honor. Un pleito que fue rechazado en primera instancia por un juzgado de Madrid y ahora, según ha sabido elDiario.es, por la Audiencia Provincial.

Los jueces, en la sentencia a la que ha tenido acceso este periódico, no solo avalan que las palabras de Lozano estaban amparadas por la libertad de expresión: también que suponían una advertencia obvia y razonable sobre los precios que se ofertaban en este tipo de promociones. El letrado Cristóbal José Pedros Carretero ha sido quien ha defendido a AEAFA en este pleito.

“Se trata de una opinión libre”

Los jueces, que critican la forma “confusa y difícilmente abarcable” con la que el abogado ha presentado una “interminable cadena de escritos” a lo largo de la demanda, destacan que Lozano nunca aludió directamente a él: “En ningún momento se alude al demandante, sino que de forma genérica se está mencionando la existencia de furgonetas en las inmediaciones de los Juzgados de Familia”, dice la Audiencia.

Sus advertencias sobre este tipo de promociones fueron, concluyen los jueces, “una opinión libre manifestada por una profesional del sector”. Para esta sección civil de la Audiencia Provincial, que precisamente dedica buena parte de su tiempo a asuntos de familia como divorcios, “resulta una obviedad señalar que un proceso de divorcio puede terminar implicando desembolsos económicos muy superiores a los inicialmente previstos”.

Explican, por ejemplo, que más allá de un precio inicial cerrado tras aprobarse un convenio regulador pueden surgir numerosos gastos y derivadas procesales: “La ejecución, desacuerdos en el ejercicio de la patria potestad, o la modificación de medidas definitivas, entre muchos otros”.

La técnica “novedosa” que usó este abogado para promocionar sus servicios con furgonetas que publicitó en numerosos medios de comunicación, dicen los jueces, otorgó un interés público a la noticia que, recuerda la Audiencia, “no puede servir únicamente de instrumento para tener una mayor notoriedad, sino también para estar expuesto a críticas”.

En este caso, la opinión de la presidenta de AEAFA “debe ser considerada absolutamente veraz”, según los jueces. “No contenía inexactitud alguna o faltaba a la veracidad, pues, por un lado, es absolutamente cierto que se estaba ofertando un proceso de divorcio por esa suma, al tiempo que en algún caso, como se dijo, los costes finales podían ser finalmente muy superiores a esa cantidad”, zanja la sentencia, que condena en costas al letrado y que ha sido recurrida ante la sala primera del Tribunal Supremo.

En contacto con elDiario.es, el letrado Alberto García Cebrián afirma que su objetivo es “reducir y superar la tensión que existe con esta cuestión y esperar que sea resuelto por los Tribunales como proceda” al mismo tiempo que explica que se trata de una cuestión “innecesariamente denigrante” y recuerda la existencia de publicaciones por parte de AEAFA que considera un “ataque” a su “dignidad profesional”, como una en la que afirma que se compara sus 'divorcionetas' con un accidente de tráfico. Eso es, según su criterio, “dantesco” y un “ataque innecesario”. “El respeto debe de prevalecer entre compañeros precisamente por el bienestar de las familias. Publicar y mantener esta publicación sólo crea tensión en el sector”, lamenta. “Yo respeto y seguiré respetando profundamente el sistema de trabajo de los distintos profesionales con independencia de que los comparta, o no, pero los míos deben ser igualmente respetados en ejercicio del libre mercado y competencia”.