“No me creo que el error fuese solo del maquinista, que no me cuenten historias”. Así de tajante se ha mostrado la diputada del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid María Teresa Gómez-Limón, que viajaba en el Alvia que se accidentó en la curva de Angrois, en Santiago, y que, en una entrevista concedida a El Diario de Ferrol, ha cargado contra los presidentes de Renfe y Adif, el exministro José Blanco y la actual titular de Fomento Ana Pastor.
Gómez-Limón, que se fracturó un pie, el esternón y la segunda vértebra cervical, denunció que considera ilógico que un tren de alta velocidad vaya al mando de un solo maquinista: “¿Y si tiene un ictus o un ataque de locura, qué pasaría entonces?”. “Aquel horror no se me va de la cabeza; estoy muy decaída y cuando me animo un poco me siento muy indignada”, aseguró la diputada al diario gallego.
El motivo de su indigación responde a que, a su juicio, ese tramo se puso en marcha sin las medidas de seguridad oportunas. “Al cabo de tres días ponen el sistema que tendrían que haber puesto antes”, acusó Gómez-Limón a los presidentes de Renfe y Adif “que ganan sueldazos por tener grandes responsabilidades, que después no se les exigen”: “Me parecen unos terroristas”, apuntilló quien sustituyó a Esperanza Aguirre en la Asamblea de Madrid.
Tampoco se libraron los sucesivos ministros de Fomentos de las palabras de la diputada madrileña. Ni José Blanco, de quien dijo que “se apresuró a cortar la cinta antes de las elecciones” ni Ana Pastor, “que no se preocupó de ver si la alta velocidad estaba preparada”. Por eso, Gómez-Limón esta dispuesta a personarse como acusación particular por la vía civil y penal.
En declaraciones al mismo medio, su hijo, Víctor Taibo, criticó el desconcierto tras el accidente ya que, aunque su madre pudo ponerse en contacto con ellos momentos después del siniestro, tuvieron que “buscarla por los hospitales” ante el “total abandono por parte de las administraciones y de Renfe”.
Además, Taibo denunció que el teléfono para localizar a las víctimas que se anunció el mismo día del accidente comunicaba todo el tiempo, que la oficina para víctimas en el Juzgado número 3 de Santiago “era un proyecto” y que la oficina de atención para los afectados en Madrid, situada en los servicios centrales de Renfe en Atocha, es un local con dos ordenadores, lo que coloca a las víctimas en una situación de desamparo.