Más de dos meses después de las elecciones generales del 28A, Pedro Sánchez pisa el acelerador de cara a su investidura: designa un equipo negociador y aprueba un documento “base” para abordar el programa del Gobierno de cooperación que ofrece a Pablo Iglesias. La “propuesta concreta” es una “síntesis” del programa electoral, según ha reconocido la presidenta del partido, Cristina Narbona, en su presentación. Los socialistas insisten en que quieren un Consejo de Ministros compuesto exclusivamente por el PSOE e independientes de “reconocido prestigio” que podrá sugerir Unidas Podemos.
El documento se articula en torno a cinco bloques programáticos: empleo y pensiones; feminismo y lucha contra la desigualdad social; emergencia climática y transición ecológica; avance tecnológico y transición digital; y España en Europa. El PSOE invita a Unidas Podemos a hacer aportaciones a esa propuesta una vez comience la negociación, que pilotará la vicesecretaria general, Adriana Lastra; acompañada de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero; la responsable de Educación de la Ejecutiva, Mari Luz Seijo; y Paco Salazar, responsable de Acción Electoral.
“Cuando el presidente se presente al hemiciclo, de lo que se va a hablar es de políticas, de propuestas, lo primero sobre lo que hay que ver hasta dónde existe o no aproximación –ha expresado Narbona–. A nuestro juicio el primer paso”. La presidenta del PSOE ha dejado claro que la intención de Sánchez es un Gobierno “monocolor”. Así, la entrada de Unidas Podemos en escalones secundarios de las instituciones se abordaría más adelante, según avance el acuerdo programático. De hecho, en el documento ni siquiera se plantea la parte institucional del acuerdo.
“El orden lógico y el que cualquier persona puede entender es fijar el perímetro sobre el que hay acuerdo”, ha explicado Narbona sobre el documento, aprobado este lunes por el PSOE y que aún no han hecho llegar a su “socio preferente”. La presidenta del partido ha señalado que conforme se vaya avanzando en la “mesa” de negociación que propone Sánchez “podría concretarse más”: “Un documento como este sirva para aproximación con Unidas Podemos”. Las medidas, no obstante, menos ambiciosas que las del acuerdo presupuestario que era la base de la que hasta ahora partía el PSOE.
Narbona ha justificado que hayan pasado más de dos meses de las elecciones hasta que han presentado la oferta programática culpando a Iglesias: “Hasta ahora el líder de Unidas Podemos se ha negado a hablar de acuerdo programático. No digo nada que no haya dicho Pablo Iglesias en público, cosa que nos ha sorprendido, pero que tiene un límite”. “Damos el paso de hacer visible lo que queremos que sea objeto de diálogo”, ha sentenciado.
Catalunya, principal escollo, fuera del documento
Narbona ha insistido en que la crisis de Catalunya es el principal escollo para aceptar a Pablo Iglesias en el Consejo de Ministros. Ahora bien, en la propuesta programática no se menciona más allá de una alusión genérica al “impulso del autogobierno, compatible con la igualdad y la solidaridad en el marco de la Constitución y los Estatutos de autonomía. Una España autonómica en una Europa federal”.
“El planteamiento que hacemos respecto de la cuestión catalana es el mismo que hemos defendido hasta ahora, que haya diálogo con los partidos independentistas, pero que se lleve a cabo en el marco de la legalidad y la Constitución. De ahí no nos vamos a mover”, ha dicho Narbona, que ha evitado pronunciarse sobre las garantías que Iglesias se compromete a darle a Sánchez en el conflicto territorial y lo ha dejado en manos de la conversación del presidente en funciones y su “socio preferente”. Ahora bien, ha recordado las “discrepancias”, como el voto de Unidas Podemos en contra de la suspensión de los diputados presos independentistas en la Mesa del Congreso.
Los socialistas sí incluyen algunas medidas en materia laboral, económica y social que sí figuran en su programa electoral, como iniciar de forma “inmediata” el “diálogo con los agentes sociales para la elaboración de un nuevo Estatuto de los Trabajadores”. “En el marco de dicho diálogo con los agentes sociales, el Gobierno analizará la conveniencia de aprobar, con carácter de urgencia, las modificaciones de los aspectos más lesivos del al reforma laboral de 2012”, dice el texto. Acabar con esas cuestiones se atragantó en la pasada legislatura, al igual que la reforma del sistema de pensiones, que los socialistas prometen blindar en la Constitución.
A pesar de la paralización del proceso de exhumación de Franco por parte del Tribunal Supremo, el PSOE insiste en llevarlo a cabo en el documento que ofrece a Unidas Podemos así como “resignificar” el Valle de los Caídos.
Los socialistas también incluyen otras medidas que creen que pueden acercarle a Unidas Podemos, como la implantación por ley un impuesto a las tasas financieras (la conocida como tasa Tobin) así como “promover la creación de la denominada ”tasa Google“ en el ámbito europeo. En materia fiscal, además de la fiscalidad ”rosa“ con la bajada de las tasas a los impuestos de higiene femenina, el PSOE plantea reformar el Impuesto sobre Sociedades, garantizando una tributación mínima de las grandes corporaciones, y bajando del 25% al 23% el impuesto para las pymes así como promover la lucha contra el fraude. Narbona ha defendido que la propuesta persigue ”una mayor justicia fiscal para mayor justicia social“.
Fuentes socialistas aseguran que se han “reforzado” algunos de los aspectos con los que más coincidencias pueden tener con Unidas Podemos, como en temas de vivienda. “El Gobierno socialista ha aplicado medidas urgentes para atender la emergencia social en esta materia, como primer paso para facilitar el acceso a la vivienda, dando mayor seguridad al inquilino, incentivando la vivienda en alquiler y creando un índice estatal de referencia del precio del alquiler de vivienda”, dice el documento en referencia al decreto que salió adelante en el Congreso en una segunda votación, ya que en la primera Unidas Podemos votó en contra porque lo consideraba insuficiente.
El texto apuesta por aumentar “progresivamente el presupuesto” para vivienda sin concretar, así como la aprobación de una Ley estatal de vivienda y la promoción de un parque de alquiler público o destinar 400 millones de euros a la rehabilitación.