Aborto, vientres de alquiler, eutanasia o puertas giratorias: las propuestas que hacen chocar a PP y Ciudadanos

Socios necesarios y rivales electorales que pugnan por cada papeleta en la derecha del tablero. PP y Ciudadanos afrontan el ciclo electoral que lo decidirá todo en España a partir del próximo 28 de abril sumidos en una complicada relación. Tras la batalla de las generales, ambas fuerzas deberán llegar a acuerdos para expulsar a la izquierda de las instituciones, como ya hicieron en enero en Andalucía, donde gobiernan en coalición y gracias a los votos de la extrema derecha de Vox tras 36 años de hegemonía socialista.

Y al día siguiente de las generales empezará una nueva carrera hacia las autonómicas y municipales, que se celebrarán menos de un mes después y en las que se repetirá la ecuación en muchos territorios: la derecha, partida en tres, precisa ahora de pactos para poder gobernar.

A la hora de convencer a ese electorado que duda en el centro derecha, PP y Ciudadanos mantienen coincidencias en materia económica –ambos apuestan por un modelo liberal y de desregulación del Estado– y en la lucha contra el independentismo en Catalunya. Esos argumentos son las líneas maestras de la campaña de los dos partidos. Pero las formaciones de Pablo Casado y Albert Rivera chocan, en otras cuestiones de las que no acaparan los grandes titulares, como las regulaciones del aborto, los vientres de alquiler, la eutanasia o las puertas giratorias. Ahí, ambas fuerzas plantean puntos de vista y propuestas totalmente opuestas. 

Los derechos de las mujeres 

Desde la llegada de Casado a la presidencia de los populares, la dirección del PP ha reivindicado retrocesos en los derechos de las mujeres respecto a la interrupción voluntaria del embarazo.

El líder conservador, que en las últimas semanas ha pronunciado polémicas declaraciones como en las que aseguró que las embarazadas deben saber lo que “llevan dentro”, plantea volver a la ley de supuestos de 1985 y rechaza la normativa actual, de 2009, de plazos, utilizando argumentos que no se corresponden con la verdad. Entre ellos, que en España existe “barra libre” para abortar a partir de la semana 20 de gestación –cuando la legislación solo contempla la interrupción de forma libre hasta la semana 14–, o que la ley de 1985 fue una normativa de “consenso” si bien entonces esa ley fue rechazada por Alianza Popular, germen del actual PP.

Ciudadanos, en cambio, considera que no hay que tocar la ley vigente y que hablar de ello es mentar el “pasado”. “No me veréis hablando de Franco o del aborto, eso lo dejo para Casado y Sánchez. Yo quiero hablar de España”, ha llegado a asegurar Albert Rivera en las últimas semanas, desmarcándose de cualquier debate acerca de retroceder en los derechos de las mujeres sobre su maternidad.

De lo que sí se muestra dispuesto a debatir Ciudadanos es sobre los vientres de alquiler, cuya regulación ha sido enmarcada por la portavoz del partido y líder de la formación en Catalunya, Inés Arrimadas, dentro del “feminismo liberal” que dice defender la organización y que también incluye la legalización de la prostitución. En cuanto a la “gestación subrogada”, Ciudadanos urge a promulgar una ley en España que “garantice los derechos de todas las personas intervinientes en el proceso, y de forma muy especial de los menores nacidos mediante de esta técnica de reproducción asistida”. 

“Diferentes sensibilidades”

La propuesta pide regular una práctica “altruista”, por tanto, sin compensación económica explícita, aunque sí contempla pagos a la mujer gestante en concepto de gastos derivados de su embarazo y del parto. 

Dentro del PP existen “diferentes sensibilidades” respecto a la regulación de los vientres de alquiler –el vicesecretario de Organización, Javier Maroto, se ha mostrado dispuesto a debatir al respecto–, pero la posición oficial es contraria. Esta misma semana, la vicesecretaria general de Política Social del Partido Popular, Cuca Gamarra, señaló en una entrevista en la agencia Servimedia que “no hace falta regular más” sobre los vientres de alquiler en España, donde “no es legal”.

