Las negociaciones para que las comunidades autónomas acojan a los miles de menores migrantes que desbordan los centros canarios han llevado al límite la estabilidad de los gobiernos de coalición que mantienen PP y Vox en cinco regiones. Alberto Núñez Feijóo recuperó este lunes en Barcelona su oferta de “solidaridad” interterritorial, y no mencionó a la Armada, minutos después de que Santiago Abascal oficializara en primera persona su amenaza de ruptura si se confirma que las regiones que cogobierna entran en el reparto que se debería pactar este miércoles. Un compromiso que en el PP no temen que se cumpla.
“Abandonaremos esos gobiernos inmediatamente. No seremos cómplices ni de los robos, ni de los machetazos ni de las violaciones”, dijo Abascal este lunes para rechazar que las comunidades donde cogobierna Vox acojan a esos menores que han llegado solos a las costas españolas. “Vox no va a ser cómplice de una política migratoria que conduce a la inmigración masiva e ilegal y que condena a nuestro pueblo a la inseguridad”, añadió.
Repreguntado por los periodistas de los medios que Vox permite acceder a sus ruedas de prensa, y entre los que no está elDiario.es, Abascal insistió: “Se considerarán rotos todos los gobiernos regionales que no utilicen todos los medios políticos y legales para evitar la distribución de menas”.
La amenaza del máximo dirigente de Vox recibió la respuesta directa de su homólogo del PP. Feijóo recuperó en Barcelona el discurso de la “solidaridad” que abonó a principios de la semana pasada para, después, endurecer su posición hasta copiar a la extrema derecha y pedir al Gobierno el despliegue de barcos militares para evitar la llegada de cayucos a Canarias.
“Las comunidades autónomas pondrán a disposición del Gobierno central y del de Canarias su capacidad para atender a los menores”, dijo, tras lamentar que el Ejecutivo “no habla” ni se “reúne” con las comunidades autónomas, aunque este mismo miércoles se reunirá la conferencia sectorial de Infancia en Canarias para abordar el reparto de los miles de menores acogidos en las islas.
Un reparto que, según la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, las autonomías del PP no cumplen pese a haberlo acordado. El presidente de Canarias, donde cogobierna el PP, ha pedido que el reparto sea “obligatorio”.
No es la primera vez que Vox amenaza con romper sus gobiernos autonómicos con el PP, pero a diferencia de ocasiones anteriores sí parece que esta vez puede ir en serio. La xenofobia es uno de los grandes pilares sociales y electorales de la extrema derecha. Hasta ahora, los de Abascal podían mantener un discurso duro y, a la vez, cogobernar con el PP. Pero la irrupción de Alvise Pérez en las últimas europeas le supone una competencia inexistente hasta ahora.
La última de estas advertencias tuvo que ver con impedir en el Senado la tramitación de la ley de amnistía, algo con lo que coqueteó el PP pero que, finalmente, no hizo. Vox se envainó la advertencia.
El PP no se ha amilanado ahora ante la amenaza de Vox, como tampoco lo hizo en anteriores ocasiones. “No vamos a adecuar nuestros principios a la amenazas de nadie”, aseguran fuentes de la dirección consultadas por elDiario.es, que ratifican: “Donde haya capacidad para ayudar ayudaremos”.
En Génova prefieren “no valorar hipótesis”, como califican a las amenazas de Abascal y marcan distancia con el socio de gobierno: “Tomaremos nuestras decisiones por una cuestión de convicción y de solidaridad. La acogida depende de la capacidad de autonomías, no de las amenazas de nadie”.
De hecho, en el PP recuerdan que “no sería la primera vez que Abascal dice una cosa y hace la contraria”. Una frase desafiante que entronca con otras pronunciadas en un pasado reciente por dirigentes del PP que han ironizado con la valentía de Vox para romper con ellos.
En privado no son pocos los que confían en que, por una vez, Abascal cumpla su amenaza, lo que les permitiría desembarazarse del lastre de la extrema derecha cuando afrontan determinados discursos contra el Gobierno de coalición, o que le impide recuperar el terreno electoral perdido entre los jóvenes y las mujeres, especialmente.
Riesgo limitado de perder los gobiernos
En público, el líder del PP ha defendido los gobiernos regionales con Vox como ejemplos de “estabilidad y moderación”, pero la hipotética salida de la extrema derecha no implicaría que el PP fuera a perder los ejecutivos autonómicos de Aragón, Castilla y León, Comunitat Valenciana, Extremadura y Murcia.
Para tumbar a esos gobiernos, los de Abascal tendrían que apoyar una moción de censura de fuerzas de izquierdas, algo que parece improbable. Pero si Vox se descuelga, el PP coparía decenas de cargos que hoy tiene que compartir con la extrema derecha, con el consiguiente dolor de cabeza para Feijóo, sus portavoces y los presidentes que cohabitan con ellos.
Aunque el PP asentó su asalto al poder autonómico y municipal en mayo de 2023 en una amplia alianza con la extrema derecha en cientos de gobiernos regionales y locales, Feijóo se quedó a las puertas de la Moncloa tras vencer por la mínima en las elecciones generales de julio. Aquellos comicios estuvieron marcados por las negociaciones y acuerdos para esos gobiernos, con las “líneas rojas” que no se cumplieron y la imposición a la entonces candidata extremeña, María Guardiola, de un pacto que ella misma negó hasta poner por delante su continuidad en la política.
En Vox denuncian el “doble discurso” de Feijóo por manifestarse contra el mismo Gobierno con el que luego se reparte comisiones parlamentarias o el Consejo General del Poder Judicial. En el caso de la política migratoria, desde la extrema derecha recuerdan que el discurso duro del PP se produce a la vez que se vota a favor de tramitar una iniciativa legislativa popular para legalizar a decenas de miles de personas en situación irregular. O votar contra una iniciativa parlamentaria que “exigía la presencia de la Armada para frenar la inmigración ilegal” para poco después hacer suya esa misma exigencia. O el acuerdo entre socialdemócratas, liberales y conservadores para el reparto de poder en la UE.
La de este lunes es una amenaza más de Abascal, que también exigió al líder del PP que rompiera las negociaciones y pactos con el presidente del Gobierno para el CGPJ, el más reciente, o para RTVE, el Tribunal Constitucional, el de Cuentas, el Banco de España, la CNMV o la CNMC.