El Juzgado de Instrucción número 1 de Nules ha decretado la apertura de juicio oral contra el expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra, acusado de dos delitos continuados de tráfico de influencias y cohecho, y otros cuatro contra la Hacienda Pública.
El auto, hecho público este viernes, llega un mes después de que el Tribunal Supremo diera vía al Juzgado para decretar la apertura de juicio “con absoluta libertad de criterio”, después de que la Audiencia de Castellón tratara de excluir el delito de cohecho del caso.
El Juzgado, que ha tenido nueve titulares en los últimos ocho años, dio por concluida a principios de 2012 la instrucción de esta investigación, abierta en diciembre de 2003 tras dos querellas presentadas contra el también expresidente provincial del PP de Castellón por el empresario Vicente Vilar, titular de Naranjax, una mercantil de productos fitosanitarios.
La fiscalía Anticorrupción pidió 15 años de prisión para Carlos Fabra, además de exigir un pago que supera los tres millones de euros (600.000 de multa por el delito de cohecho continuado, la devolución de 886.000 supuestamente defraudados a Hacienda y 1,7 millones por los delitos fiscales que pudo cometer entre 1999 y 2003).
En el denominado “caso Fabra” se investigó al expresidente provincial del PP de Castellón Carlos Fabra por delitos de cohecho, tráfico de influencias y contra la hacienda pública.
El Juzgado número 1 de Nules, que ha tenido nueve titulares en los últimos ocho años, dio por concluida a principios de 2012 la instrucción de esta investigación, abierta en diciembre de 2003 tras dos querellas presentadas contra Fabra por el empresario Vicente Vilar, titular de Naranjax, una mercantil de productos fitosanitarios. Naranjax tenía pendientes de aprobación varios productos por parte de los Ministerios de Agricultura y de Sanidad, y Vilar trató de contactar con Fabra a través de sus respectivas esposas, Monserrat Vives y Amparo Fernández, que eran amigas.
Según la resolución judicial, existen indicios de que Fabra medió con las autoridades y funcionarios públicos para agilizar la tramitación y obtención de las autorizaciones haciendo valer su condición de presidente de la Diputación.
La denuncia que originó estas diligencias fue presentada en diciembre de 2003 por Vilar y, a raíz de la misma, Hacienda denunció a Fabra por supuestas irregularidades en la declaración de la renta de 1999, tras lo cual el juez ordenó investigar sus cuentas desde ese año hasta 2004.
Fabra y su mujer, durante los ejercicios fiscales entre 1999 y 2004, obtuvieron ingresos que ocultaron a la Hacienda Pública y que no se correspondían con el patrimonio ni con la renta por ellos declarados, según apuntan las investigaciones judiciales.
Estas investigaciones señalan además que las cantidades supuestamente defraudadas en ese periodo suman más de 880.000 euros por parte del expresidente y más de 580.000 por parte de su esposa.