Gamarra se remitió a lo dicho con “contundencia” por la Comisión Nacional de Bioética: “No es legal en España”. No obstante, consideró que “todo niño” nacido a través de esta práctica “tiene derecho a estar inscrito” y que “los derechos de los menores están por encima de otras cuestiones”.

En cuanto a la prostitución, el PP no ha desgranado ninguna medida en su programa aunque sus principales dirigentes se han mostrado en contra de legalizarla por tratarse de un sistema de “explotación” de las mujeres y han planteado iniciativas contra la trata. 

El partido de Rivera cree, sin embargo, que es necesario regularla para proteger a las mujeres de la explotación y de las mafias. “Yo quiero que cada vez haya más libertad y se pueda trabajar más por el feminismo. Por ejemplo, en el tema de la gestación subrogada o en el tema de la prostitución, allí donde hay más libertad hay más feminismo, y allí donde hay más prohibiciones hay menos feminismo. Y eso lo vamos a seguir defendiendo”, manifestó, el pasado domingo, Inés Arrimadas, el día que acuñó ese término de “feminismo liberal” que sus portavoces han repetido en vísperas del 8-M.

La eutanasia, “innecesaria e injusta”

En materia de derechos y libertades, Ciudadanos ha recalcado en diferentes comparecencias públicas que no se opone a la eutanasia pese a que en un principio su apuesta se quedaba en una ley de muerte digna, aprobada por el Congreso de los Diputados en diciembre con el voto a favor de PP, PSOE, Unidos Podemos y parte del Grupo Mixto, con tres opciones: el rechazo de tratamiento, el testamento vital y el alivio del sufrimiento al final de la vida. 

El rechazo a una ley de eutanasia por parte del PP es, sin embargo, frontal. “Nos vamos a oponer a la ley de la eutanasia de Pedro Sánchez, por innecesaria e injusta”, aseguró el propio Casado ya en su discurso de proclamación como presidente de los populares, en julio, cuando el Gobierno socialista presentó esa normativa para su debate en el Congreso. 

En octubre, durante un desayuno informativo, el líder del PP llegó a señalar que el “problema” de la eutanasia “no existe en España” y lamentó que el PSOE sea “experto en sacar problemas que no existen, reabrir las heridas y dividir a los españoles”. “Soy un liberal y defiendo legislar lo menos posible” y “no intervenir la vida de la gente, la conciencia de la gente”, concluyó.

PP y Ciudadanos también chocan en cuanto a las medidas necesarias para luchar contra la corrupción. El partido de Rivera quiere que todos los cargos de organismos institucionales y públicos se despoliticen y se designen  por “concurso público, mérito y capacidad”, a lo que se oponen los populares.

Ciudadanos también pide una regulación de las “puertas giratorias” para evitar los conflictos de intereses, un asunto que afecta de lleno al PP, cuyos exdirigentes han hecho un uso permanente de esas puertas giratorias y logrado contratos millonarios con grandes empresas tras dejar sus cargos públicos.

De la administración, a las empresas

Un vivo ejemplo de esa práctica es el expresidente del Gobierno José María Aznar –mentor y referente de Casado– que tras su salida de la Moncloa fue fichado por la eléctrica Endesa, que fue privatizada durante su mandato. 

Casado ha llegado a asegurar que prohibir o regular las puertas giratorias “es malo para todos”. En una entrevista en 2017 el entonces vicesecretario de comunicación del PP aseguró que “el problema es que miles de periodistas, médicos, ingenieros y abogados no quieren venir a la política porque la puerta giratoria está mal vista para volver luego a su profesión”, por lo que defendió que altos cargos políticos sean después fichados por grandes empresas con las que han estado relacionados de forma directa durante su ejercicio público, como en el caso de Aznar. 

PP y Ciudadanos deberán dejar de lado todas estas diferencias si como pretende Pablo Casado en el nuevo ciclo electoral se consolidará el “bloque de centro derecha” que conforman ambas formaciones junto con Vox, para expulsar a PSOE, Unidos Podemos y las fuerzas nacionalistas de los distintos gobiernos, desde la Moncloa hasta las comunidades autónomas y los ayuntamientos.